WASHINGTON D.C. / BOGOTÁ, julio de 2025. – La Casa Blanca ha llamado oficialmente a consultas a su encargado de negocios en Colombia, John T. McNamara, como respuesta directa a una serie de declaraciones del gobierno colombiano calificadas como “infundadas y reprobables”. El movimiento diplomático, poco habitual entre socios históricos, marca un giro sensible en las relaciones bilaterales que han estado bajo presión durante los últimos meses. En una medida recíproca, el presidente Gustavo Petro ordenó el retorno de su embajador en Washington, Daniel García-Peña, para reevaluar el rumbo de la política exterior de su administración respecto a Estados Unidos.
Esta escalada diplomática se da en medio de un contexto regional cada vez más volátil, donde la cooperación en materia de narcotráfico, migración y cambio climático se ha visto empañada por fricciones ideológicas, tensiones comerciales y desconfianzas mutuas. Voceros del Departamento de Estado indicaron que “se están considerando medidas adicionales” como parte del proceso de revisión de la relación con Bogotá, aunque se subrayó que Colombia sigue siendo un socio estratégico en el hemisferio.
La relación, sin embargo, ha sufrido desgaste progresivo desde comienzos de 2024, cuando el gobierno colombiano rechazó reiteradamente vuelos con personas deportadas desde Estados Unidos, lo cual provocó amenazas arancelarias de parte del entonces expresidente Donald Trump, ya posicionado nuevamente como figura clave en la política estadounidense. Aunque la crisis se apaciguó temporalmente con negociaciones bilaterales, quedó clara la creciente desalineación entre los discursos internos del gobierno de Petro y las expectativas de Washington.
El episodio actual se vio exacerbado por un atentado reciente contra el senador colombiano Miguel Uribe, el cual fue vinculado por voceros republicanos estadounidenses con lo que calificaron como un “discurso incendiario” proveniente de figuras del Ejecutivo colombiano. Si bien las autoridades judiciales de Colombia aún investigan los hechos, el uso político del incidente por parte del Congreso estadounidense ha intensificado el clima de desconfianza.
Washington llama a consultas a John T. McNamara por declaraciones del Gobierno colombiano – crédito Presidencia de la República
Fuentes diplomáticas revelaron que la canciller saliente Laura Sarabia continúa en diálogo con funcionarios del Departamento de Estado hasta que se designe a un nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Petro, por su parte, argumentó que la retirada de su embajador responde a la necesidad de “revisar profundamente” los mecanismos de cooperación conjunta, incluyendo los programas de lucha antidrogas, los tratados de libre comercio y las iniciativas climáticas compartidas.
Pese a las tensiones, el vínculo económico entre ambos países sigue siendo robusto: en 2023, el intercambio comercial entre Colombia y Estados Unidos superó los 33,800 millones de dólares, con un superávit favorable a Washington cercano a los 1,600 millones. Sin embargo, expertos del Peterson Institute y del Inter-American Dialogue advierten que los choques diplomáticos, si se prolongan, podrían traducirse en demoras en inversiones clave y en un mayor aislamiento regional de Colombia, en un momento en que el eje latinoamericano busca reposicionarse frente a China, Rusia e Irán.
Analistas del Foreign Affairs subrayan que la reacción estadounidense alude no sólo a diferencias retóricas, sino al creciente protagonismo internacional que intenta asumir el presidente Petro mediante alianzas con bloques como BRICS+ o la Organización de Cooperación de Shanghái. Este movimiento estratégico, aunque comprensible desde una lógica multipolar, ha generado malestar en Washington, que observa con recelo cualquier intento de Bogotá por alejarse de su tradicional esfera de influencia.
En este momento crítico, el llamado a consultas de ambos diplomáticos representa más que un gesto simbólico: marca la antesala de una posible reconfiguración de la relación estratégica entre dos países históricamente aliados. Todo dependerá del margen de maniobra que tengan ambos gobiernos para evitar que las diferencias ideológicas se traduzcan en una ruptura institucional con impacto hemisférico.
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