En una librería de Srinagar, cada estante dejó de ser solo un mueble: se convirtió en un campo minado silencioso, donde la tinta se volvió sospecha y las ideas, contrabando.
Srinagar, agosto de 2025
El gobierno de la Cachemira administrada por la India ha ordenado la prohibición inmediata de veinticinco libros, incluyendo obras de autores reconocidos como Arundhati Roy, A. G. Noorani, Sumantra Bose y Victoria Schofield. La medida, emitida por el Departamento del Interior bajo la autoridad del vicegobernador Manoj Sinha, los clasifica como literatura “sediciosa” que, según el comunicado oficial, difunde “narrativas falsas” y alimenta el separatismo juvenil.
La orden se sustenta en el nuevo Código Penal de la India, vigente desde 2023, que endureció las disposiciones sobre “traición” y “alteración del orden público”, permitiendo penas que van desde años de cárcel hasta cadena perpetua por la posesión o distribución de material prohibido. El decreto instruye a las fuerzas policiales a realizar confiscaciones inmediatas en librerías, ferias y bibliotecas públicas.
Entre los títulos vetados figuran ensayos históricos y políticos que documentan la compleja relación de Cachemira con Nueva Delhi, el militarismo en la región y las violaciones a derechos humanos reportadas por organizaciones internacionales. Muchos de ellos han sido usados como material de referencia en universidades y foros de debate académico.
Arundhati Roy, activista y escritora (Foto: AP / Manish Swarup)
El operativo comenzó en el Festival del Libro Chinar, donde agentes incautaron ejemplares antes de que llegaran a manos de los lectores. Testigos afirman que los funcionarios revisaron cuidadosamente los puestos de venta y retiraron obras incluso de autores no incluidos en la lista, por considerarlas “sospechosas”.
Críticos y organizaciones de derechos civiles han calificado la medida como un episodio más en una estrategia de censura progresiva que se intensificó tras la revocación, en agosto de 2019, del estatus especial de Jammu y Cachemira. Desde entonces, el gobierno central ha impuesto restricciones a la prensa, bloqueos de internet y detenciones preventivas de líderes políticos y activistas.
Para el periodista y analista político local Nayeem Rather, la prohibición representa “una criminalización del pensamiento que busca moldear la historia oficial a través del miedo”. Según su valoración, el objetivo no es solo controlar el presente, sino reescribir la memoria colectiva a favor de la narrativa gubernamental.
En Nueva Delhi, portavoces del Ministerio del Interior defendieron la medida como una “acción preventiva” frente a lo que describen como campañas de desinformación impulsadas por actores separatistas y, en algunos casos, con vínculos internacionales. Sin embargo, no se presentaron pruebas concretas que vinculen los textos con incidentes de violencia reciente.
Las repercusiones han traspasado fronteras. Organizaciones como PEN International y Human Rights Watch han emitido comunicados advirtiendo que la censura literaria en Cachemira no solo limita el derecho a la libre expresión, sino que también atenta contra el acceso al conocimiento y el debate informado. Para estas entidades, la medida refuerza un patrón global de uso de la “seguridad nacional” como justificación para el silenciamiento de voces críticas.
El impacto psicológico y cultural es profundo. En una región marcada por décadas de conflicto armado, la literatura ha funcionado como refugio y espacio de resistencia. La eliminación de estos libros de los espacios públicos amenaza con erosionar un tejido intelectual que ya opera en condiciones precarias. Profesores universitarios han expresado temor de que sus bibliotecas personales sean objeto de inspección, mientras que estudiantes reportan incertidumbre sobre qué materiales pueden citar en sus investigaciones sin exponerse a sanciones.
Las autoridades indias en Cachemira prohíben libros de escritores y académicos eminentes (Foto: AP / Dar Yasin )
Este episodio se inscribe en una tendencia global de control informativo que, según expertos en geopolítica cultural, se agudiza en territorios en disputa. La censura en Cachemira comparte rasgos con otras zonas de tensión donde el poder estatal busca monopolizar el relato histórico: desde las restricciones editoriales en Xinjiang hasta la supervisión de contenidos en zonas ocupadas de Ucrania.
En términos estratégicos, la prohibición parece servir a dos propósitos: consolidar la autoridad del gobierno central en un territorio de alta sensibilidad y proyectar una imagen de control absoluto frente a su propia base política. Sin embargo, esta maniobra puede producir el efecto contrario, generando un mercado negro de libros y reforzando la narrativa de opresión que Nueva Delhi intenta combatir.
Si la política de silenciamiento continúa, es probable que el ecosistema cultural de Cachemira se traslade a circuitos clandestinos y plataformas digitales encriptadas, preservando las obras vetadas lejos del alcance físico de la censura. En caso de que se revierta la medida, el restablecimiento de la circulación de estos textos requerirá no solo una decisión política, sino un esfuerzo colectivo por reconstruir la confianza en las instituciones culturales.
En un escenario intermedio, podría surgir un compromiso limitado: autorizar algunos títulos tras revisiones editoriales que suavicen su contenido más crítico, aunque a costa de alterar el valor histórico y testimonial de las obras. En cualquiera de las rutas, el episodio deja claro que en Cachemira las palabras pueden ser tan peligrosas como cualquier acto político.
Esta nota fue elaborada por el equipo editorial de Phoenix24 con base en información pública, fuentes estratégicas globales y verificación dentro del contexto geopolítico actual.
This article was produced by the Phoenix24 editorial team based on public information, strategic global sources, and validation within the current geopolitical context.