Presionado por la deflación, el descontento interno y señales de fractura en su aparato, el líder chino enfrenta uno de los momentos más inciertos desde que asumió el control total del país.
Beijing, julio de 2025
El régimen de Xi Jinping, cimentado durante más de una década en el control férreo del poder, la vigilancia digital y un discurso nacionalista unificador, comienza a mostrar grietas estructurales. A medida que se acumulan los indicios de fragilidad económica y tensiones internas, se intensifica el debate sobre si el poder del mandatario sigue siendo tan incuestionable como antes.
En las últimas semanas, datos oficiales revelaron una caída del 3,6 % en el índice de precios al productor, lo que confirma la entrada de China en un ciclo deflacionario prolongado. Este fenómeno —el mayor desplome en casi dos años— refleja un estancamiento en la demanda, una sobrecapacidad industrial y un entorno empresarial cada vez más asfixiado por las restricciones estatales. Aunque el PIB creció un 5,3 % en el primer semestre, la recuperación se percibe más técnica que estructural: baja confianza interna, desempleo juvenil persistente y una deuda pública local que no deja de crecer.
La respuesta de Xi ha sido inusual. En un discurso reciente, reconoció que algunas inversiones tecnológicas, especialmente en inteligencia artificial, autos eléctricos y centros de datos, han generado “competencia interna destructiva”. Esta crítica, interpretada como una advertencia a los gobiernos provinciales, sugiere que el propio liderazgo chino duda de las prioridades que hasta hace poco se consideraban incuestionables dentro del aparato de planificación central.
A nivel político, los rumores sobre purgas internas han tomado fuerza. Altos mandos del Ejército Popular de Liberación y funcionarios del aparato económico han sido reemplazados sin explicaciones claras. Aunque el hermetismo es parte inherente del sistema, algunos observadores detectan movimientos inusuales en las filas del Partido Comunista, que podrían estar ligados a disputas por la sucesión o a reacciones frente a decisiones económicas impopulares.
La estabilidad interna también se ve afectada por la situación del sector inmobiliario, que aún arrastra las secuelas del colapso de gigantes como Evergrande. Millones de ciudadanos han visto evaporarse sus ahorros, lo que ha generado protestas localizadas y un aumento del malestar social. Pese a los controles informativos, en ciudades como Chengdu, Hangzhou y Tianjin han circulado mensajes cifrados que critican el rumbo económico del país.
Frente a esta tormenta, el liderazgo ha desplegado estímulos moderados: subvenciones a pequeñas empresas, ampliación del crédito rural y fortalecimiento de cadenas internas de valor. Pero los resultados han sido tibios. La presión por mantener un crecimiento constante choca con la necesidad de evitar una nueva burbuja de deuda, y al mismo tiempo, con la urgencia de contener la fuga de capitales y el descontento entre los sectores productivos.
La emblemática campaña anticorrupción —que en el pasado sirvió para consolidar el poder de Xi— ya no genera el mismo efecto. Pese a las investigaciones y destituciones masivas, la percepción pública apunta a una continuidad de las prácticas clientelares en niveles intermedios del poder. A esto se suma la disconformidad de burócratas y funcionarios tecnócratas que ven limitada su capacidad de maniobra por la centralización excesiva.
La arquitectura de poder de Xi aún se sostiene, pero lo hace sobre un equilibrio cada vez más inestable. Si la política económica se mantiene sin cambios profundos, el régimen podría prolongar su curso actual con una legitimidad basada en cifras manipuladas, nacionalismo y vigilancia digital; pero los efectos de la deflación, el desempleo estructural y la fuga de capital humano seguirán erosionando los cimientos.
Un punto de inflexión podría surgir si las presiones internas —en especial dentro del Partido Comunista y del Ejército Popular— se tornan visibles. Una filtración significativa, una protesta local amplificada o un escándalo de corrupción de alto nivel podría reconfigurar las dinámicas del liderazgo, obligando a Xi a adoptar un perfil más colegiado, o incluso acelerar transiciones silenciosas ya en curso.
En el horizonte, no se descarta que nuevas facciones dentro del sistema —tecnócratas reformistas, figuras militares o gobernadores provinciales— capitalicen el desgaste del actual modelo. Si alguno de estos actores logra articular una alternativa viable sin derrumbar la estabilidad institucional, China podría entrar en una fase de bifurcación política: no hacia la apertura, sino hacia una forma renovada de autoritarismo tecnocrático más flexible, pero igualmente controlado.
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