La estrategia de la parrilla va surtiendo efecto. A cada grado que se eleva la cocina, la situación en Cuba -tanto en la calle como en los principales despachos del poder- se vuelve más y más insoportable. La caída a principios de año del aliado venezolano Nicolás Maduro y el posterior embargo energético a la isla marcó el inicio de un declive que parece imparable. La imputación de Raúl Castro, expresidente y hermanísimo del líder histórico de la Revolución, subió unos cuantos grados la temperatura. Ahora, la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de imponer sanciones al actual presidente, Miguel Díaz-Canel, a familiares de Castro y a organismos clave del régimen eleva aún más el calor. Hasta que el plato termine por estallar.
A última hora del jueves, cuando el presidente Donald Trump estaba ocupado con la minirrevuelta republicana por la guerra en Irán y por su idea de regalar a sus aliados dinero público -1.776 millones de dólares, nada menos-, asomó la noticia. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaba una nueva ronda de sanciones contra la cúpula política de la isla.
Las medidas de bloqueo financiero afectan a Díaz-Canel, Alejandro Castro Espín, hijo del exmandatario Raúl Castro, y a entidades tan destacadas como el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y los Comités de Defensa de la Revolución. Washington da así un paso más encaminado a lograr su objetivo: un cambio de régimen tras 67 años de Gobierno comunista.
La Habana respondió al instante. La “vil inclusión” de Díaz-Canel, parte de su familia y otras personas e instituciones en la lista de sancionados es “la última muestra del plan intervencionista estadounidense” para presentar a Cuba “como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”, dijo el canciller, Bruno Rodríguez.
Pero la queja se queda en eso, un mero pataleo. El Gobierno de la isla es perfectamente consciente de que no tiene armas con las que luchar contra su antigua némesis, a la que ahora ofrece tímidas señales de distensión. Como la inédita reunión en la Habana del director de la CIA, John Ratcliffe, con representantes del Ministerio del Interior de la isla el pasado 14 de mayo.
Nada más anunciarse las sanciones, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, lanzó un aviso a cualquiera que tenga pensado colaborar con el régimen. Dijo que quien preste servicios a las entidades sancionadas corre el riesgo de ser castigado también. “Bancos extranjeros y otras compañías que presten servicios a estos organismos deben congelar sus actividades”, dijo en un mensaje en X.
“La Administración Trump ya no tolerará regímenes marxistas radicales en nuestro hemisferio que amenacen la seguridad de Estados Unidos y traten de exportar su ‘revolución’ venenosa y maligna”, añadió Rubio.
Fin del ultimátum
Este viernes se cumple, además, un ultimátum que es otro paso más en la estrategia de calentar la parrilla. Las sanciones del Tesoro se anunciaron un día antes de cumplirse el plazo en el que entra en vigor la orden ejecutiva de la Casa Blanca del pasado 1 de mayo. El texto amenazaba con congelar los activos en territorio estadounidense de las empresas o personas extranjeras que trabajen con el régimen. Sobre todo, con el opaco conglomerado militar Gaesa, que controla el 40% de la economía del país y que tiene la propiedad de muchos establecimientos que gestionan multinacionales del sector turístico.
La orden ejecutiva 14404 da un amplio margen de maniobra a Washington. Por una parte, pone en la diana a las multinacionales. Pero también desafía a cualquier persona o entidad que apoye con material o financieramente al Gobierno de la isla. Energía, defensa, finanzas, minería, seguridad… Todos los sectores pueden verse afectados. El texto es ambiguo, lo que deja en el aire contra quién irá Washington.
La amenaza ya ha surtido efecto. Hoteleras como Iberostar y Meliá han anunciado que dan un paso atrás en la isla. Primero fue Iberostar, la segunda cadena con más hoteles en Cuba (18) y con presencia en el archipiélago desde 1993. La empresa balear anunció en la madrugada del lunes que deja de gestionar los 12 hoteles que pertenecen a Gaviota, la filial hotelera de Gaesa. Y un anuncio empujó al otro. Meliá, la cadena con mayor presencia en Cuba (34), dijo el miércoles que deja de operar “de forma inmediata” 15 hoteles.
El anuncio de las sanciones llega dos semanas después de otra vuelta de tuerca sobre el régimen. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el pasado 20 de mayo cargos contra Castro (auténtico hombre fuerte del régimen a sus 94 años) y otros cinco militares por asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave.
Los cargos, presentados en Miami en el tribunal del distrito sur de Florida, se remitían a sucesos de hace 30 años: el derribo de dos avionetas de la organización anticastrista Hermanos al Rescate. Pero eso da igual. Todo vale en la estrategia de máxima presión sobre el régimen. “Mi mensaje es claro: Estados Unidos y el presidente Trump no olvidan, ni olvidarán, a sus ciudadanos”, dijo entonces el fiscal general en funciones, Todd Blanche, al que el presidente tiene previsto recompensar por su docilidad con el puesto que ahora ocupa, pero no ya en funciones, sino en todo su esplendor. (E).
Todo esto ocurre en un contexto de una brutal crisis económica, en la que la mayoría de la población sufre para hacerse con los bienes más básicos. El férreo bloqueo energético impuesto por Washington contra la isla está provocando una crisis humanitaria, con apagones frecuentes y apenas sin combustible para alimentar la red eléctrica del país y llenar los coches de un país que busca una salida a una situación imposible.