Phoenix 24
Los trabajadores desconvocan 76 días de paro tras considerar que los servicios mínimos impuestos anulaban el derecho a la huelga.
Lisboa, septiembre 2025.
Los trabajadores de SPdH/Menzies, empresa de asistencia en tierra en los aeropuertos portugueses, decidieron desconvocar la huelga que estaba prevista para varios períodos entre el 3 de septiembre y el 2 de enero del próximo año. La decisión se tomó después de que un tribunal arbitral impusiera obligaciones de servicios mínimos que, según los sindicatos, dejaban sin efecto real el derecho a la protesta.
El conflicto surgió tras la convocatoria hecha por los sindicatos SIMA y STA para una serie de jornadas de paro intermitente que en conjunto sumaban 76 días. El Tribunal Arbitral, perteneciente al Consejo Económico y Social, determinó que debía garantizarse el cien por ciento de los vuelos nacionales e insulares, así como un treinta y cinco por ciento de los vuelos internacionales. Para los sindicatos, estas exigencias equivalían a mantener cerca del ochenta por ciento de la operación habitual, lo que excede lo que legalmente puede considerarse un servicio mínimo.
Los representantes sindicales denunciaron que la imposición de estas condiciones constituía un “auténtico ataque” al derecho de huelga de todos los trabajadores portugueses del sector. Argumentaron que continuar bajo esas reglas hacía imposible ejercer presión real sobre la empresa y aseguraron que ya se analizan otras formas de protesta que salvaguarden la dignidad y los empleos de los trabajadores.
La cancelación de la huelga representa un respiro para el tráfico aéreo en un período crítico, marcado por la temporada de invierno, las festividades navideñas y la alta demanda de vuelos. Varias aerolíneas habían advertido que podrían suspender rutas o reducir operaciones si el paro se mantenía.
El episodio refleja tensiones persistentes en el sector de asistencia en tierra, donde los trabajadores reclaman mejoras salariales, condiciones laborales más justas y mayor reconocimiento legal. También pone de relieve cómo el uso de servicios mínimos puede convertirse en una herramienta institucional que, si se aplica sin equilibrio y transparencia, limita gravemente los derechos laborales.
Este caso podría sentar precedente en otros países europeos ante conflictos similares en transporte y servicios esenciales, donde la capacidad de huelga se enfrenta a marcos legales y decisiones arbitrales que priorizan la continuidad de la operación sobre los derechos de los trabajadores.
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