La expansión biométrica redefine la experiencia fronteriza, entre eficiencia, vigilancia y debates de privacidad.
Washington / Phoenix, julio de 2025.
Estados Unidos avanza en su estrategia de vigilancia automatizada: la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) ya utiliza tecnología de reconocimiento facial en 238 aeropuertos, incluidos los 14 puntos de prechequeo internacional, y planea extender su uso a cruces terrestres mediante cámaras instaladas en vehículos que entran al país. Esta política forma parte del ambicioso programa biométrico de entrada y salida —Biometric Entry‑Exit Program— que busca completar un registro exhaustivo de viajeros internacionales mediante una plataforma cloud denominada Traveler Verification Service (TVS).
En paralelo, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) implementa el reconocimiento facial en 84 aeropuertos, con planes de sumar más de 400 puntos en los próximos años. Aunque se presenta como opcional, estudios revelan que muchos pasajeros lo perciben como obligatorio, lo que ha motivado el Traveler Privacy Protection Act, una iniciativa bipartidista en el Congreso para establecer la identificación humana como opción predeterminada y exigir la supresión inmediata de datos biométricos tras su uso.
Hoy, el proceso es casi automático desde el check‑in hasta la zona de embarque: se captura una imagen facial que se compara en segundos contra fotos de pasaporte o visa almacenadas por el CBP. Al momento, la plataforma TVS ha logrado un índice de acierto promedio superior al 98 % en salidas y 99.4 % en entradas, sin sesgo significativo según género, edad o región de origen.
La ampliación a los cruces fronterizos terrestres, lanzada desde una solicitud de propuestas hace unas semanas, busca fotografiar en tiempo real a todos los ocupantes de vehículos. Las pruebas iniciales muestran una tasa de detección de solo el 76 %, lo que implica desafíos técnicos, ambientales y legales.
Con esta expansión viene un creciente malestar ciudadano. Expertos en privacidad apuntan que la captura indiscriminada de imágenes puede erosionar libertades, replicando modelos de vigilancia masiva presentes en ciertos regímenes autoritarios. Además, organizaciones como la ACLU han señalado que, si bien los datos se eliminan tras la verificación, el riesgo de filtración o función ampliada persiste, y los viajeros usualmente ignoran sus derechos de exclusión.
El balance es complejo. Por un lado, la CBP y la TSA defienden que la automatización reduce filas, mejora la seguridad y libera al personal para tareas de inteligencia, en particular ante amenazas como redes criminales o terrorismo. Por otro lado, legisladores como Jeff Merkley y John Kennedy alertan sobre la creación de bases de datos biométricos permanentes y la imposición indirecta de tecnología que debería ser voluntaria.
Desde la perspectiva global, esta tendencia está en sintonía con aeropuertos europeos y asiáticos que integran reconocimiento facial en sus sistemas ABC o e‑gates, aunque muchos agregan mecanismos regulatorios estrictos, revisiones judiciales y límites automáticos de retención de datos.
Para los viajeros frecuentes, el futuro asoma como más fluido: desde la llegada a los prechequeos hasta el embarque, los controles podrían realizarse sin requerir documentos físicos. Pero para la sociedad en su conjunto, el quid pasa por la confianza: ¿hasta dónde estamos dispuestos a aceptar cámaras que reconocen nuestra imagen como parte del viaje cotidiano?
El desenlace podría adoptar múltiples formas. Si el proyecto de ley para la protección de la privacidad del viajero es aprobado y se fortalece la transparencia en el uso de datos, el sistema podría consolidarse como ejemplo de seguridad ética y eficiente. Si, por el contrario, la tecnología se vuelve omnipresente sin freno legal, surgirán demandas colectivas, juicios por violación de derechos civiles y una creciente movilización pública.
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