La guerra subterránea de México: litio, cárteles y el nuevo frente frío global

El nuevo mapa del poder no se dibuja con fronteras, sino con yacimientos.
Ciudad de México, octubre de 2025

México libra una guerra que no se reconoce en los discursos oficiales. No se combate en las calles, sino bajo ellas. En los desiertos del norte, donde el litio promete independencia energética, se está configurando una disputa más profunda: la del control real del territorio y de la soberanía. Lo que en el discurso político se presenta como símbolo de orgullo nacional, en la práctica se ha convertido en un recurso administrado por redes criminales, capitales extranjeros y una burocracia militarizada que gestiona sin transparencia la riqueza del subsuelo.

El Banco Mundial advierte que la demanda global de litio aumentará más del 400 % antes de 2035. México, con reservas probables de 1.7 millones de toneladas, ocupa una posición estratégica. Pero esa ventaja se ha transformado en riesgo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos rastreó más de 180 millones de dólares vinculados a operaciones trianguladas en el sector minero, mientras InsightCrime documentó la presencia de al menos seis grupos criminales en corredores extractivos. Las rutas del fentanilo y las del litio se superponen: logística compartida, apariencia legal.

En estados como Sonora, Chihuahua y Durango, los cárteles han entendido mejor que el Estado que el futuro del poder no se decide en los congresos, sino en el suelo. Adquieren ejidos a través de intermediarios, extorsionan a empresas con estructuras paralelas y ejercen autoridad de facto en comunidades sin presencia estatal. El International Crisis Groupregistró un incremento notable en el control criminal dentro de zonas con concesiones activas. Allí, el poder se ejerce con contrato o con miedo.

A escala internacional, la competencia se vuelve más compleja. Chatham House advierte que América Latina se ha convertido en el nuevo eje de la “geopolítica de los minerales críticos”. Mientras Washington impulsa, bajo el T-MEC, un bloque de “minerales seguros” para reducir la dependencia china, Pekín canaliza inversiones mediante consorcios con capitales mixtos en Sudamérica. El CSIS describe esta dinámica como un “nearshoring estratégico” destinado a redibujar el control hemisférico de los recursos. En ese tablero silencioso, México ocupa el espacio intermedio: proclama soberanía, pero actúa como corredor logístico del nuevo equilibrio global.

El gobierno nacionalizó el litio a través de LitioMx con discurso de independencia tecnológica, pero su capacidad operativa sigue siendo limitada. La militarización del sector no ha traído gobernanza sino opacidad, y el relato patriótico encubre una dependencia estructural del mercado internacional. En la práctica, la soberanía energética mexicana se gestiona mediante excepciones legales y acuerdos tácitos con actores que nunca aparecen en los comunicados.

La OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo advierten que México podría quedar fuera del circuito de “minerales éticos” exigido por Europa y Asia si no implementa mecanismos de trazabilidad digital y gobernanza ambiental. La paradoja es evidente: el país aspira a liderar la transición verde mientras su minería se sostiene sobre economías grises. Cada tonelada extraída requiere más de 2 000 litros de agua, en regiones donde la FAO proyecta crisis hídrica para más de doce millones de personas. La riqueza subterránea amenaza con devastar la superficie.

El crimen organizado ya no es mero usurpador: se ha convertido en administrador de capital y regulador de facto. Controla permisos, recauda cuotas y garantiza seguridad. No se opone al Estado, lo sustituye. Opera con la eficiencia de una corporación y la legitimidad de quien ofrece orden en el vacío. Lo que alguna vez se llamó “narcotráfico” es hoy una economía paralela del subsuelo.

Desde una lectura sociopolítica y psicológica, el fenómeno erosiona la noción de pertenencia. La población percibe que el Estado celebra su soberanía mientras la delega. Esa disonancia colectiva genera un orgullo sin sustancia: poseer un recurso que ya no se controla. La fe nacional se construye sobre la ilusión de dominio, disuelta entre concesiones y silencios.

Brookings Institution señala que la convergencia entre crimen y extracción genera “zonas híbridas de gobernanza”, donde actores ilícitos sustituyen funciones estatales. Chatham House coincide: la transición energética global no solo redefine la economía, sino el sentido mismo de la soberanía.

En el fondo, el litio no es un recurso: es una frontera. Lo que se disputa no es su valor económico, sino el derecho a decidir quién manda sobre la tierra. El crimen impone orden donde el Estado se ausenta y la inversión extranjera llena los vacíos de gobernanza.

México no pierde una guerra visible, sino una guerra simbólica. El enemigo no porta bandera: se presenta como socio, como aliado, como progreso. La frontera ya no separa países, sino modelos de poder: el institucional y el clandestino.

El litio mexicano es el espejo de una paradoja: la de un país que aspira a ser potencia energética mientras su soberanía se fragmenta en manos de quienes nunca se presentan a elecciones. Lo que yace bajo el suelo no es solo un mineral, sino la pregunta más incómoda de nuestro tiempo: ¿quién gobierna realmente el territorio nacional?

En la próxima década, el destino del litio mexicano no se medirá en toneladas, sino en legitimidad. Las naciones que logren gobernar sus recursos sin perder su democracia marcarán la frontera moral del siglo XXI. México aún puede hacerlo —si decide que la soberanía no se proclama, sino se administra.

Mario  López Ayala is a senior Mexican journalist, geopolitical analyst, and applied psychologist at Phoenix24. His multidisciplinary work bridges strategic intelligence, cyber-warfare, and AI governance with behavioral insight and mental health. As an international speaker and strategic profiler, he has contributed to global forums on democracy, cognition, and digital disruption. Known for decoding power and perception, López Ayala explores narrative manipulation, societal resilience, and global security in the digital age. He is an active member of the United Communicators Organization of Sinaloa (OCUS).

Referencias

1. Banco Mundial (2024). Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition.Washington, D.C.
2. InsightCrime (2024). Organized Crime and Mining in Latin America. Bogotá.
3. U.S. Department of the Treasury (2024). Illicit Finance Risk Assessment on the Mining Sector. Washington, D.C.
4. CSIS – Center for Strategic and International Studies (2025). Securing Critical Minerals in the Western Hemisphere. Washington, D.C.
5. Chatham House (2024). The New Geopolitics of Critical Minerals. London.
6. Brookings Institution (2024). Organized Crime and Resource Governance in Latin America. Washington, D.C.
7. OCDE (2024). Responsible Mineral Supply Chains and Due Diligence Policy Outlook 2024. Paris.
8. Banco Interamericano de Desarrollo (2024). Governance Challenges in Latin America’s Energy Transition.Washington, D.C.
9. FAO (2024). Water Stress and Food Security in Northern Mexico. Rome.
10. International Crisis Group (2024). Mexico’s Hidden Wars: Organized Crime and Local Governance. Brussels.