Cuando la calma se convierte en espectáculo, la confianza es la primera víctima.
Culiacán, octubre de 2025.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) lanzó una alerta pública sobre el deterioro económico y social que ha provocado la guerra interna del Cártel de Sinaloa, advirtiendo que la simulación de normalidad por parte de las autoridades está debilitando la confianza y fracturando la estabilidad productiva del estado.
El pronunciamiento, difundido entre los principales organismos empresariales del país, describe una realidad que contrasta con los discursos oficiales de control: enfrentamientos armados intermitentes, bloqueos carreteros y una migración silenciosa de familias y trabajadores hacia el sur del país. La patronal señala que, mientras se inauguran obras públicas y se mantienen actos oficiales, los municipios operan bajo una “paz aparente” que solo existe en la narrativa política.
Datos recabados por observatorios financieros y cámaras locales indican que más del 25 % de las pequeñas y medianas empresas han reducido turnos o cerrado temporalmente por amenazas, cobros ilegales y la interrupción de cadenas logísticas. El Banco de México detectó además una caída anómala en la demanda de crédito empresarial en la región, mientras el Banco Interamericano de Desarrollo advierte que la combinación de violencia y desconfianza podría costar decenas de miles de empleos antes de fin de año.
La situación preocupa también fuera del país. Analistas del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE señalan que el repunte del riesgo interno mexicano podría afectar la percepción de inversión extranjera directa en sectores agroexportadores y de manufactura ligera, precisamente aquellos con mayor exposición a la violencia rural.
En el terreno social, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido reportes sobre desplazamientos forzados en zonas agrícolas y la reducción de servicios públicos en comunidades bajo control criminal. Líderes religiosos y organizaciones civiles describen un fenómeno dual: ciudades que aparentan estabilidad mientras en los márgenes se impone un orden paralelo basado en miedo y cobro de piso.
Coparmex exige una estrategia coordinada de seguridad con participación federal, transparencia en los indicadores de violencia y un plan de estímulos económicos para evitar el colapso de la confianza empresarial. Su mensaje es directo: la negación institucional no disuelve la violencia, solo la normaliza.
La economía de Sinaloa —productiva, agroindustrial y exportadora— se sostiene hoy sobre una delgada línea de resistencia. Cada cierre de empresa, cada familia desplazada y cada calle vacía son recordatorios de que la normalidad no se decreta: se construye con seguridad, verdad y Estado.
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