Ciudad de México, julio de 2025. En un país donde el periodismo de investigación es una de las profesiones de mayor riesgo, el reportero Óscar Balderas ha vuelto a alzar la voz. Esta semana, denunció públicamente haber recibido al menos tres llamadas anónimas con amenazas explícitas de muerte, tras sus recientes investigaciones sobre estructuras criminales, alianzas entre cárteles y vínculos con autoridades. “No me dejen solo”, pidió, visibilizando un acoso creciente que refleja un contexto preocupante para la libertad de prensa en México.
Balderas, reconocido por su cobertura implacable del crimen organizado, ha expuesto detalles recientes sobre pactos entre el CJNG y “Los Chapitos”, así como declaraciones de Ovidio Guzmán en tribunales de Estados Unidos que comprometen a funcionarios públicos. Sin embargo, su trabajo ha tenido un costo. De acuerdo con medios nacionales, el periodista anunció que se han registrado llamadas desde números privados advirtiendo de consecuencias letales si no cesa su labor periodística.
Este tipo de agresiones no es nuevo en México. Hace menos de una década, el periodista Pedro Tamayo fue asesinado a tiros a pesar de contar con protección estatal, tras denunciar fosas clandestinas en Veracruz. La reciente amenaza a Balderas revive ese oscuro historial y pone en evidencia los riesgos que enfrentan quienes investigan estructuras delictivas vinculadas al poder político.
Balderas ha reivindicado su trabajo como un servicio público necesario. Sus investigaciones han revelado conexiones entre narcotraficantes extraditados y figuras políticas, poniendo en jaque a redes paralelas que operan con impunidad. Su más reciente denuncia, relacionada con el episodio “Ovidio está cantando”, encendió alarmas sobre el uso de testigos y delaciones para incriminar a altos funcionarios.
La relevancia del caso trasciende lo individual. En México, más de 140 periodistas han sido asesinados en ejercicio de su profesión desde finales del siglo XX, y cientos más han sido amenazados, agredidos o forzados al exilio. Organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Reporteros Sin Fronteras han denunciado el deterioro estructural de la libertad de expresión en el país.
Balderas ha hecho un llamado tanto a las instituciones como a la sociedad civil: exigir mecanismos efectivos de protección, garantizar investigaciones independientes y romper la cultura de silencio impuesta por mafias y compadrazgos políticos. “El mensaje es claro: mi silencio no servirá al país, y sí puede costar vidas”, señaló en recientes entrevistas.
Desde organismos de defensa de la prensa se subraya que proteger a periodistas no es un acto opcional sino una obligación constitucional del Estado mexicano. Las amenazas contra Balderas también cuestionan la capacidad institucional de prevención y el verdadero compromiso con la rendición de cuentas. Para muchos, su caso debería detonar una respuesta inmediata del gobierno, activando protocolos efectivos y sanciones para quienes buscan silenciar voces críticas.
El caso también pone de relieve la dimensión digital del hostigamiento criminal. Las amenazas llegaron vía llamadas telefónicas, pero se inscriben en un patrón más amplio de acoso desde redes sociales y plataformas digitales. La masiva exposición mediática de Balderas, sumada a su nombre circulando en audios de filtraciones recientes, incrementa su vulnerabilidad en un entorno ya de por sí letal.
Ante este panorama, la pregunta es clara: ¿qué tan protegidos están los periodistas en México? Y más urgente aún: ¿quién responderá si a Balderas se le arrebata la voz? Cuando un reportero pide “no me dejen solo”, el eco debe alcanzar no solo las esferas del poder, sino también la conciencia de cada ciudadano que cree en el derecho a saber.
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