Ciudad de México, diciembre de 2025.
No fue el año de un quiebre espectacular ni de una crisis declarada. Por el contrario, su gravedad residió en algo más silencioso: fue el año en que el poder real terminó de separarse del poder formal sin necesidad de anunciarlo. Así, México cerró el ciclo anual no como un Estado fallido en el sentido clásico, sino como un territorio donde la soberanía dejó de ser un atributo unitario y comenzó a operar como una función fragmentada, negociada y, en no pocos casos, externalizada.
Insistir en leer la violencia como una anomalía resulta hoy analíticamente insuficiente. A lo largo de 2025, la violencia no interrumpió la gobernabilidad, sino que la sostuvo. Operó como una infraestructura silenciosa de orden. En ese marco, el crimen organizado dejó de comportarse como un actor disruptivo para consolidarse como regulador territorial paralelo, capaz de imponer reglas, administrar economías locales y producir una estabilidad funcional allí donde el Estado apenas alcanza a gestionar daños. No hubo ausencia de poder; hubo reacomodo.
Desde una perspectiva geopolítica, esta transformación no ocurrió de manera súbita. La soberanía fue cediéndose por capas. Primero en territorios específicos, luego en corredores logísticos, más tarde en mercados laborales informales y, finalmente, en el control narrativo de la realidad. El resultado no fue el vacío, sino una coexistencia cada vez más naturalizada entre autoridades formales y poderes fácticos que ya no se esconden, pero tampoco se confrontan de forma abierta. La disputa dejó de centrarse en el control total y pasó a girar en torno a la administración del equilibrio.
En ese proceso, la militarización prolongada desempeñó un papel decisivo. Lejos de revertir la fragmentación, terminó por normalizarla. Las fuerzas armadas dejaron de operar como solución transitoria para convertirse en sustituto institucional permanente. De manera implícita, el Estado mexicano reconoció sus límites civiles y optó por contener antes que recuperar. El orden se mantiene, pero no se transforma. Esa es, quizá, la señal estructural más clara que dejó el año.
Mientras tanto, en el plano psicológico colectivo, el país ingresó en una fase avanzada de adaptación al trauma. El miedo dejó de ser un evento excepcional para convertirse en paisaje cotidiano. La sociedad aprendió a convivir con niveles de violencia que, en otros contextos, provocarían crisis políticas inmediatas. Esta adaptación no implica indiferencia, sino supervivencia. Normalizar el riesgo se volvió condición necesaria para que la vida cotidiana continuara en un entorno de amenaza persistente.
Es aquí donde emerge con mayor claridad la dimensión psiquiátrica del fenómeno. México exhibe síntomas consistentes de disociación estructural. El discurso oficial y la experiencia vivida dejaron de dialogar. Coexisten sin tocarse. Mientras el Estado habla de gobernabilidad, amplios sectores de la población reorganizan su conducta a partir de códigos no escritos, acuerdos tácitos y silencios estratégicos. No se trata de negación simple, sino de un mecanismo sofisticado de defensa institucional y social frente a una realidad que no ofrece resolución inmediata.
A este cuadro se suma la integración plena de la economía criminal como actor macroeconómico. Controla flujos de capital, empleo informal, consumo y movilidad. En numerosas regiones, además, ofrece algo que el Estado ya no garantiza de manera consistente: previsibilidad. Esa previsibilidad, aunque violenta, produce estabilidad funcional. De ahí que amplios sectores sociales no se rebelen contra el poder real, sino que lo toleren, lo eviten o lo incorporen a su cálculo cotidiano.
El vector transnacional confirma esta lectura. Desde Washington, México es percibido como un amortiguador indispensable. Contiene migración, filtra flujos ilícitos, sostiene cadenas productivas y evita colapsos visibles que obliguen a una intervención directa. Sin embargo, la mirada desde otras regiones es aún más reveladora. Desde Medio Oriente, África, el Indo-Pacífico, Australia y los márgenes polares, México no es visto como un Estado en crisis, sino como un territorio funcional. No exporta inestabilidad, no genera ondas de choque y cumple su rol dentro del sistema global informal. En geopolítica, esa utilidad pesa más que la soberanía.
Desde África, México aparece como un caso espejo de gobernanza híbrida, donde economías paralelas sostienen el orden. Desde Medio Oriente, como un laboratorio eficaz de convivencia entre poder formal y poder fáctico sin colapso estatal. Desde el Indo-Pacífico y Australia, como la frontera occidental del orden norteamericano, subordinada pero confiable. Desde las regiones polares, finalmente, como un nodo logístico estable que no altera equilibrios estratégicos. México no alarma. Y no alarmar es una forma de valor.
En el plano interno, el año también dejó en evidencia el papel real de las elecciones. Funcionan como rituales de descarga emocional más que como mecanismos de redistribución efectiva del poder. No alteran estructuras, pero legitiman su continuidad. La alternancia administra expectativas sin tocar el núcleo. El voto sustituye a la acción política profunda y opera como una forma de anestesia democrática. La soberanía, en consecuencia, no se disputa ahí.
El vector generacional agrava aún más el diagnóstico. Para amplios sectores jóvenes, el futuro dejó de percibirse como un horizonte estatal. La migración se consolidó como narrativa de ascenso. La economía criminal, como opción laboral. La legalidad, como abstracción distante. El trauma ya no es solo presente; es intergeneracional. Cuando el futuro se externaliza o se criminaliza, la soberanía deja de ser una aspiración colectiva.
Así, el cierre de 2025 no redefine el poder real por un evento puntual, sino por acumulación. Por la reiteración de silencios, por la eficacia de una gobernanza de baja intensidad que administra crisis sin resolverlas y por la adaptación psicosocial al desorden funcional. El poder real ya no necesita legitimarse; le basta con operar. El poder formal, por su parte, ya no promete recuperar soberanía; promete estabilidad.
Lo verdaderamente inquietante no es que este orden exista, sino que empiece a parecer irreversible. Que se vuelva heredable. Que la soberanía fragmentada deje de ser una anomalía histórica y se convierta en la forma estable del Estado. En ese escenario, ya no será necesario imponer el poder real ni justificarlo. Bastará con que nadie lo cuestione. Y cuando una sociedad llega a ese punto, el problema deja de ser político o criminal. Se vuelve existencial.
México no está al borde del colapso. Está más lejos de eso. Está instalado en una meseta peligrosa donde el poder real funciona, la violencia se administra y la soberanía se redefine sin nombre. Comprenderlo no es un acto de pesimismo. Es la condición mínima para una lectura honesta del país que cierra el año.
Mario López Ayala es periodista senior mexicano y analista geopolítico especializado en comportamiento político, seguridad informacional y dinámicas de poder narrativo. Su trabajo en Phoenix24 integra inteligencia estratégica, ciberseguridad y gobernanza algorítmica para examinar cómo los Estados, corporaciones y actores no estatales configuran la influencia en la esfera pública global. Es miembro activo de la International Federation of Journalists (IFJ/FIP), la mayor organización de periodistas del mundo, que representa a 600,000 profesionales afiliados a 187 sindicatos y asociaciones en más de 140 países, con sede en Bruselas, Bélgica. En México, es integrante de la Organización de Comunicadores Unidos de Sinaloa (OCUS), desde donde impulsa la profesionalización y el análisis crítico de la arquitectura mediática contemporánea y sus implicaciones para la seguridad y la gobernanza democrática.