En solo medio año, el Kremlin ha duplicado su esfuerzo militar sin precedentes, movilizando alrededor de 200 000 nuevos reclutas y comprometiendo unos 25 674 millones de dólares adicionales, como parte de una estrategia para sostener la presión en Ucrania y mantener su industria de defensa en plena marcha.
Fuentes como el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) y Reuters documentan un aumento progresivo del gasto militar ruso: mientras en 2023 el presupuesto de defensa superó los 13 billones de rublos (aproximadamente 145 mil millones de dólares), representando cerca del 6,3 % del PIB y más del 30 % del gasto estatal, este 2025 se esperan otras partidas millonarias para reforzar el despliegue en varios frentes.
El analista Pavel Luzin, del CEPA (Center for European Policy Analysis), sostiene que el gasto real —entre programas clasificados y oficiales— alcanzó los 160 mil millones de dólares en 2023, es decir, entre el 8 % y el 9 % del PIB. Esta expansión, ligada a incentivos como primas salariales superiores a los 50 000 dólares por recluta, alimenta una ola de movilización que supera los 30 000 soldados por mes.
Sin embargo, esta carrera armamentista corre el riesgo de sobrecalentar la economía. El propio presidente Vladimir Putin ha admitido presiones inflacionarias que acompañan al crecimiento del déficit fiscal y a la reorientación masiva de recursos hacia el sector militar. En respuesta, el gobierno ha impulsado aumentos de impuestos a ciudadanos y empresas, especialmente al tramo medio-alto y al sector corporativo, para financiar este esfuerzo bélico creciente.
Paralelamente, el desvío de mano de obra y financiación hacia la industria militar está generando un fenómeno de “enfermedad holandesa”: sectores civiles estratégicos pierden talento y capital, dificultando el desarrollo tecnológico y productivo de la economía no militar. Este desequilibrio también se traduce en riesgos políticos internos. Expertos del CEPA advierten que el modelo ruso de economía de comando exige continuar esta trayectoria sin retrocesos ni posibilidad de reformas estructurales.
En el plano militar, el incremento masivo de tropas y equipamiento intenta compensar las pérdidas sufridas en Ucrania, donde Moscú ha visto menguar sus capacidades humanas y materiales desde 2022. No obstante, los analistas coinciden en que esta expansión forzada puede tener efectos colaterales negativos: personal mal entrenado, saturación logística, y una peligrosa dependencia de tecnología obsoleta o de origen extranjero, en un escenario de sanciones sostenidas por parte de Occidente.
Pese a las declaraciones presidenciales que sugieren una reducción del gasto para 2026, los expertos dudan de su viabilidad. La falta de transparencia presupuestaria y el modelo de economía dirigida refuerzan la idea de que el Kremlin se encuentra en una lógica de autoconservación que depende cada vez más del aparato militar-industrial.
Así, mientras la maquinaria de guerra rusa se expande, también lo hacen las tensiones internas: una sociedad presionada por la inflación, un aparato productivo civil erosionado y una elite política cada vez más dependiente del control militar para sostener el equilibrio. El dilema estratégico de Rusia ya no es solo externo, sino interno: ¿puede sostener esta dinámica bélica sin romper su frágil estabilidad económica y social?
La respuesta se vislumbra compleja. Pero lo cierto es que, a cada rublo asignado a la guerra, Rusia compromete un pedazo más de su futuro civil.
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