En pleno riesgo de hambruna, los civiles pagaron con su vida la reconfiguración de la ayuda humanitaria bajo fuego militar
Ginebra/Gaza, julio de 2025. Un informe reciente de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU reveló que entre finales de mayo y el 21 de julio las fuerzas israelíes mataron a al menos 1 054 personas, entre ellas decenas de niños, mientras intentaban obtener alimentos en Gaza. Las muertes se registraron principalmente cerca de puntos gestionados por una empresa estadounidense respaldada por Israel, así como en convoyes operados por agencias humanitarias, todo en un contexto de hambruna inminente.
Este organismo de la ONU atribuye esas muertes a disparos letales de la fuerza militar israelí. Según los registros oficiales, 766 individuos fueron alcanzados en los sitios operados por la fundación estadounidense, y 288 cerca de convoyes de organizaciones internacionales.
La tragedia se desarrolla sobre un fondo de bloqueo parcial impuesto en marzo, prolongado hasta finales de mayo, lo que agravó una crisis alimentaria y sanitaria sin precedentes. Desde ese momento, Gaza —con más de 2 millones de habitantes— vivió una reducción drástica de suministros básicos, mientras las agencias alertaban sobre el riesgo de hambruna.
El estallido de violencia alrededor de los puntos de ayuda no es un fenómeno aislado. Desde fines de mayo, se documentaron al menos 875 asesinatos y cerca de 4 900 heridos, en su mayoría por disparos, durante las primeras semanas. Médicos sin Fronteras y agencias como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU advirtieron sobre un patrón sistemático de fuego directo contra civiles que esperaban comida o asistencia.
Además de las muertes por disparos, se reportan víctimas mortales por inanición: en los últimos días, según el Ministerio de Salud de Gaza, 101 individuos, 80 de ellos niños, murieron por desnutrición severa.
La entidad humanitaria responsable de la distribución, Gaza Humanitarian Foundation (GHF), dependiente de fondos estadounidenses e israelíes, ha sido duramente criticada por no garantizar seguridad ni neutralidad en sus operaciones. Tras los primeros incidentes, se documentaron prácticas polémicas: uso de alambradas, filtros biométricos y presencia de personal fuertemente armado para “control de multitudes”. Varios trabajadores han denunciado que se disparó contra gente desarmada.
Israel, por su parte, rechaza la imputación de responsabilidad directa. El ejército ha señalado que sus intervenciones consisten en “tiros de advertencia” y atribuye gran parte de los incidentes al caos generado por grupos afiliados a Hamas o disturbios civiles. Desde Tel Aviv también denuncian que la ONU no ha demostrado que cada víctima abatida estuviera claramente identificada como civil.
Sin embargo, ese argumento no logró minimizar el llamado de condena desde organismos multilaterales. El secretario general António Guterres afirmó que los “últimos rescoldos de vida en Gaza están en peligro”, y pidió investigaciones independientes sobre si estos hechos constituyen crímenes de guerra.
Simultáneamente, organizaciones como Amnistía Internacional, Médicos Sin Fronteras y UNICEF han calificado estas acciones como violaciones graves al derecho internacional humanitario. Han reclamado que privar deliberadamente a civiles desnutridos de asistencia puede ser considerado un arma de guerra.
En el plano diplomático, la respuesta ha sido inmediata. La jefa de política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, advirtió que si no cesan estos hechos “todas las opciones están sobre la mesa”, en lo que se interpreta como posible disciplina económica o política. En paralelo, investigadores europeos ya han abierto carpetas sobre posibles sanciones directas a comandantes involucrados.
En Gaza, la situación sigue deteriorándose. Las cifras actualizadas indican que en un solo día murieron más de 80 civiles, incluidos más de 30 en filas de ayuda. La acumulación de muertes, heridos y exposición mediática potencia una crisis humanitaria sin precedentes, al borde de un colapso nutricional masivo.
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