Phoenix 24
La confrontación política venezolana entra en una nueva fase: ya no se trata solo de disidencia, sino de existencia jurídica.
Madrid, octubre de 2025.
El exiliado opositor Leopoldo López denunció que el gobierno de Nicolás Maduro busca retirarle la nacionalidad venezolana como represalia por sus declaraciones recientes sobre la crisis política del país. Desde su residencia en España, el líder de Voluntad Popular aseguró que se trata de un intento de anularlo no solo como figura política, sino como ciudadano. La advertencia llega en un momento de creciente tensión entre Caracas y la diáspora que ha alimentado la resistencia internacional contra el régimen.
En una conferencia transmitida desde Madrid, López afirmó que el aparato chavista lo acusa de “traición a la patria” por expresar lo que, según sus palabras, “piensan millones de venezolanos que hoy viven bajo censura”. La medida, explicó, se prepara a través de un decreto del Ministerio del Interior que reformula el artículo 42 de la Constitución para permitir la revocatoria de la nacionalidad en casos de “conducta antipatriótica”. De confirmarse, sería la primera vez que el gobierno venezolano aplica esa figura a un disidente exiliado.
Fuentes diplomáticas europeas consultadas en Bruselas indicaron que la posibilidad de despojar a López de su ciudadanía representa una violación directa de la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 1961, firmada por Venezuela hace más de medio siglo. La Comisión Europea ya evalúa elevar una nota de protesta si la decisión se concreta, advirtiendo que el exilio político no puede ser criminalizado. En Washington, el Departamento de Estado condenó la iniciativa y recordó que las sanciones individuales contra altos funcionarios del chavismo siguen vigentes por violaciones sistemáticas de derechos humanos.
El dirigente opositor, condenado en 2015 y liberado durante el levantamiento de 2019 antes de huir del país, insiste en que su activismo no busca desestabilizar, sino visibilizar lo que califica como “el secuestro institucional de Venezuela”. Desde su llegada a España ha participado en foros sobre democracia y ha asesorado a movimientos civiles de la región. Sin embargo, su voz sigue irritando a Miraflores, que lo considera un símbolo persistente de la oposición política y mediática.
Analistas del Instituto de Estudios Estratégicos de Londres sostienen que la estrategia de retirar nacionalidades busca reconfigurar el concepto de pertenencia nacional para reforzar la lealtad ideológica. En Asia, el Lowy Institute de Sídney lo compara con tácticas utilizadas por regímenes autoritarios de mediados del siglo XX: “la desterritorialización como castigo político”. Y en América, el Centro de Justicia y Derecho Internacional con sede en Washington advierte que la apatridia forzada podría abrir la puerta a juicios internacionales por persecución política, dado que priva al individuo del amparo de un Estado.
López afirmó que, pese a las amenazas, continuará denunciando lo que califica de “dictadura totalitaria con fachada electoral”. Relató que su familia en Caracas ha recibido citaciones y presiones indirectas, y que incluso se le ha prohibido a su madre renovar documentos consulares. El opositor calificó esa práctica como “una política de castigo extendido”, donde la sanción se aplica por parentesco. La Red Latinoamericana de Defensores de Derechos Humanos confirmó haber recibido denuncias similares de otros exiliados en Chile, Colombia y Estados Unidos.
La reacción internacional fue inmediata. El Parlamento Europeo aprobó una resolución de urgencia que exige garantías de identidad a todos los venezolanos en el exterior. En paralelo, la Organización de Estados Americanos pidió activar los mecanismos de protección diplomática previstos en la Carta Democrática Interamericana. El secretario general de la OEA declaró que “ningún gobierno puede suprimir la nacionalidad como instrumento de venganza política”. En Ginebra, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recordó que los Estados tienen la obligación de evitar la apatridia, incluso en casos de conflicto político interno.
En Caracas, el discurso oficial minimizó la denuncia. Voceros del partido de gobierno calificaron a López de “agente extranjero” y afirmaron que la propuesta de reforma constitucional busca proteger la soberanía nacional ante quienes, según ellos, promueven intervenciones internacionales. La Asamblea Nacional controlada por el chavismo podría debatir la modificación en noviembre. Según fuentes internas, la iniciativa cuenta con apoyo de la cúpula militar y del Tribunal Supremo, lo que deja pocas dudas sobre su aprobación.
Más allá del conflicto jurídico, el caso refleja un dilema identitario. En Venezuela, la nacionalidad ha dejado de ser un derecho automático para convertirse en un campo de batalla simbólico. Millones de emigrados mantienen documentos vencidos o pasaportes sin validez en consulados cerrados. La amenaza contra López amplifica ese trauma colectivo. “Si me quitan la nacionalidad, no pierdo mi país; el país ya lo perdieron ellos”, dijo el opositor, mirando a cámara con la serenidad de quien entiende que la frontera más difícil es la del recuerdo.
En América Latina, diversos gobiernos expresaron apoyo. Chile, Colombia y Argentina anunciaron que considerarían otorgar estatus de protección a venezolanos afectados por medidas similares. En España, el Ministerio de Asuntos Exteriores confirmó que López mantiene residencia legal y que ninguna decisión de Caracas alterará su condición jurídica. La medida, sin embargo, reabre el debate sobre hasta qué punto Europa debe involucrarse en los conflictos internos de la región.
La controversia llega mientras Venezuela enfrenta sanciones económicas, inflación récord y migración masiva. El intento de borrar a un disidente de los registros nacionales, más que una maniobra administrativa, parece un gesto desesperado de control político. El poder, cuando siente su final, a menudo intenta reducir a los ciudadanos a números o a silencios. En esta ocasión, la lucha no es por un territorio ni por un escaño, sino por el derecho a existir con nombre y pasaporte.
Contra la propaganda, memoria. / Against propaganda, memory.