El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia recomendó a los ciudadanos acudir a las urnas sin celulares, tras denuncias de que funcionarios públicos estaban siendo presionados para fotografiar su voto como prueba de lealtad política.
La Paz, agosto de 2025 – En la antesala de las elecciones generales que definirán el rumbo político del país andino, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia lanzó un llamado que revela tanto la fragilidad como la resiliencia de sus instituciones: votar sin teléfonos móviles. La medida, aunque presentada como una recomendación y no como una prohibición legal, responde a denuncias de que empleados públicos estaban siendo coaccionados para registrar con fotografías la papeleta electoral y demostrar así su apoyo a determinadas candidaturas. El gesto del TSE, encabezado por su secretario técnico Fernando Arteaga, pretende blindar la secrecía del sufragio en un clima donde la confianza ciudadana se encuentra bajo tensión.
Denuncias por presunta coacción a funcionarios públicos encendieron las alertas previo al comicio (EFE)
El trasfondo de esta advertencia conecta con una problemática regional más amplia: la intersección entre tecnología, clientelismo político y presiones estatales. Según datos recogidos por organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos, las denuncias de “voto vigilado” han crecido en distintos procesos electorales de América Latina en la última década, desde Nicaragua hasta Venezuela, pasando por municipios rurales en México. En Bolivia, un país con una tradición de movilización popular intensa y con un aparato estatal históricamente permeado por redes partidistas, la posibilidad de que la cámara de un teléfono se convierta en un dispositivo de control político no es un escenario menor.
El TSE, consciente de que la recomendación no podrá ser fiscalizada de manera absoluta en más de 30.000 mesas de votación, apuesta a que el recordatorio público tenga un efecto disuasivo. “El voto es secreto y libre. Nadie puede obligar a otro a demostrar por quién sufragó”, insistió Arteaga en declaraciones reproducidas por medios nacionales. Expertos electorales consultados señalan que, más allá de la imposibilidad técnica de prohibir todos los teléfonos, la acción del Tribunal busca construir un mensaje político claro: el Estado no puede convertirse en vigilante de la conciencia ciudadana.
El episodio ocurre en un contexto delicado. Alrededor de ocho millones de bolivianos están convocados a elegir presidente, vicepresidente, senadores y diputados en un momento en el que las tensiones políticas siguen latentes tras los cuestionamientos a procesos anteriores. La polarización entre las facciones que se disputan la herencia del Movimiento al Socialismo, la emergencia de nuevas figuras opositoras y la presión económica derivada de la caída en los ingresos por gas natural convierten a esta elección en un parteaguas.
Analistas internacionales apuntan que la recomendación del TSE no solo es preventiva, sino también un indicador de hasta qué punto las dinámicas de coacción pueden haberse normalizado en el aparato estatal. Para centros de estudio como el Wilson Center y el International Institute for Democracy, el voto vigilado constituye una forma sofisticada de erosión democrática, pues no manipula directamente el conteo, sino que instala el miedo individual a las represalias. Ese temor basta para moldear el comportamiento político.
El escrutinio será público y podrá ser documentado por los ciudadanos tras el cierre de la votación (EFE)
El problema trasciende las fronteras bolivianas. En Asia Central, observadores de la OSCE han registrado prácticas similares en repúblicas post-soviéticas donde a los empleados públicos se les exige evidencias de participación electoral. En Turquía, reportes del think tank Carnegie Europe señalan que redes locales han utilizado aplicaciones de mensajería para verificar en tiempo real el apoyo político de comunidades enteras. En África, el Instituto Electoral de Sudáfrica advirtió que el uso de celulares dentro de casillas ha servido para confirmar votos comprados en elecciones locales. Bolivia, al sumarse a esta discusión global, evidencia que la tensión entre tecnología y democracia es transversal y no se limita a regímenes autoritarios.
El impacto económico también se filtra en la ecuación. Según cifras del Banco Mundial, Bolivia enfrenta en 2025 un crecimiento económico moderado del 2,3%, insuficiente para responder a las demandas sociales acumuladas. Este contexto alimenta la presión sobre el electorado, pues los aparatos políticos ven en el control del voto un mecanismo para garantizar recursos, empleos y acceso a programas estatales. En este escenario, el celular deja de ser un objeto personal y se convierte en un engranaje dentro de una red de clientelismo.
El riesgo de que la coacción tecnológica erosione la legitimidad del proceso electoral coloca al TSE en una posición clave. Aunque la recomendación carece de fuerza coercitiva, envía un mensaje a observadores internacionales y a la ciudadanía: la democracia boliviana reconoce sus vulnerabilidades y busca anticiparse. Organismos como la Unión Europea y la OEA, que desplegarán misiones de observación, ya han señalado que uno de los focos de atención será la garantía del voto secreto.
En perspectiva, se abren tres posibles escenarios. Si la práctica del “voto vigilado” se contiene gracias a la presión pública y al monitoreo internacional, Bolivia podría transitar un proceso electoral relativamente estable, reforzando la legitimidad de sus instituciones. Si, por el contrario, las denuncias persisten y se documentan casos masivos, el resultado de las urnas podría ser cuestionado dentro y fuera del país, alimentando la narrativa de un sistema democrático debilitado. Finalmente, un escenario bifurcativo implicaría la entrada de nuevos actores —como movimientos ciudadanos, sindicatos independientes o plataformas digitales de monitoreo— que, al denunciar estas prácticas, podrían alterar la correlación de fuerzas y condicionar tanto la jornada electoral como la gobernabilidad posterior.
Lo que está en juego no es únicamente el conteo de votos, sino la posibilidad de que el ciudadano boliviano pueda ejercer su derecho sin sentir que alguien lo observa. En esa línea, la advertencia de dejar el celular afuera no es solo un protocolo electoral: es un recordatorio de que la democracia se defiende, a veces, con gestos sencillos pero cargados de significado.
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