Cuando el miedo se vuelve estrategia, el Estado entra a examen.
Ciudad de México, febrero de 2026. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, no abrió un simple episodio de revancha criminal. Abrió una prueba de estrés para el Estado mexicano en tres frentes simultáneos: el territorial, el psicológico y el político. En los días posteriores al operativo federal en Jalisco, la respuesta del CJNG no se limitó a la violencia armada convencional; se expresó también en bloqueos, incendios, interrupción de movilidad, afectación civil y una expansión deliberada del miedo como mecanismo de control social. Reuters, EL PAÍS y AP han documentado la magnitud de la reacción y su impacto nacional, así como el peso simbólico del golpe al liderazgo del cártel.
Lo primero que debe decirse con claridad es que una parte de la clase política mexicana sigue leyendo esta coyuntura con categorías pequeñas para un problema grande. Ese es el enanismo político: reducir una mutación operativa del crimen organizado a un problema de orden público, de imagen gubernamental o de costo electoral de corto plazo. Cuando un actor criminal demuestra capacidad de castigar territorios, alterar rutinas civiles, tensionar cadenas logísticas y contaminar el ecosistema informativo con narrativas de pánico, ya no estamos únicamente ante delincuencia de alto impacto. Estamos frente a una forma de coerción híbrida que busca erosionar la percepción de autoridad del Estado. Reuters reportó precisamente que, tras la muerte de El Mencho, circularon olas de desinformación y contenidos falsos para amplificar miedo y confusión, una dimensión que confirma que la batalla también se libra en la mente pública.
En ese sentido, el debate no es solo cuántos vehículos fueron incendiados o cuántos bloqueos se instalaron. El debate de fondo es qué mensaje estratégico quiso enviar el CJNG: podemos seguir golpeando aun después de perder a nuestro líder; podemos multiplicar el temor más rápido que la información oficial; podemos convertir la incertidumbre en arma. Esa es lógica de guerra irregular aplicada por una estructura criminal con aprendizaje operativo acumulado, redes regionales y capacidad para combinar acción armada, intimidación comunitaria y propaganda de terror. La cronología publicada por EL PAÍS refuerza esa lectura al mostrar cómo el impacto del operativo se trasladó rápidamente a distintos puntos del país y a la conversación pública nacional e internacional.
En este contexto, el debate público ya incorpora una hipótesis de alto impacto que no puede despacharse con ligereza: el posible apoyo extranjero al CJNG en entrenamiento y capacidades tácticas. Raymundo Riva Palacio lo ha planteado de forma explícita al señalar respaldo de mercenarios extranjeros y asesoría de perfiles foráneos. En una columna responsable, ese punto debe citarse como una afirmación atribuida y someterse a contraste, no asumirse automáticamente como hecho consumado. Pero incluso en ese carácter preliminar, la sola posibilidad revela la magnitud del problema: México no estaría enfrentando únicamente una escalada criminal, sino una expresión más sofisticada de guerra irregular con efectos psicológicos, territoriales y políticos sobre la población y sobre la percepción de autoridad del Estado.
Aquí conviene una precisión metodológica que fortalece, no debilita, la tesis. Que una afirmación aún requiera verificación plena no significa que sea irrelevante. Significa que debe tratarse con rigor. Y el rigor, en este caso, exige observar tendencias previas: la profesionalización táctica de ciertas células criminales, la circulación transnacional de know how violento y la hibridación entre economías ilícitas, inteligencia criminal y operaciones de influencia. Negar esa posibilidad por reflejo ideológico sería tan irresponsable como afirmarla sin prueba. El punto serio es otro: México ya enfrenta organizaciones capaces de pensar en términos de teatro operacional, efectos psicológicos y control narrativo.
Por eso, la respuesta del Estado no puede quedar atrapada entre el triunfalismo y la negación. La caída de El Mencho puede ser un golpe histórico, pero un golpe histórico no equivale automáticamente a victoria estratégica. La pregunta central es si el Estado mexicano, en su dimensión civil, policial, militar, judicial y comunicacional, tiene la capacidad de convertir ese golpe en una degradación sostenida del aparato criminal. Si no se desmantelan finanzas, redes de corrupción local, nodos logísticos, halconeo, reclutamiento y propaganda, el vacío de mando puede traducirse en fragmentación violenta y nuevas escaladas.
En este punto, sí es razonable plantear un voto de confianza institucional al Ejército y a la Marina, no como cheque en blanco, sino como reconocimiento de una realidad incómoda: cuando la amenaza rebasa a las capacidades locales y a las policías capturadas o intimidadas, las fuerzas federales y armadas se vuelven el principal dique operativo del Estado. Reuters y otras coberturas han subrayado la escala del operativo y el costo humano de la confrontación, así como la cooperación de inteligencia internacional en la localización del objetivo. Esa realidad obliga a una discusión adulta: respaldo institucional, supervisión legal estricta y estrategia nacional de largo aliento, todo al mismo tiempo.
El verdadero riesgo no es solo la capacidad de fuego del CJNG. El verdadero riesgo es que la élite política siga reaccionando con lenguaje de conferencia de prensa mientras el país entra en una fase de disputa psicológica por la autoridad, la confianza y la normalidad. El enanismo político se revela cuando se confunde prudencia con pasividad, o cuando se disfraza de mesura la incapacidad de nombrar la gravedad del momento. Un Estado que no entiende el componente emocional de la guerra criminal llega tarde incluso cuando llega con armas.
México necesita, con urgencia, una doctrina pública de respuesta a la violencia criminal de nueva generación: inteligencia interagencial, protección de policías municipales vulnerables, blindaje de infraestructura crítica, protocolos contra desinformación de crisis, comunicación oficial de alta credibilidad y una narrativa nacional que no banalice el miedo ciudadano ni lo entregue como botín a la propaganda criminal. La soberanía no se defiende solo en el terreno; también se defiende en la mente colectiva, en la legitimidad institucional y en la capacidad de mantener cohesión social bajo presión.
Lo que está en juego no es únicamente la sucesión de un cártel. Lo que está en juego es si México puede leer correctamente el tipo de guerra que tiene enfrente. Si la respuesta pública sigue siendo enana ante una amenaza que ya piensa en grande, el costo no será solo de seguridad. Será de Estado.
Mario López Ayala es columnista de análisis estratégico en Phoenix24. Escribe sobre seguridad informacional, psicología política y poder narrativo.