Phoenix 24
En la ya fragmentada realidad del enclave palestino, una nueva milicia ha comenzado a alterar el equilibrio interno de poder. Se trata de las autodenominadas Fuerzas Populares, también conocidas como el Servicio Antiterrorista, un grupo paramilitar que opera principalmente en Rafah, al sur de la Franja de Gaza, y que ha sido señalada como una organización armada no alineada con Hamás. Según reportes verificados por fuentes diplomáticas regionales, su estructura ronda los 300 combatientes, liderados por Yasser Abu Shabab, un exconvicto con antecedentes por tráfico de drogas, saqueos y presuntos vínculos con redes radicalizadas en el Sinaí.
Lo que ha generado mayor controversia no es solo su aparición, sino el respaldo que este grupo habría recibido, de forma directa o indirecta, por parte del gobierno israelí. Esta revelación ha sido confirmada por distintas fuentes de defensa occidental y medios israelíes, y fue parcialmente admitida por el primer ministro Benjamín Netanyahu en junio, quien justificó la medida como un “mecanismo para reducir las bajas israelíes y restar poder operativo a Hamás sin recurrir a ocupaciones extensivas”.
El surgimiento de esta fuerza marca un giro estratégico: Israel estaría implementando una política de fragmentación interna en Gaza, similar a la aplicada en el Líbano en los años ochenta, utilizando milicias locales como fuerzas proxy para debilitar al poder dominante. La apuesta por Abu Shabab y su red —alejada tanto de Hamás como de la Autoridad Nacional Palestina— apunta a configurar un “modelo alternativo de gobernanza de seguridad” que sirva a intereses militares y políticos israelíes sin comprometer formalmente la ocupación.
No obstante, el experimento está plagado de riesgos. Hamás ha calificado a las Fuerzas Populares como un “grupo de colaboracionistas” que actúa como fuerza de ocupación encubierta. En respuesta, ha desplegado unidades especiales, incluida la temida Arrow Unit, para capturar, interrogar y ejecutar a simpatizantes del grupo. Los enfrentamientos entre ambas facciones han dejado decenas de muertos y han sembrado el terror entre la población civil, especialmente en zonas ya devastadas por los bombardeos.
Desde el punto de vista humanitario, la situación es aún más preocupante. Organismos de la ONU y grupos independientes como Médecins Sans Frontières han denunciado saqueos sistemáticos de ayuda humanitaria por parte de esta nueva milicia, así como ataques a convoyes médicos y obstrucción al reparto de víveres. Aunque Abu Shabab se presenta como protector de corredores humanitarios, múltiples testimonios recabados por observadores internacionales apuntan a extorsiones, expropiación de suministros y control violento de barrios enteros.
Para analistas como Hasan Abu Hanieh, politólogo jordano especializado en islamismo y seguridad regional, el fenómeno es revelador: “Lo que está ocurriendo en Gaza es una externalización del control. Israel ya no necesita estar físicamente presente si puede crear actores locales que reproduzcan su lógica de seguridad. El problema es que estos actores no tienen legitimidad, y su violencia puede desencadenar un nuevo ciclo de caos estructural”.
En ese sentido, el Soufan Center ha advertido en su informe de julio que el 80% del territorio de Gaza está actualmente fuera del control efectivo de cualquier institución gubernamental reconocida. Lo que reina es una arquitectura informal de poder: milicias, clanes tribales, redes criminales, actores internacionales y fuerzas irregulares compiten por la hegemonía sobre territorios, túneles, puntos de acceso a ayuda y rutas de contrabando. En este entorno, la inserción de una nueva fuerza armada —sin legitimidad institucional ni consenso ciudadano— puede convertirse en un factor adicional de desestabilización.
Desde Jerusalén, funcionarios de seguridad afirman que el respaldo a Abu Shabab es “táctico y limitado”, y que responde a la necesidad de tener “interlocutores confiables” sobre el terreno, ante la incapacidad de Hamás de garantizar seguridad para los civiles o permitir corredores humanitarios seguros. Sin embargo, críticos dentro del propio estamento militar israelí han advertido que esta estrategia puede volverse en contra, especialmente si estas milicias comienzan a operar por cuenta propia, al margen de las directrices del Estado israelí.
El fenómeno también complica cualquier intento futuro de reconstrucción o transición política. La Autoridad Nacional Palestina ha sido completamente marginada del proceso, y las potencias regionales como Egipto y Catar observan con inquietud la multiplicación de actores armados fuera de control. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos declaró recientemente que “la creación de estructuras de poder paralelas sin supervisión internacional compromete gravemente cualquier hoja de ruta hacia la estabilidad en Gaza”.
Al final, lo que está en juego no es solo el control de un territorio en ruinas, sino la configuración del orden post-Hamás. Si las Fuerzas Populares se consolidan como un poder fáctico —apoyado por una potencia ocupante y rechazado por la población local—, el resultado podría no ser la paz, sino la sustitución de una forma de coerción por otra aún menos legítima. Gaza se convierte así en un laboratorio geopolítico peligroso, donde la ingeniería del conflicto amenaza con reemplazar las soluciones diplomáticas por arquitecturas informales de poder, volátiles e imposibles de gobernar.
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