Mario López Ayala, PhD
El punto no es quién cae. Es qué queda intacto después de la caída.
Ciudad de México, febrero de 2026.
En México, la política se volvió un arte de sustitución controlada. Se cambian nombres, se mueven piezas, se reescribe la narrativa oficial, pero la ecuación de fondo permanece. A eso le llamo acto lampedusiano: una maniobra en la que el poder introduce cambios visibles para conservar lo esencial intacto.
Lo esencial casi nunca es un nombre. Es un núcleo. Intereses, redes, incentivos y mecanismos de impunidad que sobreviven a los ciclos, incluso cuando cambia la escenografía.
Hay días en que el país parece avanzar por decreto. Otros, por filtración. Los segundos suelen decir más. La señal más nítida de este momento no está en un discurso ni en una gira, sino en las grietas internas que ya no se pueden maquillar. Cuando el choque se vuelve público entre operadores de comunicación del propio oficialismo, el mensaje es claro: el poder no sólo enfrenta oposición; enfrenta fugas, ajustes de cuentas y una disputa por el control del relato, y por el control de lo que el relato intenta ocultar. Cuando la propaganda se fractura, el régimen pierde anestesia. No es un colapso. Es una pérdida de sincronía que obliga a improvisar, y cuando un régimen improvisa, siempre deja huellas.
La disputa por la narrativa suele presentarse como un pleito de egos. Esa lectura es cómoda y casi siempre insuficiente. Lo que se disputa es el marco de legitimidad, el derecho a señalar traiciones, el derecho a llamar corrupción a lo que antes se llamaba movimiento, y el derecho a decidir qué se investiga y qué se administra como ruido. La propaganda no sólo oculta. También organiza disciplina. Y a veces el mensaje más importante no es lo que se publica, sino lo que se deja de publicar.
Lo que detonó esta fase no es menor: el libro Ni venganza ni perdón ha sido leído desde el periodismo de opinión como un golpe quirúrgico contra el ala dura del movimiento y, al mismo tiempo, como un reacomodo temprano de la sucesión hacia 2030. La tesis que circula es inquietante no por lo que afirma, sino por lo que sugiere: los golpes no sólo apuntan a reputaciones, apuntan a rutas de financiamiento, cadenas de mando y estructuras de protección. La reacción oficial, más que desmentir, buscó encuadrar. Eso también es información. En política, cuando el Estado se apresura a reducir algo a anécdota, suele ser porque teme que se convierta en sistema.
Aquí aparece una regla dura de inteligencia política: cuando la acusación viene desde dentro, no necesariamente es más verdadera, pero suele ser más útil. Útil para fracturar, disciplinar, desplazar competidores y reordenar pactos. Por eso importa menos el escándalo como moralina y más el escándalo como instrumento. El país ya ha visto esta secuencia: se abre una caja, se sacan nombres, se fija un culpable funcional y se cierra la tapa antes de que el público vea la estructura. A veces sí hay golpes reales. El problema es que rara vez tocan la arquitectura.
El acto lampedusiano no se sostiene sólo con relatos. Se sostiene con economías ilícitas que vuelven rentable capturar, más que gobernar. Allí el huachicol, en su versión clásica y en su versión fiscal, contrabando, subvaluación, triangulación y redes aduanales, opera como lengua franca entre crimen organizado, segmentos del Estado y élites empresariales oportunistas. El combustible ya no es un negocio; es un sistema financiero paralelo. Su valor no está únicamente en el margen de ganancia, sino en su capacidad para financiar lealtades, comprar silencios, imponer territorios y mantener aceitada una cadena de intermediarios.
Una aduana no se captura con un discurso. Se captura con turnos, facturas, permisos y una llamada.
De pronto, un audio reaparece. Y el país se mueve como si hubiera recibido una descarga. Hay algo casi mecánico en ese reflejo. El audio no sólo reabre una historia; fuerza reposicionamientos. Obliga a escoger bando, aunque sea con matices. Y deja ver el dilema permanente: si se toca la red completa, se toca al Estado; si se toca un eslabón, se salva el sistema. En esa lógica, el escándalo funciona como cuchillo de precisión. Corta donde conviene, no donde desmantela. El daño se dosifica. La impunidad se administra.
