Cuando una nación empuja el salario más allá de su productividad, y además lo hace en medio de estructuras fiscales tensas y un andamiaje de seguridad perforado, el concepto del nuevo cero deja de ser metáfora. Empieza a sentirse en la piel del país, aunque pocos quieran admitirlo en voz alta.
Ciudad de México, diciembre de 2025
México se encuentra en ese punto extraño en el que el discurso político celebra avances sociales contundentes mientras la economía, que siempre lleva su propio ritmo, muestra señales que no combinan bien con el entusiasmo. El salario mínimo ha crecido con una velocidad inédita. La transición hacia una jornada de cuarenta horas avanza sin pausas. Y el gasto social, que intenta corregir inequidades históricas, sostiene una narrativa que conecta emocionalmente con millones. Sin embargo, en el trasfondo se escucha otra conversación, más incómoda y menos visible. ¿Puede el país sostener este impulso sin que su moneda, su competitividad y su estructura fiscal terminen inclinándose hacia un nuevo equilibrio menos favorable?
La respuesta, aunque nadie quiere decirlo así, depende de un conjunto de tensiones que se mueven simultáneamente. Primero, la presión fiscal. No es un fenómeno local ni aislado. Es un triángulo completo. En lo federal, los ingresos siguen sin alcanzar para una economía que demanda infraestructura moderna, seguridad real y un sistema de salud que no dependa de heroicidades. En los estados, la brecha entre responsabilidades y recursos se amplía, lo que incentiva a gobiernos a recurrir a recargos y trámites que funcionan más como mecanismos de sobrevivencia que como políticas públicas pensadas. Y en los municipios, donde la realidad es más cruda, la dependencia de negocios locales termina convirtiendo la fiscalidad en un laberinto que castiga desproporcionadamente a quien opera legalmente.
Luego está la inseguridad, un elemento que se cuela en cualquier análisis serio del país. Para muchos centros de riesgo en América del Norte, operar en México implica asumir costos que raramente aparecen en balance oficial. Transportistas que blindan rutas, aseguradoras que elevan primas, empresas que incorporan equipos de seguridad como parte de su nómina, estados completos donde la continuidad operativa depende del humor territorial de grupos criminales. Europa y Asia han documentado por años la penetración de redes criminales en niveles municipales, estatales y, en ocasiones, federales. No es un secreto. Es una variable estructural que se integra en cálculos de inversión con la misma importancia que las tasas de interés o el costo de la energía.
El otro eje crítico es la incertidumbre jurídica. En foros europeos se repite una idea que no debería ignorarse. México no ha logrado construir un piso regulatorio estable para atraer inversión de largo plazo. Cambios bruscos en reglas energéticas, decisiones judiciales oscilantes y un marco administrativo que parece reinterpretarse cada sexenio crean un ambiente donde la inversión extranjera llega, sí, pero con cautela extrema. En Asia la lectura es directa. México es atractivo por su ubicación junto a Estados Unidos, pero arrastra un nivel de riesgo institucional que lo obliga a competir en desventaja frente a países que ofrecen un entorno más predecible.
Cuando se combinan estos tres factores, la política social, por más justa y necesaria que sea, empieza a doblar a la economía. Subir salarios y reducir horas es un avance incuestionable, pero la pregunta es si la productividad puede acompañar ese salto. El Fondo Monetario Internacional y la OCDE han señalado que los países que incrementan sus salarios más rápido que su eficiencia enfrentan presiones inflacionarias moderadas pero persistentes, además de depreciaciones graduales. México ya muestra señales en esa dirección. No de colapso, pero sí de un peso que resiente la tensión entre justicia social y capacidad productiva.
La inseguridad amplifica este efecto. Para las empresas que operan en estados industriales, cada ruta carretera implica riesgos que se traducen en dinero. Cada retraso, cada pérdida, cada pago involuntario a grupos criminales se incorpora al costo final. En este entorno, la economía informal funciona como válvula de escape. Absorbe a quienes quedan fuera del mercado formal y crece en sus sombras, debilitando aún más la base fiscal y profundizando la asimetría entre quienes cumplen y quienes operan en la periferia del Estado.
La inversión extranjera, por su parte, ya empezó a discriminar. Los capitales más sensibles a riesgo buscan entornos más estables en Europa del Este, el Sudeste Asiático o regiones emergentes con mejor gobernanza. México no pierde atractivo geográfico, pero la ventaja territorial no alcanza si el país no ofrece certidumbre, seguridad y reglas claras. La diplomacia económica contemporánea no premia la cercanía geográfica, premia la estabilidad institucional.
Nada de esto significa que México se dirija a una crisis inevitable. Pero sí deja claro que el país ha entrado en una zona donde avanzar requiere algo más que entusiasmo político. Es indispensable elevar el nivel educativo con una urgencia que no se había visto en décadas. Un país que no prepara a su población para un mundo moldeado por inteligencia artificial, automatización profunda y la expansión acelerada de centros de datos corre el riesgo de quedar fuera de las cadenas globales de valor más dinámicas.
Y la competitividad, en ese mundo nuevo, no se construye solo con salarios. Se construye con un ecosistema educativo que forme talento adaptable, con infraestructura tecnológica que permita absorber nuevas industrias y con un sistema de salud pública que garantice una fuerza laboral sana y estable. Son pilares que determinarán si México logra aprovechar esta ventana histórica o si el nuevo cero termina apareciendo no en el salario digno, sino en el valor del peso y en la confianza internacional.
Mario López Ayala es periodista senior mexicano y analista geopolítico especializado en comportamiento político, seguridad informacional y dinámicas de poder narrativo. Su trabajo en Phoenix24 integra inteligencia estratégica, ciberseguridad y gobernanza algorítmica para examinar cómo los Estados, corporaciones y actores no estatales configuran la influencia en la esfera pública global. Es miembro activo de la International Federation of Journalists (IFJ/FIP), la mayor organización de periodistas del mundo, que representa a 600,000 profesionales afiliados a 187 sindicatos y asociaciones en más de 140 países, con sede en Bruselas, Bélgica. En México, es integrante de la Organización de Comunicadores Unidos de Sinaloa (OCUS), desde donde impulsa la profesionalización y el análisis crítico de la arquitectura mediática contemporánea y sus implicaciones para la seguridad y la gobernanza democrática.