Mario López Ayala, PhD
Cuando la ley se dobla, el poder se libera
México , abril de 2026
En el ecosistema contemporáneo del poder, la legalidad ha dejado de ser un límite estructural para convertirse en una variable negociable. Durante décadas operó como sistema de contención institucional; hoy se reconfigura, en múltiples geografías, como instrumento selectivo de protección. En ese desplazamiento —silencioso, pero no invisible— emerge una categoría incómoda: los certificados de impunidad, un fenómeno vinculado a la impunidad política, la captura del Estado y la erosión institucional en distintos sistemas de gobierno. No existen en papel ni se anuncian en decretos; aun así, funcionan con precisión quirúrgica en los circuitos donde se decide quién responde ante la ley y quién simplemente la atraviesa.
No son anomalías; son arquitectura. Se construyen mediante reformas legales aparentemente técnicas, capturas progresivas de instituciones clave, erosión de contrapesos y una ingeniería del discurso público que no siempre se percibe en tiempo real. En términos de economía política, lo que ocurre es una redistribución del riesgo: la incertidumbre jurídica se socializa, mientras la protección se privatiza en las élites. El resultado no es la ausencia de norma, sino su aplicación diferenciada. La impunidad, en ese sentido, no elimina la ley; la administra, la dosifica, la reconfigura.
La historia reciente ofrece advertencias que no siempre son leídas como tales. Robert Mugabe (Zimbabue) convirtió la lealtad política en blindaje hasta que el deterioro económico hizo inviable el sistema que lo sostenía. Muamar el Gadafi(Libia) institucionalizó la impunidad como norma de gobierno, aunque el desenlace mostró que ese tipo de estabilidad suele ser transitoria. Viktor Yanukovych (Ucrania) operó bajo esquemas de captura institucional que terminaron desbordados por presión social. En América Latina, Alberto Fujimori (Perú) evidenció que los sistemas de blindaje pueden sostenerse durante años, pero no necesariamente de forma indefinida. Mientras tanto, Nicolás Maduro(Venezuela) encarna un caso donde la permanencia en el poder coexiste con cuestionamientos persistentes sobre la calidad institucional. En Centroamérica, Daniel Ortega (Nicaragua) ha consolidado un modelo donde los contrapesos han sido progresivamente neutralizados.
En México, Andrés Manuel López Obrador ha estado en el centro de debates sobre la redefinición del equilibrio entre el poder ejecutivo, los órganos autónomos y los mecanismos de rendición de cuentas. No se trata únicamente de decisiones específicas, sino de la forma en que se reconfigura el margen de acción dentro de los propios marcos institucionales. El caso ilustra algo más amplio: incluso en democracias formales, la legalidad puede tensionarse hasta volverse funcional al poder que la invoca.
El fenómeno no se limita a contextos de institucionalidad frágil. En Europa, Viktor Orbán (Hungría) representa un caso ampliamente estudiado de reconfiguración institucional bajo marcos legales formales. En el Reino Unido, Boris Johnson enfrentó crisis políticas que evidenciaron los límites del blindaje en sistemas democráticos consolidados. En África, Jacob Zuma (Sudáfrica) ilustró cómo la captura del Estado puede operar desde dentro de estructuras formalmente democráticas. En América del Norte, Donald Trump (Estados Unidos) ha estado en el centro de debates intensos sobre el alcance del poder ejecutivo en contextos de polarización.
Desde una perspectiva antropológica, estos mecanismos funcionan como rituales contemporáneos de legitimación. Se preservan las formas, se repiten procedimientos, se invoca el lenguaje de la legalidad. El contenido, sin embargo, se desplaza. La justicia no desaparece; se representa. El ciudadano observa audiencias, discursos, marcos normativos, pero rara vez presencia consecuencias proporcionales. La impunidad, en este contexto, no necesita ocultarse del todo: basta con administrarse con cierta regularidad.
El impacto psicológico es menos visible, pero no menor. La repetición de episodios sin sanción genera habituación social; la expectativa de justicia se ajusta gradualmente. Aparece una forma de indefensión aprendida institucional: la percepción de que ningún esfuerzo altera el resultado. Ese estado mental reduce los costos políticos de la impunidad y, en cierto sentido, la vuelve funcional. Cuando la sociedad deja de esperar justicia, el poder deja de anticiparla.
En el plano geopolítico, los certificados de impunidad operan como moneda de intercambio. Estados, corporaciones y actores transnacionales negocian estabilidad, acceso a recursos o alineamientos estratégicos a cambio de tolerancia implícita frente a prácticas cuestionables. No siempre es explícito. En diversas regiones, esta lógica ha permitido sostener equilibrios frágiles bajo una premisa tácita: mientras el sistema no colapse, la rendición de cuentas puede diferirse.
La dimensión económica introduce otra capa. Cuando las reglas pueden reinterpretarse desde el poder, los incentivos del mercado se distorsionan. La competencia deja de basarse exclusivamente en eficiencia o innovación y se desplaza hacia la proximidad con los centros de decisión. Se configura un entorno donde el acceso a estos certificados —aunque no se nombren así— influye en la asignación de oportunidades. La impunidad, entonces, deja de ser un efecto colateral.
Pero todo sistema que institucionaliza la impunidad acumula tensiones. La erosión de la confianza, la fuga de capital humano, la desinversión y la fragmentación social no siempre son inmediatas, pero tampoco desaparecen. La pregunta no es necesariamente cuándo ocurre el quiebre, sino cómo se manifiesta. A veces es abrupto; otras, más difuso. En ambos casos, el costo tiende a ser mayor que el beneficio inicial del blindaje.
Nombrar los certificados de impunidad es reconocer que el poder contemporáneo se ejerce tanto en lo visible como en lo invisible. Es aceptar que la calidad de las democracias, la estabilidad de los sistemas económicos y la solidez de los sistemas políticos se erosionan en ese espacio donde la ley deja de ser universal. No es un punto fijo; es un desplazamiento.
Porque cuando la ley deja de ser un límite, deja también de ser un refugio. Y cuando deja de ser refugio, el poder ya no necesita esconderse… pero tampoco puede hacerlo.
Mario López Ayala, PhD
Investigador y director de Phoenix24