Phoenix 24
Una Constitución nueva no es solo papel y tinta: puede ser el espejo de una crisis de poder.
Quito, septiembre de 2025. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa firmó los Decretos Ejecutivos 147 y 148 convocando una consulta popular para que los ciudadanos decidan si se debe instalar una Asamblea Constituyente con el fin de redactar una nueva Constitución. Al mismo tiempo planteó otra pregunta a referéndum: eliminar la prohibición constitucional que impide establecer bases militares extranjeras en el país o ceder instalaciones castrenses a fuerzas foráneas. La iniciativa abre un episodio de confrontación con la Corte Constitucional, pues Noboa sostiene que la Carta Magna le concede facultades directas para convocar al pueblo, un argumento que desafía la interpretación judicial vigente.
El estatuto que acompaña la propuesta establece que, de resultar aprobada la consulta, la Asamblea Constituyente estaría compuesta por ochenta miembros y debería instalarse a más tardar diez días después de la proclamación de los resultados por parte del Consejo Nacional Electoral. Su funcionamiento tendría un plazo máximo de 180 días. El diseño incluye mesas de trabajo temáticas con agendas definidas previamente y bajo la supervisión del organismo electoral, encargado también de fijar la sede de la nueva asamblea.
El discurso oficial sostiene que la convocatoria busca devolver el poder al pueblo y poner fin a lo que describe como “secuestro institucional”, una expresión que apunta a los obstáculos judiciales que, según el mandatario, limitan la gobernabilidad. Los críticos advierten que, sin la aprobación previa de la Corte Constitucional, la consulta podría enfrentar nulidades jurídicas y cuestionamientos serios sobre el respeto al principio de separación de poderes.
La propuesta surge en un escenario marcado por el clamor ciudadano de reformas profundas, la creciente percepción de impunidad, la inseguridad ligada al narcotráfico y la presión social por mayor transparencia institucional. Noboa ha señalado que su proyecto busca endurecer leyes contra el crimen organizado y modificar estructuras judiciales que, en su visión, se encuentran atrapadas en inercias que impiden resultados efectivos.
Sin embargo, la estrategia enfrenta escollos considerables. La Corte Constitucional aún no ha emitido un dictamen sobre las preguntas planteadas; los tiempos electorales y los términos del estatuto podrían ser impugnados; y sectores políticos denuncian el riesgo de concentración de poder en el Ejecutivo si la nueva Constitución no incluye contrapesos adecuados. A ello se suma la controversia geopolítica en torno al eventual levantamiento de la prohibición de bases militares extranjeras, un asunto que reabre tensiones regionales sobre soberanía y autonomía estratégica en América Latina.
El resultado de la consulta, en caso de aprobarse, podría desencadenar un rediseño institucional de gran envergadura: reforma del sistema político y judicial, redefinición de los mecanismos de control entre poderes, posibles limitaciones renovadas al presidencialismo y nuevas disposiciones en materia de seguridad interior. En este contexto, la ciudadanía se convierte en arquitecta del futuro texto constitucional y, al mismo tiempo, en árbitro de las tensiones acumuladas en torno a la legitimidad del Estado.
Cada silencio habla. / Every silence speaks.