Un despliegue temporal con mando compartido en instalaciones críticas refuerza la alianza, pero desata tensiones internas y despierta dudas sobre la soberanía histórica
Ciudad de Panamá, julio de 2025
Panamá y Estados Unidos han iniciado los ejercicios militares Panamax 2025, que se extenderán del 13 al 18 de julio, con el objetivo de fortalecer la defensa del Canal de Panamá y otras infraestructuras críticas. Estas maniobras coordinadas entre el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) y el Comando Sur de EE.UU. (SOUTHCOM) combinan operaciones aéreas y navales en varias bases estratégicas del país centroamericano.
En un contexto donde la geopolítica global —y en particular las presiones derivadas de la creciente presencia china en la región— plantean nuevos desafíos, los ejercicios Panamax buscan reforzar capacidades conjuntas de vigilancia, respuesta rápida y protección de la vía interoceánica. Además, incluyen la participación de fuerzas especiales, aviones F‑18 Hornet, C‑130 Hercules, P‑8 Poseidon y buques como el USS Chosin y el USS Normandy, operando en conjunto con unidades de patrulla y vigilancia panameñas.
El despliegue se enmarca en el acuerdo de seguridad firmado en abril, que permite el uso rotativo de instalaciones panameñas adyacentes al canal, aunque rechaza la instalación de bases estadounidenses permanentes. El Pentágono y el gobierno panameño han insistido en que esta presencia es “rotativa y temporal”, y no vulnera los Tratados Torrijos‑Carter de 1977, que garantizan la soberanía panameña sobre la zona canalera mientras permiten a EE.UU. intervenir solo en situaciones excepcionales dentro del marco de neutralidad.
No obstante, esas garantías no han disuelto ni mitigado completamente el malestar doméstico. Movimientos sociales panameños y sectores políticos han expresado su preocupación por una evidente cesión operativa de espacios sensibles, con denuncias que apuntan a que, en la práctica, se crea una “subordinación funcional” disfrazada de cooperación. Además de cuestionamientos sobre la transparencia del acuerdo, hay inquietud por el impacto de una influencia militar estadounidense creciente en la región.
Desde Washington, el secretario de Defensa Pete Hegseth subrayó que EE.UU. reconoce “plenamente la soberanía panameña” sobre el canal y que estas maniobras sirven para contrarrestar “la influencia maligna” de China, señalando puertos gestionados por empresas chinas como posibles focos de espionaje. A su vez, Panamá ha salido al paso, asegurando que no ha entregado soberanía y que mantiene el control total del enclave marítimo.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se reunieron en el Palacio de las Garzas, en la ciudad de Panamá el 24 de junio de 2025 (Anna Moneymaker/REUTERS)
Este escenario también incluye el trasfondo de un memorando emitido por el expresidente Trump, que instaba al Pentágono a explorar “opciones militares creíbles” para proteger el canal, en respuesta a las inversiones de empresas como CK Hutchison en terminales y a la creciente presencia de operadoras chinas. Varios analistas han advertido que esa directriz representaba una ruptura significativa con respecto a los acuerdos de defensa bilateral establecidos desde 1977, levantando interrogantes sobre la legalidad y transparencia del proceso.
En su perspectiva geopolítica, este reimpulso militar forma parte de una estrategia mayor de Estados Unidos para reafirmar su posición hegemónica en el hemisferio occidental frente a un acercamiento chino al istmo, incluyendo servicios logísticos y comerciales. Las maniobras Panamax funcionan como señal de disuasión directa, pero también como componente de una narrativa diplomática diseñada para tranquilidad de aliados y alerta a competidores.
Desde un ángulo estratégico, la campaña se apoya en la jurisprudencia de los Tratados Torrijos‑Carter, que permitieron a EE.UU. mantener un rol de defensa hasta que Panamá asumiera la soberanía completa en 1999. Sin embargo, el marco contemporáneo añade matices: los ejercicios rotativos en bases como Rodman y Fort Sherman, cedidas tras la reversión en 1999, se convierten en piezas clave de una presencia que es funcionalmente significativa aunque nominalmente temporal.
Este equilibrio entre cooperación y control proyecta riesgos políticos internos para Panamá. Las movilizaciones populares han logrado captar la atención tanto de la opinión pública local como de la comunidad diplomática de la región, que temen una erosión silenciosa de la soberanía nacional. El uso de instalaciones para deportaciones, la cancelación de acuerdos con China (incluyendo el BRI), y la reinterpretación del alcance de “neutralidad canalera” forman parte de una ecuación compleja que desafía las expectativas tradicionales sobre el orden regional.
En un escenario más amplio, Panamá se halla en la encrucijada de definir hasta qué punto puede integrarse más profundamente en la agenda de seguridad de EE.UU. sin comprometer su independencia diplomática. La apuesta está en mantener un equilibrio preciso: aprovechar los recursos y capacidades defensivas que ofrece la alianza, sin permitir que el país recaiga en una dependencia estratégica que desdibuja la soberanía recuperada a finales del siglo XX.
Las próximas semanas marcarán un punto de inflexión: si los ejercicios transcurren sin incidentes mayores, la narrativa bilateral ganará legitimidad internacional. Si, por el contrario, emergen disputas políticas o fallas en transparencia, el costo interno podría ser alto. Panamá enfrenta un desafío dual: proteger su principal activo geoeconómico —el canal— y, al mismo tiempo, preservar la autonomía que costó décadas recuperar.
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