En 72 horas fueron arrestadas al menos 20 personas, mientras crece la presión internacional sobre el régimen venezolano
Caracas, julio de 2025. La líder opositora María Corina Machado denunció una nueva ola de detenciones políticas en Venezuela. En las últimas 72 horas, al menos veinte personas habrían sido arrestadas por el régimen de Nicolás Maduro, muchas de ellas sin orden judicial ni paradero confirmado. Según el entorno de Machado, varios de los detenidos pertenecen a redes de apoyo ciudadano, testigos de procesos electorales o exintegrantes de comandos municipales de campaña.
La denuncia surge en un contexto delicado para el chavismo, que ha sido objeto de crecientes cuestionamientos internacionales tras los comicios presidenciales de mayo, en los que Maduro fue reelegido en medio de acusaciones de irregularidades, abstención masiva y bloqueo de candidaturas opositoras. Para Machado, estas nuevas detenciones confirman una estrategia de represión dosificada, en la que se busca neutralizar la estructura operativa de sus bases sociales mientras se mantienen gestos aparentes de apertura para el exterior.
Desde su cuenta oficial, Machado advirtió que el gobierno está utilizando lo que denominó una “puerta giratoria de represión”: por un lado, anuncia excarcelaciones como gestos de distensión ante observadores internacionales; por el otro, reactiva detenciones selectivas de ciudadanos vinculados a su movimiento. A juicio de la dirigente, el chavismo “libera para negociar y encarcela para seguir infundiendo miedo”.
Este patrón ha sido señalado también por organizaciones como el Foro Penal y Provea, que registran más de 900 personas aún privadas de libertad por razones políticas, incluso después de las excarcelaciones recientes. De acuerdo con estas ONG, muchas de las personas liberadas durante el fin de semana pasado estaban detenidas sin juicio formal desde hace más de un año, lo cual, lejos de significar una rectificación judicial, responde a un cálculo político del poder central.
La oposición también ha denunciado que algunas de estas detenciones estarían vinculadas con represalias por denuncias ciudadanas sobre irregularidades en los procesos de inscripción electoral, así como por manifestaciones comunitarias en regiones como Barinas, Zulia y Táchira. Según testimonios recopilados por equipos jurídicos opositores, en varios casos se habría violado el debido proceso, incluyendo incomunicación, traslados arbitrarios y retención de menores de edad.
La narrativa de represión controlada no es nueva, pero ha cobrado fuerza luego de que observadores independientes y organismos multilaterales como la CIDH, Amnistía Internacional y el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos documentaran casos de persecución selectiva durante y después del ciclo electoral venezolano. La acusación principal señala que el aparato judicial y policial del Estado estaría siendo instrumentalizado como herramienta de silenciamiento político.
Machado ha solicitado una respuesta urgente por parte de instancias internacionales. En su declaración más reciente exigió al sistema interamericano y a países con mediación diplomática activa —como Brasil, Colombia y Noruega— que dejen de validar, en sus palabras, “una falsa narrativa de transición cuando lo que hay es una dictadura en plena ofensiva”. También hizo un llamado a mantener el foco en las víctimas anónimas: “Cada nombre en esas listas representa una familia rota, un proyecto detenido, un país herido”.
Por su parte, el gobierno de Venezuela no ha emitido respuesta oficial a estas denuncias. Sin embargo, voceros del Ministerio de Comunicación han declarado que las recientes detenciones se ajustan a procesos penales por delitos comunes, como sabotaje o conspiración, sin admitir vínculo político alguno. Esta narrativa ha sido rechazada por múltiples actores de la sociedad civil, quienes insisten en que los cargos son fabricados o desproporcionados.
En el plano diplomático, la situación añade tensión al ya frágil proceso de diálogo que actores internacionales intentan mantener con el gobierno de Caracas. Mientras algunos países han retomado relaciones consulares, otros —especialmente dentro de la Unión Europea— evalúan imponer nuevas sanciones personales a funcionarios judiciales implicados en casos de persecución documentada.
La denuncia de María Corina Machado resuena no solo por el número de detenidos, sino porque confirma un patrón persistente: el uso intermitente de la represión como mecanismo de control social, bajo el disfraz de normalidad institucional. A medida que se profundiza esta dinámica, se refuerza también la idea de que en Venezuela la estabilidad aparente tiene un precio: el de cientos de ciudadanos arrestados, invisibilizados o forzados al exilio.
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