Parte II | Cuando investigar incomoda al poder

La madrugada del 17 de junio de 1972, cinco hombres fueron detenidos dentro del complejo Watergate, en Washington. En aquel momento, el incidente parecía un robo sin mayor trascendencia. Nadie imaginaba que esa detención terminaría provocando, dos años después, la renuncia del presidente de los Estados Unidos. Tampoco imaginaban que todo comenzó con una sospecha, una fuente confidencial y dos periodistas que decidieron seguir una historia cuando todavía no existían todas las respuestas. La democracia estadounidense no cambió porque alguien descubriera una verdad terminada; cambió porque el periodismo tuvo la libertad de investigar una duda razonable.

Ésa ha sido siempre la esencia del periodismo de investigación. Su misión no consiste en publicar únicamente aquello que el poder ya confirmó, sino en examinar aquello que el poder —político, económico o tecnológico— preferiría mantener fuera del escrutinio público. Investigar significa formular preguntas antes de que existan todas las respuestas, contrastar documentos, verificar testimonios y someter cada hallazgo al rigor de la evidencia. Precisamente por esa razón, el periodismo incomoda. No porque persiga el conflicto, sino porque su función democrática consiste en reducir las zonas de opacidad donde el poder suele sentirse más cómodo.

Pocos años antes de Watergate, otro episodio marcaría el futuro de la libertad de prensa. En 1971, The New York Timesy The Washington Post comenzaron a publicar los llamados Pentagon Papers, un conjunto de documentos confidenciales que revelaban cómo distintas administraciones estadounidenses habían ocultado información relevante sobre la guerra de Vietnam. El gobierno intentó impedir judicialmente su publicación alegando razones de seguridad nacional. La Suprema Corte de Estados Unidos rechazó esa censura previa y dejó un precedente que aún hoy representa uno de los pilares de la libertad de prensa: en una democracia, impedir preventivamente la publicación de información de evidente interés público exige una justificación extraordinaria. El mensaje fue claro: la libertad de expresión protege también las investigaciones que incomodan al poder.

Décadas más tarde, el periodismo volvería a demostrar su capacidad para trascender fronteras. Los Panama Papers no fueron el trabajo de un solo reportero ni de un único medio de comunicación. Se trató de una colaboración internacional entre cientos de periodistas que analizaron millones de documentos filtrados para revelar complejas estructuras financieras utilizadas por empresarios, funcionarios y figuras públicas de distintos países. Aquella investigación modificó legislaciones, provocó renuncias y abrió procesos judiciales en diversas jurisdicciones. Lo más relevante, sin embargo, fue recordar que la cooperación periodística podía enfrentar estructuras de poder igualmente globales.

México también ofrece ejemplos que ilustran el valor democrático del periodismo de investigación. La investigación conocida como La Casa Blanca, publicada en 2014, abrió un amplio debate nacional sobre posibles conflictos de interés relacionados con el entonces presidente Enrique Peña Nieto y contratos gubernamentales. Independientemente de las conclusiones políticas que cada ciudadano pudiera adoptar, el caso demostró que una investigación periodística bien documentada puede colocar temas de interés público en el centro de la discusión nacional. Años después, las revelaciones relacionadas con Pegasus volvieron a mostrar otra dimensión del problema: periodistas y defensores de derechos humanos podían convertirse ellos mismos en objeto de vigilancia, recordando que investigar al poder también implica riesgos para quienes ejercen esa función.

Todos estos episodios comparten un elemento fundamental. Ninguno comenzó con una verdad completamente demostrada. Todos iniciaron con una filtración, un documento, una fuente confidencial o una evidencia parcial cuya autenticidad debía ser corroborada mediante un proceso periodístico riguroso. Watergate, los Pentagon Papers, los Panama Papers, la investigación sobre la Casa Blanca y Pegasus no nacieron como historias concluidas. Se convirtieron en investigaciones relevantes precisamente porque hubo periodistas dispuestos a verificar, contrastar y profundizar la información antes de que el poder ofreciera una explicación oficial. Ésa es la razón por la cual la libertad de expresión protege no sólo el resultado final del trabajo periodístico, sino también el proceso mismo de investigar.

En este contexto adquiere relevancia la reflexión planteada recientemente por Raymundo Riva Palacio a propósito del caso de Gianni Infantino. Su análisis reabre una discusión que trasciende a una persona o a un hecho específico: ¿cómo debe actuar el periodismo cuando dispone de información cuya autenticidad aún requiere verificación, pero cuyo posible interés público resulta evidente? La respuesta no puede ser publicar sin responsabilidad, pero tampoco esperar indefinidamente una confirmación oficial que quizá nunca llegue. El periodismo responsable vive precisamente en ese espacio donde la prudencia y la investigación deben avanzar juntas.

Es aquí donde el debate sobre los derechos de las audiencias adquiere una dimensión constitucional. Proteger a las audiencias frente a la desinformación, la publicidad engañosa o la manipulación constituye un objetivo plenamente legítimo en una democracia. Sin embargo, esa protección debe coexistir con otro principio igualmente esencial: preservar las condiciones necesarias para que el periodismo de investigación pueda cumplir su función social sin enfrentar mecanismos que produzcan autocensura o desalienten investigaciones de evidente interés público. El desafío consiste en equilibrar ambos derechos sin sacrificar ninguno.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sostenido que la libertad de expresión posee una doble dimensión. Protege el derecho individual de investigar, opinar y publicar, pero también el derecho colectivo de la sociedad a recibir información plural y formar libremente su propio criterio. Desde esa perspectiva, el periodismo no constituye un privilegio corporativo de los medios de comunicación; representa una garantía institucional para toda la ciudadanía. Cuando investigar se vuelve excesivamente riesgoso, quien pierde no es solamente el periodista. Pierde la sociedad en su conjunto.

Por ello, la discusión sobre la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión no debería reducirse a una confrontación entre regulación y libertad. La pregunta verdaderamente relevante es otra: ¿cómo construir un marco jurídico que fortalezca los derechos de las audiencias sin debilitar el periodismo de investigación? Ésa es la medida con la que deberán evaluarse las instituciones democráticas del siglo XXI. Porque proteger a las audiencias es indispensable, pero también lo es garantizar que las próximas investigaciones capaces de revelar abusos de poder puedan realizarse con independencia, responsabilidad y libertad.

La historia demuestra que las grandes investigaciones periodísticas nunca comenzaron con una verdad completamente terminada. Comenzaron con una pregunta que alguien decidió no ignorar. Una democracia madura necesita audiencias protegidas, pero también necesita periodistas capaces de seguir haciendo esas preguntas. Cuando cualquiera de esos dos pilares se debilita, la calidad de la democracia comienza a deteriorarse con él.

En la próxima entrega analizaremos cómo distintas democracias han intentado resolver este mismo dilema. Estados Unidos, la Unión Europea, Hungría, Turquía, Rusia, Venezuela y Nicaragua siguieron caminos regulatorios muy diferentes. Comprender esas experiencias permitirá responder una pregunta decisiva: ¿es posible regular la información sin concentrar el poder sobre ella?

Mario López Ayala, PhD

Investigador y director de Phoenix24