La ayuda masiva a Kiev, la presión fiscal compartida y la defensa común revelan un giro sin precedentes en la lógica del poder europeo.
Bruselas, julio de 2025 —
La Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, presentó un presupuesto plurianual sin precedentes por un total de 2 billones de euros para el periodo 2028–2034. Esta propuesta marca un punto de inflexión: ya no se trata de mantener el statu quo económico, sino de blindar al continente frente a crisis externas, reforzar su autonomía estratégica y redefinir su lugar en un mundo fragmentado.
El diseño contempla cuatro pilares fundamentales: un bloque de 865 mil millones para agricultura, cohesión y política social; un fondo de 410 mil millones destinado a competitividad, innovación, defensa y transición digital; una partida de 200 mil millones para acción exterior, de los cuales 100 mil millones se canalizarán hacia Ucrania; y un instrumento flexible de 400 mil millones reservado para responder a futuras crisis. La arquitectura del presupuesto fusiona antiguos programas y crea nuevas líneas con criterios de condicionalidad vinculados al Estado de derecho.
Cinco nuevas fuentes de ingreso pretenden sostener el modelo sin elevar las contribuciones directas de los Estados miembros: entre ellas destacan impuestos al tabaco, a residuos electrónicos, a derechos de emisión de carbono, y una tasa a grandes corporaciones. Se espera recaudar al menos 58 mil millones anuales. Sin embargo, varios embajadores —especialmente de Alemania, Suecia y Países Bajos— han manifestado escepticismo, calificando el esquema de ingresos como “contabilidad política optimista”.
Uno de los puntos más sensibles es la reforma de la Política Agraria Común. Su presupuesto se reduciría de 386 a 300 mil millones de euros, y quedaría parcialmente integrado a los fondos de cohesión, bajo reglas más estrictas. Esta propuesta ha encendido alarmas en Francia, Italia y España, donde los sectores agroindustriales y rurales dependen fuertemente del subsidio europeo. A cambio, se potenciarán mecanismos para defensa, espacio, tecnologías duales y resiliencia energética.
El plan también reconoce el papel de Ucrania como eje geopolítico. La partida de 100 mil millones destinada a su reconstrucción, estabilización institucional y seguridad operativa convierte a Kiev en el mayor beneficiario individual de la acción exterior europea. Este movimiento, además de reflejar un respaldo político, reconfigura la relación de poder entre Bruselas, Moscú y Pekín. Mientras el Kremlin denuncia una “escalada presupuestaria hostil”, China observa con cautela, consciente de que la reconstrucción ucraniana podría abrir una nueva esfera de competencia multipolar.
Expertos del Lowy Institute en Sídney advierten que la dimensión estratégica de este presupuesto supera a cualquier paquete anterior en la historia de la UE. En particular, la creación de un fondo europeo de preparación —con capacidad para movilizar hasta 800 mil millones ante amenazas híbridas, ataques cibernéticos o nuevas pandemias— es una señal clara de que Bruselas ya no concibe su seguridad como delegada a la OTAN.
El Parlamento Europeo, dividido entre pragmatismo y prudencia fiscal, ha reaccionado con matices. Mientras los bloques verdes y liberales respaldan el énfasis en sostenibilidad e innovación, las bancadas conservadoras y algunos socialdemócratas critican la posible concentración de poder en la Comisión y alertan sobre una erosión del principio de subsidiariedad.
La propuesta ha sido diseñada también como una respuesta a la creciente volatilidad global. Con conflictos prolongados en el flanco este, tensiones en el Mediterráneo y una arquitectura energética aún inestable, Bruselas busca ganar autonomía decisional sin romper los equilibrios internos. Pero esa ambición puede ser tan peligrosa como necesaria: si el mecanismo de ingresos propios fracasa o si la ejecución se ve trabada por disputas internas, el resultado podría ser el colapso político de la propuesta antes de su entrada en vigor.
Si el plan avanza sin fisuras, la Unión Europea podría consolidarse como una potencia civil con proyección global, capaz de responder con agilidad a amenazas transfronterizas. Si se imponen las resistencias fiscales de los países más ortodoxos, el proyecto podría desinflarse antes de alcanzar el primer euro ejecutado. Y si actores externos como China, India o Turquía logran insertarse como oferentes paralelos en temas de reconstrucción, migración o tecnología, Bruselas deberá redefinir urgentemente su narrativa como actor estratégico, o resignarse a ser solo una caja de subsidios sin brújula.
Porque cuando un bloque político decide gastarse 2 billones de euros, lo que se está comprando no es solo futuro: es su derecho a sobrevivir en un mundo que ya no espera.
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