Una nueva fuerza internacional con respaldo logístico busca no solo contener, sino recuperar territorio frente a la expansión de bandas armadas.
Nueva York, agosto de 2025. El Consejo de Seguridad de la ONU ha abierto negociaciones para transformar la actual misión de apoyo multinacional en Haití en una operación de mayor envergadura. La propuesta, impulsada por Estados Unidos y Panamá, contempla la creación de una Fuerza de Supresión de Bandas que contaría con hasta 5 500 efectivos y una estructura logística más sofisticada. El cambio responde al reconocimiento de que la misión encabezada por Kenia, con apenas un millar de efectivos desplegados, no ha logrado frenar la expansión de los grupos criminales que controlan gran parte de la capital.
La iniciativa busca dotar a la operación de un brazo logístico independiente, con sede en Puerto Príncipe, encargado de proveer suministros, transporte, combustible, servicios médicos y vigilancia aérea mediante drones. Ese soporte permitiría sostener operaciones prolongadas, reducir la dependencia de improvisaciones y corregir una de las principales debilidades que han enfrentado las misiones previas en el país. El mandato inicial de esta nueva fuerza se prevé por un año, aunque con la posibilidad de renovación si la situación de seguridad no mejora.
El contexto que impulsa este debate es extremo. En Haití, las pandillas han logrado consolidar un poder paralelo que suplanta funciones del Estado. Controlan barrios enteros, gestionan rutas de abastecimiento y, en muchos casos, imponen justicia sumaria. La crisis humanitaria escala en paralelo. Más de 1,3 millones de personas han sido desplazadas internamente y miles de familias han perdido acceso a servicios básicos. UNICEF ha alertado que la participación de menores en bandas ha crecido de forma alarmante, con un aumento del 700 por ciento durante este año, superando el 50 por ciento en algunos grupos. Niños utilizados como vigías, combatientes o logística se han convertido en símbolo del deterioro social.
Policías kenianos, que forman parte de la fuerza multinacional respaldada por la ONU en Puerto Príncipe, Haití. (AP Foto/Odelyn Joseph)
En América Latina, gobiernos como los de Guatemala, El Salvador y Jamaica han expresado disposición a participar con contingentes, buscando alinear su colaboración con la Organización de Estados Americanos. El objetivo es evitar que la respuesta quede limitada a una narrativa de intervención externa y que adquiera un matiz regional más amplio. En Europa, diplomáticos recuerdan los fracasos de misiones anteriores, marcadas por abusos y por el brote de cólera introducido por tropas internacionales. Esa memoria condiciona la discusión y obliga a colocar la transparencia y la rendición de cuentas en el centro del nuevo mandato. En Asia, analistas advierten que el problema trasciende lo militar: sin un esfuerzo económico paralelo, las operaciones solo ofrecerán victorias temporales. Para ellos, la dispersión territorial de las pandillas y la falta de alternativas de empleo seguirán alimentando la violencia mientras no haya inversión sostenida en infraestructura y servicios públicos.
La presión internacional se intensificó tras el secuestro de una misionera irlandesa y de otros cooperantes, un episodio que reveló la audacia con la que operan los grupos armados. En paralelo, informes locales apuntan a que los líderes pandilleros ya no se limitan a Port-au-Prince, sino que extienden su influencia hacia zonas rurales estratégicas, dificultando cualquier intento de estabilización. El riesgo es que, incluso si la nueva fuerza logra recuperar áreas urbanas, el conflicto se desplace hacia regiones más aisladas, creando un efecto de expansión en lugar de supresión.
Periodistas heridos por pandilleros en el Hospital General de Puerto Príncipe, Haití, el 24 de diciembre del 2024. (AP foto/Jean Feguens Regala)
La propuesta de una Fuerza de Supresión de Bandas busca evitar precisamente ese desenlace. No se trata únicamente de aumentar números, sino de construir un mecanismo de respuesta coordinado con capacidades aéreas, transporte blindado y servicios médicos capaces de sostener operaciones continuas. Expertos en seguridad regional señalan que sin ese componente de permanencia, los despliegues anteriores fracasaron porque, tras cada avance, las pandillas recuperaban territorio en cuestión de semanas.
El reto central será político. La autoridad del Estado haitiano permanece en ruinas, con instituciones debilitadas y escasa legitimidad. El gobierno de transición, limitado en alcance, apenas controla algunas dependencias administrativas. Una fuerza internacional robusta puede contener el fuego inmediato, pero no puede sustituir la ausencia de un proyecto estatal. La comunidad internacional lo sabe, aunque la urgencia de frenar la violencia obliga a actuar incluso sin una solución estructural.
Los escenarios posibles se dividen en tres. Si la ONU logra aprobar y desplegar rápidamente la nueva fuerza, el efecto inmediato sería estabilizar zonas críticas de la capital y reabrir corredores de ayuda humanitaria. Si el proceso se dilata por tensiones diplomáticas o falta de contribuciones, las pandillas seguirán expandiendo su control y el Estado haitiano perderá aún más capacidad. Y en un escenario intermedio, un despliegue parcial podría aliviar temporalmente la presión sin modificar el equilibrio de poder, dejando la crisis en un limbo prolongado.
El Consejo de Seguridad afronta así un dilema clásico: actuar rápido con riesgo de repetir errores del pasado, o actuar tarde y enfrentar un colapso irreversible del país. Para la población haitiana, atrapada entre la violencia y la ausencia estatal, la diferencia no es semántica, sino vital.
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