La narcopolítica, además, no necesita siempre una orden desde arriba. Muchas veces funciona como mercado: financiamiento, protección, control territorial, plazas, contratos, campañas. Por eso los señalamientos y contraseñalamientos, incluidos nombres asociados a presunto financiamiento y redes de combustible ilícito, deben leerse como lo que son en la esfera pública: alegatos, narrativas en disputa, piezas de presión. No son, por sí mismos, prueba judicial. Pero sí describen el circuito por el que suele circular el poder regional cuando la frontera entre política y contrabando se vuelve porosa. Lo relevante, para un país exhausto, no es el chisme; es su geometría. Qué áreas toca, qué actores incomoda, qué puertas obliga a cerrar.
Hasta aquí, el tablero interno. Ahora, la variable externa.
La variable externa se endureció. La cooperación México Estados Unidos en seguridad, cuando ocurre de verdad, deja rastros técnicos. Y en semanas recientes se ha descrito una cooperación que se parece menos a coordinación diplomática y más a operación con cartas abiertas: capacidades de detección y seguimiento, presión política por resultados, señales que en otro momento se habrían ocultado. En términos operativos, hay un regreso de inteligencia compartida, con condiciones. Y esas condiciones rara vez se anuncian; se ejecutan.
Aquí está el punto incómodo: el Estado necesita resultados, pero cada resultado reordena lealtades. Y cada reordenamiento produce nuevas zonas ciegas.
La implicación geopolítica es doble. Primero, el Estado mexicano entra a una fase donde debe demostrar control sin conceder soberanía, una ecuación casi imposible cuando la agenda bilateral se mueve con lógica de seguridad nacional estadounidense. Segundo, esa cooperación reordena el tablero interno: fortalece a quienes pueden operar con credenciales de eficacia y confianza externa, y debilita a quienes se vuelven tóxicos por costo reputacional o por presión internacional. En ese punto, lo que parece disciplina interna a veces es otra cosa: adaptación preventiva.
En paralelo, el caso García Luna funciona como espejo político. El argumento de que no había documentos, sólo testimonios, se usa hoy como plantilla retórica para exigir pruebas y congelar investigaciones, incluso cuando existen filtraciones, declaraciones públicas y narrativas internas que apuntan a redes. El problema no es jurídico. Es político. Es la selectividad. Se investiga cuando conviene al reacomodo; se archiva cuando amenaza el equilibrio interno. El país no sólo discute culpables; discute quién decide qué cuenta como evidencia.
Hasta aquí, todo parece federal. Pero la zona donde el Estado se vuelve más frágil es otra. En lo municipal y lo estatal, el poder real se disputa con coerción y dinero, no con comunicados. La violencia política local y la penetración criminal en gobiernos subnacionales no es un accidente; es estrategia, porque el municipio es caja registradora del territorio. Policía, obra pública, permisos, transporte, mercados, protección. Y allí el cambio suele significar cambiar de intermediario, no de modelo. La federación puede intervenir y, aun así, limitarse a administrar el conflicto. Lo suficiente para respirar, insuficiente para recuperar.
Con todo esto, la frase de Il Gattopardo deja de ser literatura y se vuelve radiografía. El régimen puede cambiar, mover a un operador, distanciar a una figura, abrir una carpeta, exhibir un audio, anunciar cooperación, y aun así mantener intacto lo esencial. Lo que cambia es el reparto. Lo que permanece es el mecanismo.
Si faltaba algo, era una prueba de realidad. No para prometer futuro, sino para medir presente. El cambio estructural no se reconoce por la intensidad del discurso ni por la cantidad de nombres que circulan. Se reconoce por tres señales menos fotogénicas: aduanas y puertos con trazabilidad verificable, judicialización que suba en la cadena de mando y no se estanque en operadores, y una contención real de la captura municipal mediante depuración policial y fiscalías funcionales.
Porque si el cambio sólo sirve para que todo siga igual, lo que viene no es una transición. Es una mutación. Y las mutaciones, cuando ocurren en sistemas capturados por economías ilícitas, suelen producir una sola cosa: más capacidad de adaptación del régimen, no más justicia para el país.
Cuando el sistema cambia, ¿qué se está reconfigurando en realidad, y qué se está blindando? Ahí está la verdadera noticia.
Mario López es columnista de análisis estratégico en Phoenix24. Escribe sobre seguridad informacional, psicología política y poder narrativo.