La frontera convertida en un corredor oscuro donde el Estado y la insurgencia se confunden.
Caracas, septiembre de 2025. La voz del general retirado Néstor González González retumba con la fuerza de quien no repite un rumor, sino que revive un hecho vivido. El militar aseguró que altos mandos del régimen venezolano pactaron con grupos guerrilleros colombianos para garantizar el tráfico de cocaína, un acuerdo que transformó zonas fronterizas en territorios donde la institucionalidad quedó diluida frente a la lógica del negocio ilícito. “No me lo contaron, lo viví”, subrayó en declaraciones que desnudan una connivencia prolongada en el tiempo.
El GB Néstor González González el 10 de abril 2002 exigió públicamente al entonces presidente Hugo Chávez que respetara a la Fuerza Armada
González recordó que a comienzos de la década de 2000 reportó directamente al entonces presidente Hugo Chávez la presencia de cultivos ilegales y campamentos de la guerrilla en Apure y Zulia. La reacción fue el silencio. Poco después, al denunciar públicamente estas prácticas en 2002, pasó de ser un oficial condecorado a convertirse en un perseguido político. Sus palabras hoy vuelven a escena como parte de un expediente que describe cómo estructuras armadas irregulares lograron protección a cambio de servicios estratégicos: desde proveer armas y tecnología hasta garantizar rutas seguras para la cocaína.
El ELN es hoy quizá la guerrilla colombiana más fuerte que se ha potenciado en territorio venezolano
La acusación coloca nuevamente bajo el reflector al llamado “Cártel de los Soles”, red atribuida a sectores de las fuerzas armadas venezolanas señalados de operar como bisagra entre el narcotráfico y el poder político. González sostiene que estas alianzas fueron algo más que tolerancia: constituyeron pactos orgánicos en los que la guerrilla colombiana se convirtió en socia operativa del régimen, consolidando un narcoestado en las fronteras.
El relato del general se apoya en hechos que marcaron la historia reciente. Asegura haber presenciado reuniones entre autoridades locales y mandos guerrilleros, en las que se discutían corredores de traslado y formas de encubrimiento. Esa proximidad, lejos de ser un episodio aislado, se habría convertido en política de Estado no escrita: proteger al aliado irregular a cambio de que la cocaína encontrara salida por rutas controladas.
Las revelaciones también exponen la fragilidad del sistema judicial. Aunque existen procesos abiertos contra militares y funcionarios vinculados al narcotráfico, la mayoría de los casos terminan estancados, con audiencias suspendidas o trasladadas sin explicación. En el fondo, el problema no radica solo en la corrupción de individuos, sino en la captura institucional que dificulta cualquier intento de rendición de cuentas.
Pueblos fronterizos como La Victoria, del estado Apure, azotados por la presencia de la guerrilla
La denuncia de González, más que un recuerdo personal, se convierte en testimonio incómodo para un país atrapado entre la necesidad de reconstruir su legitimidad y la persistencia de estructuras criminales que operan desde dentro del Estado. Su relato conecta la dimensión humana del testigo con la complejidad estructural de un aparato que, lejos de combatir al narcotráfico, lo habría convertido en uno de sus motores de supervivencia.
Hugo Chávez con alias Iván Márquez, uno de los líderes de las FARC y ahora de la Segunda Marquetalia
En el trasfondo se abre una pregunta crucial: ¿puede Venezuela recuperar su institucionalidad si parte de sus fuerzas de seguridad están señaladas de actuar como socios del crimen organizado? La respuesta dependerá de si estas denuncias logran transformarse en juicios efectivos o si quedarán archivadas como tantas otras advertencias.
La narrativa también es poder.
Narrative is power too.