Mario López Ayala, PhD
Introducción
En la mitología griega, Themis es la diosa que encarna la justicia divina, el orden y la ley. Con una balanza en una mano —símbolo de la equidad— y los ojos vendados —emblema de imparcialidad—, representaba un ideal de justicia ciega a prejuicios, pero no a la verdad. Los romanos la adoptaron bajo el nombre de Justitia, y con ella heredamos un principio universal: la justicia no debe servir al poder, sino equilibrarlo.
Hoy, en México, esos ideales milenarios parecen tambalear. En nombre de la democracia, se impulsa una reforma judicial que podría socavar la esencia misma que Themis e Iustitia representan: la independencia, la objetividad y el equilibrio. La propuesta de elegir jueces, magistrados y ministros por voto popular no solo vulnera el principio del Estado de Derecho, sino que abre la puerta a una justicia a modo, seducida por la popularidad y vulnerada por el crimen organizado.
Todo México está a punto de decidir algo que ni siquiera comprende del todo. En un país donde el 65% de la población no puede nombrar a un solo ministro de la Suprema Corte (UNAM, 2025), y donde la desconfianza en las instituciones es crónica, ¿qué puede salir mal si entregamos las llaves de la justicia a una boleta electoral? En medio del aplauso populista, la realidad se impone: el narcotráfico, la ignorancia jurídica generalizada y la politización rampante están afilando sus cuchillos. Y el sistema judicial, otrora uno de los últimos bastiones del equilibrio republicano, tiembla.
I. Una Constitución asediada por la política
Desde su promulgación en 1917, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sufrido más de 800 reformas. Lejos de ser una carta magna consolidada, se ha convertido en un documento reactivo a los intereses del poder en turno (Cossío Díaz, 2021). Las más recientes —impulsadas por Andrés Manuel López Obrador y respaldadas por la presidenta Claudia Sheinbaum— establecen que el pueblo elija directamente a los miembros del Poder Judicial.
Pero esta transformación no parte de la modernización, sino del control. Se desmantela la estructura meritocrática en favor de una justicia electa en medio del desconocimiento popular, el marketing político y la manipulación mediática.
II. El voto popular de jueces: ¿una democracia judicial?
La lógica de esta reforma parece sencilla: si el pueblo elige a sus representantes, ¿por qué no también a sus jueces? El problema radica en la naturaleza técnica y constitucional del cargo. Un juez no representa intereses populares, sino que debe aplicar la ley con imparcialidad, aun contra la corriente de la opinión pública.
Un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM reveló que sólo el 4% de la ciudadanía puede identificar a un ministro actual de la Suprema Corte (UNAM, 2025). Y con más de 3,000 candidatos en las boletas, la posibilidad de un voto informado es prácticamente nula. Esta no es una democratización de la justicia; es su banalización.
III. Narcotráfico y justicia: la grieta de la infiltración
Aquí se abre el capítulo más peligroso: la entrada del narcotráfico al poder judicial mediante las urnas. Si el narco ya financia campañas de presidentes municipales, diputados y gobernadores, ¿alguien duda que invertirá en tener jueces a su servicio? (U.S. Department of State, 2023).
En regiones como Sinaloa, Michoacán o Guerrero, el crimen organizado ha perfeccionado sus mecanismos de coacción electoral. Comprar votos, intimidar a comunidades enteras o financiar candidatos afines es pan de cada día. Si un juez es electo con el respaldo de cárteles locales, no impartirá justicia: protegerá intereses criminales disfrazados de legalidad.
Además, la figura de los “jueces sin rostro”, introducida como mecanismo de protección, podría ser la coartada perfecta para la opacidad total. ¿Cómo pedir cuentas a un juez que nadie conoce, cuyo historial es secreto y cuya legitimidad emana de una estructura contaminada?
IV. Comparación internacional: lecciones desde el norte y el Atlántico
Estados Unidos
En EE.UU., varios jueces estatales son elegidos, pero los federales —incluidos los de la Corte Suprema— son nombrados por el presidente y ratificados por el Senado, tras intensos escrutinios públicos (Epstein & Segal, 2005). Aun en el sistema más polarizado del mundo occidental, hay filtros institucionales que México está obviando.
Canadá
En Canadá, no existe elección judicial. Todos los jueces son designados por el Primer Ministro, tras evaluación de un comité independiente que analiza méritos, trayectoria y ética profesional (Russell, 2012). Para los canadienses, elegir jueces por voto directo sería inconcebible: la justicia se construye con capacidad, no con popularidad.
Unión Europea
Los sistemas judiciales europeos —desde Alemania hasta Francia— siguen modelos colegiados: los parlamentos, consejos judiciales o cortes constitucionales eligen a los jueces mediante criterios de carrera, reputación y especialización (European Commission, 2024). El modelo mexicano, en contraste, parece guiado por una obsesión populista más que por una preocupación institucional.
V. Epílogo: entre el populismo y la legalidad
Elegir jueces como si fueran alcaldes puede ser un gesto mediático, pero también un acto de sabotaje institucional. En nombre de una supuesta democratización, se está gestando una tormenta perfecta: jueces electos sin experiencia, bajo influencia de poderes fácticos, legitimados por el voto popular pero subordinados al crimen y a la ignorancia.
Lo que está en juego no es solo un sistema judicial. Es la última línea de defensa de la legalidad frente al autoritarismo y la impunidad. Si la toga se convierte en bandera electoral, el veredicto no lo dictará la ley, sino el aplauso… o la amenaza.
Y entonces, el país habrá cruzado un umbral del que no se vuelve.
Referencias
- Cossío Díaz, J. R. (2021). La Constitución Mexicana: Historia, estructura y reformas. México: Fondo de Cultura Económica.
- Epstein, L., & Segal, J. A. (2005). Advice and Consent: The Politics of Judicial Appointments. Oxford University Press.
- European Commission. (2024). EU Justice Scoreboard 2024. Recuperado de: https://commission.europa.eu
- Russell, P. H. (2012). The Judiciary in Canada: The Third Branch of Government. McGill-Queen’s University Press.
- UNAM. (2025). Percepciones ciudadanas sobre la elección judicial en México. Instituto de Investigaciones Jurídicas.
- U.S. Department of State. (2023). International Narcotics Control Strategy Report. https://www.state.gov