Un dictamen categórico y regional confirma la pérdida de legitimidad democrática en Venezuela y reaviva la presión diplomática.
Caracas, 6 de agosto de 2025 — La Organización de Estados Americanos (OEA) ha confirmado oficialmente que las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela fueron fraudulentas y que el régimen de Nicolás Maduro continúa violando sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos. El informe del Secretario General ratifica que la reelección no solo carece de legitimidad democrática, sino que se realizó en medio de represión coordinada contra opositores y testigos electorales, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas.
Venezuela’s President Nicolas Maduro gestures as he addresses the crowd during May Day celebrations, in Caracas, Venezuela, May 1, 2025. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que el proceso electoral no puede considerarse libre ni transparente. Alertó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó victoria sin publicar las actas ni permitir auditoría, mientras que el Tribunal Supremo de Justicia avaló los resultados controlados por el Ejecutivo. La oposición logró recopilar más del 80 % de las actas oficiales y, según ese escrutinio, Edmundo González obtuvo cerca del 67 % de los votos, frente al 51 % atribuido a Maduro. El CNE bloqueó incluso el acceso de esas actas, alegando fallos informáticos.
El informe OEA también documenta una fase represiva posterior a la elección. Las fuerzas de seguridad, incluidos grupos paramilitares conocidos como colectivos, llevaron a cabo detenciones arbitrarias de más de 2 200 personas vinculadas a la oposición, muchas sin cargos formalizados. La CIDH describe un uso deliberado del terror de Estado para silenciar voces disidentes, incluyendo personal electoral, periodistas, activistas y familiares de opositores.
Familiares de los detenidos durante la represión gubernamental a las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales, participan en una vigilia en Caracas, (Venezuela)
Estados Unidos ya incorporó sanciones contra al menos 16 altos funcionarios acusados de manipulación electoral o complicidad en la represión post-electoral. El panel técnico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas también expresó “extrema preocupación” por el atropello institucional durante y después de la votación. La comunidad internacional —incluidos países del Grupo de Lima, la Unión Europea y la ONU— condena la ceremonia de investidura de Maduro del 10 de enero de 2025 como ilegítima.
El informe oficial de la OEA ha redoblado la presión diplomática: el Secretario General ha anunciado que remitirá estos hallazgos ante la Corte Penal Internacional y respalda llamados a restaurar la democracia mediante la liberación de presos políticos y un cronograma electoral transparente. Mientras, Edmundo González, reconocido por varios países como presidente electo, se encuentra en exilio en España y ha iniciado una gira por América Latina y Estados Unidos para promover auditorías electorales y exigir justicia.
Este dictamen amplifica las voces que ya venían denunciando el quiebre del contrato social en Venezuela. María Corina Machado, líder opositora, sigue llamando a movilizaciones y convocando a nuevas elecciones tras la liberación total de quienes fueron detenidos tras la votación. Entretanto, el régimen intensifica su control político y militar para limitar cualquier protesta interna.
Nicolás Maduro y Lula da Silva durante la cumbre de la CELAC en Kingstown, (San Vicente y Granadinas)
La OEA concluye que Venezuela opera hoy como un régimen de facto, con instituciones cooptadas, sin garantías electorales ni espacio para la disidencia política. El informe insta a mantener la atención regional y activar mecanismos multilaterales con vista a reconciliar libertades públicas y elecciones justas.
Porque en el tablero político contemporáneo, pasar de la legitimidad popular al autoritarismo no requiere un golpe de Estado formal: basta con silenciar el voto y cerrar las puertas del conteo electoral.
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