La declaración judicial reveló cómo el cobro de cuotas alcanzaba a personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Michoacán, 31 de enero de 2026. Durante una audiencia judicial contra César Alejandro Sepúlveda, alias “El Botox”, señalado como líder del grupo criminal conocido como Los Blancos de Troya, un testigo con discapacidad motora declaró que la organización exigía pagos incluso a personas que sobrevivían mediante la venta de artículos por catálogo. La fiscalía presentó este testimonio como parte de una estrategia para demostrar que el esquema de extorsión operaba sin distinción social ni económica, alcanzando a quienes carecían de medios para defenderse.
El testigo relató que su única fuente de ingresos provenía de la venta de productos domésticos, actividad con la que buscaba cubrir gastos básicos y apoyar a su familia. A pesar de utilizar una silla de ruedas, afirmó que integrantes del grupo delictivo le exigían una cuota semanal bajo el argumento de que debía pagar por trabajar en una zona controlada por la organización. La exigencia se mantenía incluso cuando sus ingresos eran mínimos, sin que su condición física influyera en la presión ejercida.
Según su declaración, Sepúlveda también habría intentado forzarlo a colaborar con la estructura criminal, al considerar que su situación podía servir para pasar desapercibido ante las autoridades. Esta acusación refuerza la línea de investigación que señala el uso sistemático de personas vulnerables no solo como víctimas de extorsión, sino también como posibles instrumentos dentro de la operación del grupo.
La fiscalía sostiene que Los Blancos de Troya mantenían un sistema de cobros generalizado que afectaba tanto a grandes productores como a pequeños comerciantes y vendedores informales. En ese contexto, el testimonio adquiere un peso relevante al evidenciar cómo las prácticas criminales se extendían a los sectores más frágiles de la economía local, donde el margen de resistencia es prácticamente inexistente.
El proceso judicial contra “El Botox” incluye cargos por extorsión, homicidio y delincuencia organizada, y forma parte de una investigación más amplia sobre la violencia y el control territorial ejercidos por este grupo en distintas regiones de Michoacán. Las autoridades buscan acreditar que el cobro de cuotas era una práctica estructural, sostenida mediante amenazas constantes y coerción sistemática.
La declaración presentada en audiencia añadió una dimensión humana al expediente, mostrando cómo el impacto del crimen organizado trasciende a los sectores productivos visibles y afecta a personas que ya enfrentan condiciones de precariedad. Para la fiscalía, este tipo de testimonios resulta clave para dimensionar el alcance social del fenómeno y su efecto corrosivo en comunidades enteras.
Detrás de cada dato, hay una intención. Detrás de cada silencio, una estructura.