Mario López Ayala, PhD
Cuando México no ocupa su silla, otros rediseñan el continente.
No fue un accidente protocolario. Tampoco una omisión menor. Lo que ocurrió en Florida el 7 de marzo de 2026, durante la cumbre “Shield of the Americas”, fue la escenificación de un reacomodo hemisférico con implicaciones mucho más profundas que una fotografía sin México. Washington volvió a colocar la seguridad continental en el centro de su lenguaje estratégico, Donald Trump asumió el papel de conductor político del momento y Pete Hegseth operó el registro militar de una narrativa que ya no se conforma con hablar de cooperación. La nueva coalición anticárteles anunciada ahí, con 17 países incorporados según Trump, no debe leerse solo como una plataforma de combate al crimen organizado. Debe leerse como algo más delicado: el regreso de una racionalidad de intervención hemisférica legitimada por el colapso de la seguridad en ciertas zonas del continente y por la percepción, cada vez más instalada, de que algunos Estados ya no controlan plenamente su propio territorio político y criminal.
Ese es el punto de inflexión. El narcotráfico deja de presentarse únicamente como una economía ilícita y comienza a ser formulado como una amenaza de orden civilizatorio. Cuando Trump habla de una región lista para desplegar poder duro para defender la seguridad y la civilización, no está improvisando una frase de campaña. Está construyendo un marco. Y los marcos importan. Primero ordenan el lenguaje. Después ordenan la política. Al final, terminan ordenando la excepcionalidad. Lo que ayer era cooperación en inteligencia, mañana puede traducirse en presión operativa, condicionalidad diplomática, sanciones selectivas o formas más agresivas de injerencia justificadas bajo el argumento de que el enemigo ya no es un actor político clásico, sino una red criminal transnacional con capacidad de contaminar gobiernos, partidos, policías, aduanas, alcaldías, congresos y circuitos económicos completos.
Lo decisivo no fue solamente lo que se dijo desde el podio. Fue la composición misma del cuadro. Ahí estuvieron Javier Milei, Nayib Bukele, Daniel Noboa y José Antonio Kast, es decir, una constelación de liderazgos alineados con la nueva derecha hemisférica y con una lectura dura de la seguridad. México no estuvo. Tampoco Brasil ni Colombia. Y esa ausencia conjunta dice más que muchos comunicados. Una arquitectura regional seria de combate al narcotráfico no puede sostenerse sin las tres piezas estatales que concentran parte sustancial de las rutas, mercados, flujos financieros, plataformas logísticas y tensiones criminales más relevantes del continente. Por eso el evento de Florida no pareció una alianza hemisférica integral, sino una coalición filtrada por afinidades ideológicas. Nació con fuerza escénica, sí, pero también con una fractura estructural en su ADN.
Aun así, la silla vacía de México tiene un peso específico singular. Porque una silla vacía, en geopolítica, no se queda vacía. La ocupa el relato del otro. La llena la doctrina del otro. La administra la narrativa del otro. Cuando un actor central no está presente en la mesa donde se redefine el problema, pierde capacidad para discutir no solo las medidas, sino la propia definición de la amenaza. Y eso es lo que resulta más inquietante para México: no haber disputado el lenguaje con el que Washington empieza a reconstruir el mapa moral y militar de la seguridad continental. Quien define el problema suele terminar delimitando también las soluciones aceptables, los tiempos de presión, los márgenes de obediencia y los costos del desacato.
La historia interamericana ofrece un espejo incómodo. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, se creó la Junta Interamericana de Defensa como mecanismo de coordinación continental frente a amenazas externas. En 1947, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca formalizó la lógica de solidaridad hemisférica bajo la idea de que una amenaza contra uno podía ser tratada como una amenaza contra todos. Desde entonces, el sistema interamericano ha oscilado entre la promesa de cooperación y la gravitación ineludible del poder estadounidense. Lo que hoy se perfila no es una repetición mecánica de aquel diseño, pero sí una actualización de su lógica profunda: una amenaza superior, un lenguaje común de defensa, una apelación a la seguridad colectiva y, detrás de todo ello, la capacidad de Washington para decidir cuándo la solidaridad continental empieza a parecerse demasiado a la subordinación estratégica.
La diferencia es que el enemigo ya no es una potencia estatal visible, sino una constelación de actores híbridos: cárteles, redes de lavado, estructuras armadas, intermediarios políticos, financistas, operadores locales y zonas de captura institucional. Eso vuelve el problema más difuso, más emocionalmente manipulable y más fértil para doctrinas de excepción. La amenaza criminal transnacional tiene una ventaja funcional para quienes quieren ampliar la noción de intervención: no posee fronteras claras, se infiltra en los pliegues del Estado, muta de forma y vuelve muy difícil establecer un punto nítido entre cooperación legítima e injerencia escalonada. Cuando esa ambigüedad se cruza con rivalidad geoeconómica y con el fantasma de la influencia china en América Latina, el resultado es explosivo. El crimen ya no aparece solo como crimen. Aparece como vector de vulnerabilidad estratégica hemisférica.
México entra a esta coyuntura desde una posición particularmente frágil. No porque haya perdido toda capacidad de respuesta, sino porque llega con demasiadas fisuras abiertas al mismo tiempo. La más delicada no es militar. Es político institucional. El problema de fondo no consiste en afirmar, de manera vulgar y sin prueba, que un partido entero esté capturado por el narcotráfico. Esa simplificación sería intelectualmente torpe y periodísticamente irresponsable. El problema real es más inquietante porque es más complejo: la penetración criminal en segmentos del sistema político mexicano ha dejado de ser una sospecha periférica y se ha convertido en una variable permanente de lectura nacional e internacional.
