Moscú, Rusia – julio de 2025
El presidente Vladímir Putin ha firmado un nuevo decreto que permite el alistamiento de ciudadanos extranjeros en las fuerzas armadas rusas de forma permanente, incluso en periodos sin movilización nacional. Esta medida, anunciada en pleno recrudecimiento del conflicto con Ucrania, evidencia el desgaste interno de la maquinaria militar rusa y marca un giro estratégico hacia la internacionalización de su aparato bélico.
La decisión se suma a una tendencia creciente: el uso de personal extranjero como recurso táctico para evitar nuevas movilizaciones generales dentro de Rusia, que en el pasado provocaron malestar social y una fuga masiva de ciudadanos. La movilización parcial de septiembre de 2022, por ejemplo, derivó en la salida de más de 260,000 rusos del país. Ahora, Moscú opta por extender su base de reclutamiento a ciudadanos no rusos, a quienes ofrece incentivos económicos, beneficios legales y la posibilidad de obtener la ciudadanía a cambio de servicio activo.
El decreto también abre la puerta al reclutamiento de extranjeros en agencias de inteligencia como el FSB y el SVR, lo que refleja una necesidad de reforzar no solo las unidades de combate convencionales, sino también las capacidades encubiertas del Estado ruso en un contexto de guerra prolongada, ciberataques sistemáticos y confrontación indirecta con la OTAN.
Fuentes del Ministerio de Defensa británico estiman que más de 1,500 extranjeros ya han sido integrados en las filas rusas desde 2023, en su mayoría provenientes del sudeste asiático, África y antiguas repúblicas soviéticas. De estos, alrededor de 700 serían originarios de países del sur de Asia y al menos 500 de Asia Central. Además, analistas del Center for Strategic and International Studies han alertado que Rusia está utilizando estas contrataciones como un mecanismo paralelo a las movilizaciones tradicionales, buscando mano de obra militar sin alterar el delicado equilibrio político interno.
Desde América Latina, se ha denunciado que ciudadanos cubanos han sido reclutados bajo falsas promesas laborales. Testimonios recabados por organizaciones de derechos humanos revelan que varios jóvenes fueron engañados con supuestos contratos de construcción y luego trasladados al frente ucraniano. Se estima que entre 6,000 y 7,000 cubanos han sido involucrados en operaciones militares bajo bandera rusa desde 2023, con reportes de al menos 200 muertos en combate.
En Asia, medios especializados reportaron que al menos 160 ciudadanos chinos se han alistado voluntariamente, aunque bajo presión económica y con promesas incumplidas. Algunos excombatientes han filtrado testimonios sobre condiciones infrahumanas, discriminación por parte de mandos rusos y ausencia de pagos prometidos, lo que ha generado protestas informales y preocupación en sectores diplomáticos de Pekín.
Desde África y Eurasia, diversas ONGs han documentado que ciudadanos de Nepal, India, Tayikistán, Uzbekistán, Sri Lanka y Moldavia han sido incorporados mediante intermediarios privados, en algunos casos vinculados a empresas fachada con nexos indirectos con el Kremlin. Estos combatientes, técnicamente mercenarios, operan bajo contratos ambiguos y sin garantías legales claras. El número real podría oscilar entre 10,000 y 15,000 efectivos, según estimaciones cruzadas de think tanks de seguridad internacional.
Mientras tanto, Kiev asegura que las bajas rusas ya superan el millón de soldados entre muertos y heridos, lo que explicaría la urgencia de Moscú por buscar refuerzos en el extranjero. Las cifras son difíciles de verificar de forma independiente, pero fuentes militares occidentales coinciden en que las pérdidas sostenidas son “extraordinariamente elevadas” y afectan tanto a tropas regulares como a reclutas movilizados desde 2022.
El decreto de Putin también incluye una cláusula que permite el reclutamiento de extranjeros mayores de edad con formación técnica para labores de espionaje, ciberseguridad, análisis de señales e interceptación de comunicaciones. Esta disposición sugiere un intento por fortalecer los servicios de inteligencia rusos ante la creciente presión de las agencias occidentales y los recientes fracasos en operaciones encubiertas dentro de territorio europeo.
En el plano diplomático, la medida podría agravar las tensiones entre Rusia y varios países cuyos ciudadanos están siendo reclutados, algunos de ellos sin conocimiento oficial de sus gobiernos. Las relaciones bilaterales con naciones como China, Cuba o India podrían verse comprometidas si sus ciudadanos continúan apareciendo entre las bajas del conflicto. El Ministerio de Exteriores ruso, hasta el momento, no ha ofrecido aclaraciones sobre la nacionalidad de los combatientes extranjeros activos en el frente.
El nuevo decreto revela una doble estrategia del Kremlin: reducir el costo político interno de la guerra al limitar las movilizaciones domésticas, y al mismo tiempo incrementar su capacidad operativa a través de contingentes poco visibles, difícilmente rastreables y jurídicamente difusos. Sin embargo, esta internacionalización del esfuerzo bélico plantea serios desafíos éticos, legales y estratégicos.
En un escenario donde la legitimidad del Estado ruso se erosiona internamente, recurrir a combatientes extranjeros podría convertirse en un arma de doble filo. Si bien ofrece alivio táctico inmediato, también expone a Rusia a una creciente vulnerabilidad diplomática y reputacional, alimentando la narrativa de una guerra cada vez más desesperada.
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