Phoenix 24
Madrid, España – julio de 2025
La Audiencia Nacional ha iniciado diligencias previas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, junto con el ministro de Exteriores Israel Katz y varios altos mandos militares de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), por su responsabilidad directa en el asalto al buque humanitario Madleen. La embarcación, integrante de la Flotilla de la Libertad con destino a Gaza, fue interceptada en aguas internacionales el pasado mes de junio, generando una nueva crisis diplomática y reavivando los reclamos por jurisdicción universal en crímenes de guerra.
El Juzgado Central de Instrucción Nº 6 ha determinado que los hechos podrían constituir delitos de lesa humanidad, tortura, detención ilegal y ataques deliberados contra una misión civil internacional. En consecuencia, se ha solicitado la colaboración de la Corte Penal Internacional (CPI) para la eventual emisión de órdenes de captura, además de citar a varios testigos internacionales, entre ellos activistas, eurodiputados y periodistas que formaban parte de la tripulación.
Entre los nombres más destacados se encuentra el activista español Sergio Toribio, único ciudadano nacional a bordo del Madleen, quien presentó la querella con apoyo del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Toribio denunció uso excesivo de la fuerza, vigilancia con drones armados, detenciones arbitrarias, tratos inhumanos durante los interrogatorios y deportación ilegal, pese a que la misión era de carácter estrictamente humanitario.
Fuentes jurídicas cercanas al proceso aseguran que este caso podría marcar un precedente histórico, tanto en España como en el marco del Derecho Internacional Humanitario, al retomar los criterios establecidos durante el caso Mavi Marmara de 2010. El documento judicial establece que el abordaje del Madleen no puede considerarse una operación legítima de seguridad marítima, sino un acto desproporcionado contra civiles bajo la protección del derecho internacional consuetudinario.
En respuesta a la querella, el juez instructor ha instado también al Parlamento Europeo a considerar la suspensión provisional del Acuerdo de Asociación UE-Israel, así como la aplicación de un embargo bilateral de armas mientras persista la ofensiva militar sobre Gaza. La petición se fundamenta en informes de múltiples organismos que documentan ataques sistemáticos a infraestructura civil y sanitaria en el enclave palestino desde octubre de 2023.
El análisis geopolítico no es menor. Este procedimiento se da en un contexto en el que Netanyahu enfrenta procesos judiciales por corrupción en su propio país, además de una creciente presión internacional tras la emisión de una orden de arresto por parte de la CPI en mayo de este año por crímenes de guerra en Gaza. La apertura de diligencias por parte de una corte nacional europea refuerza el aislamiento diplomático de Israel, que ya ha sido objeto de sanciones parciales por parte de Noruega, Irlanda y Sudáfrica.
Diversos organismos humanitarios y asociaciones de juristas han respaldado la iniciativa. La eurodiputada Rima Hassan y la activista sueca Greta Thunberg, ambas presentes en la travesía, han hecho declaraciones públicas exigiendo responsabilidades políticas y penales. Para Hassan, “lo ocurrido en el Madleen no es un episodio aislado, sino parte de un patrón sistemático de impunidad que debe ser enfrentado con la fuerza del derecho internacional”.
Desde Israel, sin embargo, la cancillería ha calificado la investigación como un “acto político hostil” y ha advertido sobre una posible revisión de las relaciones bilaterales con España. Voces del gabinete israelí sostienen que se trató de una “intervención preventiva legítima” frente al riesgo de ingreso de materiales no verificados a Gaza, versión desmentida por múltiples ONG presentes en la flotilla, cuyos cargamentos consistían en alimentos, medicinas y paneles solares.
La Fiscalía española tiene ahora la responsabilidad de pronunciarse sobre la competencia del tribunal. El principio de jurisdicción universal, aunque limitado tras reformas legislativas en 2014, permite que tribunales nacionales juzguen delitos cometidos fuera del territorio cuando se trate de crímenes de guerra, genocidio o tortura, especialmente si involucran ciudadanos nacionales o intereses directos de España.
Más allá del marco legal, esta acción judicial proyecta un fuerte mensaje político: Europa, o al menos una parte de ella, está dispuesta a retomar una posición más activa en la defensa del derecho humanitario frente a conflictos prolongados y estrategias de represión extraterritorial. El asalto al Madleen, lejos de ser un incidente aislado, se convierte ahora en un caso emblemático de hasta dónde pueden llegar los estados democráticos cuando los marcos multilaterales parecen insuficientes.
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