En ese terreno, Morena y el PT aparecen bajo una atención especial no porque pueda afirmarse seriamente una colonización total de sus estructuras, sino porque distintos reportes, señalamientos y presiones externas han colocado a figuras del oficialismo y su entorno bajo un foco incómodo. En 2025 se reportó que funcionarios estadounidenses presionaron al gobierno mexicano para investigar a políticos presuntamente vinculados con el crimen organizado, incluyendo perfiles asociados a Morena. La respuesta oficial fue el rechazo. Sheinbaum negó que Washington hubiera entregado nombres concretos y rechazó la narrativa de intervención política. Sin embargo, el hecho relevante no estuvo solo en la disputa sobre listas o nombres. Estuvo en la mutación del expediente bilateral: la sospecha de narcopolítica comenzó a instalarse ya no como rumor de sobremesa o arma electoral interna, sino como asunto de seguridad observado desde fuera.
Ese desplazamiento importa mucho. Cuando la narcopolítica deja de ser solo un problema doméstico y pasa a formar parte de la conversación estratégica con Estados Unidos, cambia la escala del riesgo. Ya no se trata únicamente de corrupción local o de pactos regionales con caudillos criminales. Se trata de la posibilidad de que actores externos concluyan que ciertas franjas del sistema de representación mexicana son demasiado porosas para considerarlas interlocutoras confiables en materia de seguridad. Ese tipo de percepción, justa o injusta, comprobada o apenas sugerida, modifica la relación de fuerzas. Debilita la posición negociadora del Estado mexicano. Le resta autoridad moral. Lo obliga a defenderse en un terreno cada vez más resbaladizo.
Más aún, las sanciones estadounidenses de septiembre de 2025 contra una legisladora federal de Morena, acusada de vínculos con un operador político del cártel de Sinaloa vinculado a la facción de “El Mayo”, no demostraron por sí solas que el sistema partidista estuviera colonizado. Pero sí evidenciaron algo grave: las redes criminales han dejado de operar exclusivamente en la periferia informal del Estado y han mostrado capacidad para acercarse, contaminar o utilizar corredores de representación y protección institucional. Ahí ya no se trata solo de violencia. Se trata de mediación. De traducción política. De captura blanda. De protección selectiva. De zonas grises donde la frontera entre partido, operador territorial, estructura clientelar y economía criminal comienza a volverse opaca.
Y esa opacidad tiene consecuencias psicológicas, antropológicas y psiquiátricas en el tejido público. Desde la psicología política, la silla vacía de México proyecta indefensión estratégica. Sugiere un Estado ausente en el momento en que se discute el régimen de administración de la amenaza que más profundamente ha erosionado su credibilidad territorial. Desde la antropología del poder, la ausencia tiene un espesor ritual: quien no está en la mesa no participa plenamente en la distribución simbólica de jerarquías, legitimidades y permisos. Toda cumbre de seguridad es, en el fondo, una ceremonia de ordenamiento. Los invitados no solo conversan. Se reconocen, se miden, se clasifican. Quedar fuera de ese rito dice algo sobre la estructura de pertenencia. Dice algo, también, sobre quién es considerado socio y quién empieza a ser tratado como problema.
Desde una lectura psiquiátrica del clima social, sin patologizar personas ni naciones, este tipo de escena activa una secuencia reconocible: ansiedad colectiva, percepción de descontrol, erosión de la confianza institucional y creciente tolerancia ciudadana hacia respuestas expeditas. Ese es el suelo emocional preferido de las doctrinas de excepción. No requieren consenso pleno. Les basta con fatiga social, miedo disperso y una narrativa suficientemente convincente de urgencia civilizatoria. México conoce demasiado bien esa deriva. La guerra contra el narco ya dejó cicatrices profundas cuando se convirtió en dispositivo de militarización interna sin resolver las raíces económicas, políticas y administrativas del fenómeno. El problema es que hoy el entorno hemisférico parece estar dispuesto a repetir la lógica en una escala mayor y con un nuevo envoltorio geopolítico.
La pregunta de fondo ya no es si Estados Unidos quiere ampliar su margen de intervención en el continente. Esa intención está visible. La pregunta es si México comprende la magnitud del momento o si todavía cree que puede administrar este reacomodo con semántica defensiva, cálculo electoral y control narrativo doméstico. Porque cuando la principal potencia militar del hemisferio logra reunir a 17 países bajo una coalición anticárteles y México queda fuera, el vacío deja de ser una ausencia pasiva. Se convierte en un espacio disponible para doctrina, presión diplomática, inteligencia compartida y, eventualmente, tentaciones más invasivas.
La silla vacía de México no debe leerse solo como una imagen incómoda. Debe leerse como síntoma. Síntoma de un país cuya soberanía formal sigue intacta, pero cuya autoridad territorial y credibilidad institucional enfrentan un desgaste acumulativo. Síntoma de una clase política que durante años normalizó la convivencia con zonas grises de poder local sin entender que, en algún momento, la suma de esas tolerancias sería reinterpretada desde afuera como incapacidad sistémica. Síntoma, también, de un nuevo orden hemisférico que parece dispuesto a usar el narcotráfico como llave de reconfiguración regional.
El riesgo para México no es solo ser presionado. Es ser redefinido. Y cuando un Estado empieza a ser redefinido por otros como territorio de amenaza, de contaminación o de administración fallida, la discusión deja de girar alrededor de la cooperación y comienza a deslizarse hacia otra zona, mucho más incómoda, donde la pregunta ya no es cómo ayudarlo, sino hasta dónde intervenir sin nombrar la intervención como tal.
Mario López Ayala es columnista de análisis estratégico en Phoenix24. Escribe sobre seguridad informacional, psicología política y poder narrativo.