Phoenix 24
Cuando la extorsión se convierte en una amenaza cotidiana, hasta la tienda de conveniencia más común revela la fragilidad de la economía frente al poder paralelo del crimen.
Ciudad de México, agosto de 2025
FEMSA, el gigante mexicano de retail y bebidas, se ha visto obligado a cerrar temporalmente decenas de tiendas Oxxo en distintas regiones del país debido a presiones directas de grupos criminales. Las extorsiones, que van desde cobros de piso hasta amenazas contra empleados y proveedores, han colocado a la empresa en el centro de un dilema: resistir a la violencia o proteger la integridad de su personal. La medida, aunque temporal, envía una señal contundente sobre el deterioro de las condiciones de seguridad en zonas urbanas y semiurbanas donde el crimen organizado marca las reglas.
El fenómeno no es nuevo, pero su magnitud actual preocupa. Durante años, pequeños comerciantes fueron los principales blancos de extorsiones. Sin embargo, el cierre de tiendas de una corporación multinacional como FEMSA confirma que la delincuencia ya no distingue entre negocios familiares y grandes cadenas. En estados del norte y del centro, se han documentado patrones de intimidación que obligan a los dueños de locales a entregar parte de sus ganancias o a aceptar la colocación de productos impuestos por organizaciones criminales. Oxxo, símbolo de expansión comercial y punto de referencia en casi cualquier barrio del país, se ha convertido también en un blanco estratégico.
La reacción de la compañía ha sido pragmática. Ejecutivos confirmaron que se han reforzado los protocolos de seguridad, incluyendo coordinación con autoridades estatales y federales, sin dar detalles que pongan en riesgo a empleados. Al mismo tiempo, se han desplegado programas de apoyo psicológico para trabajadores que han sufrido amenazas directas. FEMSA ha evitado la retórica de confrontación y optado por un discurso institucional centrado en la protección de su personal y en la búsqueda de soluciones conjuntas con el Estado.
Para analistas en seguridad, la decisión de cerrar tiendas no es solo empresarial sino también política. Significa que el costo de hacer negocios en México se encuentra condicionado por el control territorial de grupos criminales. En regiones de Michoacán, Guanajuato, Tamaulipas y Veracruz, se ha documentado que el crimen organizado extorsiona no solo a comercios sino también a transportistas, agricultores y cadenas logísticas. El hecho de que un actor del tamaño de FEMSA se vea obligado a tomar medidas visibles refleja que el problema rebasa los márgenes de la informalidad y afecta directamente a la economía formal y a la inversión extranjera.
El gobierno federal ha respondido con declaraciones de condena, aunque sin ofrecer detalles sobre operativos específicos para garantizar seguridad a las cadenas de conveniencia. Autoridades locales han prometido reforzar patrullajes y establecer canales de comunicación directa con empresarios. Sin embargo, la persistencia de estos delitos muestra que el reto no se resuelve únicamente con presencia policial, sino con una estrategia integral que debilite las finanzas criminales y mejore la confianza institucional.
Los empleados, en el centro de la crisis, enfrentan la disyuntiva más cruda. Para muchos, trabajar en una tienda de conveniencia representa su principal fuente de ingreso. El cierre temporal significa incertidumbre laboral, pero también cierto alivio frente a amenazas crecientes. Algunos testimonios recabados en medios nacionales describen cómo las llamadas intimidatorias se han vuelto rutina: exigir pagos semanales, prohibir el cierre nocturno o imponer horarios de operación. En ese contexto, la medida de FEMSA es interpretada por los trabajadores como un mensaje de respaldo, aunque también evidencia lo difícil que resulta enfrentar solos a los grupos delictivos.
En términos sociales, los cierres tienen efectos inmediatos. En varias comunidades, las tiendas Oxxo son más que un negocio: funcionan como puntos de acceso a servicios básicos, cajeros automáticos y compras rápidas que facilitan la vida cotidiana. Su ausencia, incluso temporal, golpea a consumidores y reduce la movilidad en barrios que dependen de esa infraestructura comercial. Para los grupos criminales, en cambio, el cierre puede convertirse en una victoria simbólica: demostrar que incluso una corporación multinacional puede ser doblegada.
El fenómeno adquiere dimensión internacional porque FEMSA es un actor global, con operaciones en América Latina y presencia en múltiples sectores. Inversionistas observan con preocupación el impacto de la violencia en la operación cotidiana de la empresa. Aunque FEMSA asegura que la situación no compromete su viabilidad financiera, sí reconoce que las extorsiones generan costos adicionales en seguridad, logística y reputación. Para mercados externos, estas señales confirman que México enfrenta un desafío estructural para garantizar condiciones seguras a la inversión.
Más allá de lo inmediato, el caso plantea preguntas de fondo sobre la capacidad del Estado mexicano para recuperar el control en zonas donde la economía criminal sustituye la autoridad formal. Cada tienda cerrada no es solo un problema logístico para FEMSA, sino también un recordatorio de la vulnerabilidad de las instituciones. La respuesta que se dé en las próximas semanas determinará si los cierres son solo un episodio pasajero o la antesala de un patrón más extendido.
Contra la propaganda, memoria.
Against propaganda, memory.