Bruselas, Bélgica – julio de 2025
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha decidido posponer la presentación para ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur —bloque compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— pese a que el texto ya se encuentra completo, traducido y técnicamente listo desde diciembre de 2024. Esta decisión responde a un cúmulo de presiones políticas internas, exigencias ambientales y consideraciones estratégicas ante negociaciones paralelas con Estados Unidos.
El acuerdo, redactado en sus 24 versiones lingüísticas oficiales y respaldado jurídicamente por el servicio legal de la Comisión, estaba preparado para avanzar al Consejo y al Parlamento Europeo. Sin embargo, la presidenta optó por frenar el trámite hasta nuevo aviso, evitando así un choque político con varios gobiernos nacionales escépticos y preservando margen de maniobra antes de una cumbre clave con Francia.
Francia lidera una coalición de países preocupados por el impacto del tratado en los sectores agrícolas europeos, en particular sobre los mercados de carne, lácteos y granos. A esta postura se han sumado Polonia, Austria, los Países Bajos e Italia. El gobierno francés ha insistido en la inclusión de cláusulas de salvaguardia automáticas y mecanismos de respuesta en caso de distorsiones de mercado, como condición para permitir el avance del tratado.
A pesar de que Bruselas ha manifestado que no contempla reabrir el texto negociado, fuentes internas reconocen el riesgo de una “minoría de bloqueo”, que bastaría para detener políticamente el acuerdo aun sin reescribirlo. El reglamento actual establece que cuatro países que representen al menos el 35 % de la población europea pueden paralizar su adopción.
Desde el Mercosur, la postergación ha sido recibida con inquietud y malestar. Varios mandatarios sudamericanos han criticado la falta de claridad en los compromisos europeos, señalando que el bloque latinoamericano cumplió con ajustes sanitarios, ambientales y comerciales exigidos durante las negociaciones, mientras que la UE parece replegarse ante sus propias divisiones internas.
En Brasil, el entusiasmo inicial ha disminuido frente a un escenario donde Europa ha perdido peso como destino de exportaciones agroindustriales. La estrategia brasileña se ha redireccionado en los últimos años hacia mercados asiáticos, particularmente China, lo que resta urgencia al tratado desde el punto de vista económico. Aun así, Brasil considera el acuerdo un paso simbólico en su aspiración de reposicionamiento global.
El tratado también ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones ambientales y movimientos sociales, que advierten sobre el posible impacto de una liberalización comercial sin mecanismos de control estrictos. La expansión de la frontera agrícola, en especial en zonas sensibles como la Amazonía y el Cerrado, podría intensificarse si no se implementan salvaguardas climáticas vinculantes.
Por otro lado, sectores industriales europeos y latinoamericanos han reiterado su respaldo al acuerdo como herramienta estratégica para consolidar una relación transatlántica más autónoma, en un contexto global marcado por tensiones con China y redefiniciones en la relación con Estados Unidos. Para estos actores, el tratado representa una oportunidad histórica para crear una plataforma común de normas técnicas, estándares ambientales y cooperación digital.
El aplazamiento por parte de Von der Leyen puede interpretarse como una jugada táctica para preservar cohesión dentro del bloque europeo antes de la votación formal. Sin embargo, también pone en entredicho la capacidad de la UE para actuar como un actor comercial coherente, en momentos en que otros bloques económicos, como el RCEP en Asia o el CPTPP en el Pacífico, avanzan con mayor agilidad.
La próxima oportunidad de avanzar con el acuerdo será cuando la Comisión decida elevarlo formalmente al Consejo Europeo. La decisión dependerá del equilibrio de fuerzas entre los Estados miembros, la evolución de las negociaciones paralelas con Estados Unidos, y la capacidad de la UE para integrar sus compromisos climáticos sin sacrificar su posición comercial estratégica.
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