Phoenix 24
El sumario ya no mira solo al desastre natural, sino a la cadena de decisiones que lo rodearon.
Valencia, diciembre de 2025
La investigación judicial abierta por la devastadora DANA que golpeó la Comunidad Valenciana a finales de octubre de 2024 ha cruzado una frontera simbólica. La jueza instructora ha citado como testigo al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una causa que inicialmente parecía circunscrita a la gestión autonómica de la emergencia y que ahora se expande hacia el terreno de la interlocución política nacional. La decisión introduce una nueva variable en un proceso marcado por el dolor de las víctimas y por un debate público que, más de un año después, sigue sin cerrarse.
El foco de la citación no es ideológico ni partidista, al menos en términos formales. La magistrada busca esclarecer el contenido y el alcance de las comunicaciones mantenidas entre Feijóo y el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, durante las horas críticas del 29 de octubre. En particular, se intenta reconstruir qué información circuló, por qué canales y con qué grado de precisión en un momento en el que las lluvias torrenciales ya habían desbordado infraestructuras, colapsado municipios enteros y provocado una de las mayores tragedias climáticas recientes en España.
La iniciativa parte de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29 O, que actúa como acusación particular. El colectivo sostiene que las declaraciones públicas realizadas por Feijóo en aquellos días, en las que afirmó estar recibiendo información directa y continua desde Valencia, deben ser contrastadas con los registros objetivos de comunicaciones y con los tiempos reales de la toma de decisiones. Para las familias, no se trata de un gesto político, sino de una pieza necesaria para entender si hubo retrasos, silencios o desajustes entre la gravedad de la situación y la respuesta institucional.
Desde el punto de vista judicial, la citación como testigo no implica imputación ni señalamiento penal. Sin embargo, introduce en el procedimiento un elemento delicado: la posible influencia de la comunicación política en la gestión de una emergencia extrema. La causa ya examina si los protocolos de protección civil se activaron con la celeridad adecuada y si la información disponible fue interpretada y transmitida de forma eficaz entre los distintos niveles de gobierno. En ese contexto, el testimonio de un actor externo a la estructura autonómica, pero conectado por vía política directa, adquiere relevancia probatoria.
El caso se inserta además en un marco más amplio sobre gobernanza de riesgos y desastres. Organismos como la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres han advertido de forma reiterada que los fallos más graves en catástrofes climáticas no suelen derivarse solo del fenómeno natural, sino de interrupciones en la cadena de mando, comunicación fragmentada y decisiones condicionadas por cálculos ajenos a la gestión técnica de la crisis. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha señalado que, en sistemas descentralizados, la coordinación vertical es uno de los puntos más vulnerables cuando se producen eventos extremos.
En el ámbito europeo, la Comisión Europea ha subrayado en informes recientes que las catástrofes vinculadas al cambio climático exigen no solo infraestructuras resilientes, sino también marcos de responsabilidad claros y trazables. Esa lógica es la que ahora parece trasladarse al juzgado valenciano, donde cada llamada, mensaje o declaración pública se analiza como un eslabón potencialmente relevante para entender el conjunto.
Feijóo, por su parte, ha defendido que su actuación se limitó a interesarse por la situación y a trasladar públicamente la información que, según afirmó, le proporcionaba el presidente autonómico. Ha insistido en que su papel no fue operativo ni decisorio, sino político y comunicativo. No obstante, el procedimiento judicial no evalúa intenciones, sino hechos verificables. Qué se dijo, cuándo se dijo y con qué consecuencias es lo que ahora se intenta fijar en el expediente.
La citación se produce en un momento en el que la percepción social sobre la gestión de la DANA sigue siendo una herida abierta. Estudios de la Organización Mundial de la Salud sobre impacto psicosocial de desastres señalan que la falta de respuestas claras y de rendición de cuentas prolonga el trauma colectivo y erosiona la confianza en las instituciones. En ese sentido, la ampliación de las diligencias puede interpretarse como un intento de ofrecer una reconstrucción completa, aunque políticamente incómoda.
A medida que el proceso avanza, la causa deja de ser solo un análisis técnico de protocolos fallidos para convertirse en un espejo de cómo se ejerce el poder en situaciones límite. La declaración de Feijóo no cerrará el debate, pero sí añade una capa de complejidad que obliga a mirar más allá de la lluvia y el barro. La DANA fue un fenómeno meteorológico extremo, pero el juicio que ahora se construye gira en torno a algo más difícil de medir: la responsabilidad compartida cuando la información, la política y la urgencia colisionan.
La narrativa también es poder. / Narrative is power too.