Cuando el poder ejecutivo desafía al sistema judicial en nombre de la reforma, el freno de los tribunales redefine el equilibrio del Estado.
Jerusalén, 4 de agosto de 2025. El gobierno de Benjamin Netanyahu votó de forma unánime para destituir a la fiscal general Gali Baharav‑Miara, percibida como una crítica constante de la administración, especialmente en asuntos como la calidad institucional y el sistema de justicia. Sin embargo, horas después, la Corte Suprema decidió suspender esa destitución aduciendo la falta de un fundamento legal adecuado y la ausencia de un proceso de audiencia formal.
La fiscal Baharav‑Miara, designada en 2022 para un mandato de seis años, había liderado investigaciones relacionadas con varios ministros del actual Ejecutivo e incluso promovido una comisión para analizar las fallas en seguridad pública tras los atentados del 7 de octubre de 2023. Su postura firme frente a iniciativas legislativas controvertidas y reformas judiciales promovidas por el ministro de Justicia, Yariv Levin, la convirtió en un obstáculo recurrente para el gobierno.
FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asiste a un debate en el pleno de la Knesset, el parlamento de Israel, en Jerusalén, el 23 de julio de 2025 (REUTERS/Ronen Zvulun/Foto de archivo)
El bloque parlamentario del Likud presentó la propuesta de destitución bajo el argumento de que Baharav‑Miara actuaba con motivaciones políticas que socavaban la gobernabilidad. La moción fue aprobada sin disidencias, aunque también sin debate abierto en la comisión correspondiente, lo que ha sido criticado por sectores opositores que cuestionan la transparencia del procedimiento.
Ante la presentación del recurso legal, la Corte Superior de Justicia determinó que, hasta que se emita una decisión definitiva, la fiscal general mantiene su autoridad en todos los ámbitos del cargo. Además, impidió al Ejecutivo nombrar un reemplazo mientras se evalúa la legalidad del proceso, fijando un plazo de treinta días para celebrar una audiencia completa.
Desde la oposición y organizaciones civiles se denunció el intento como un ataque directo al Estado de derecho. El partido Yesh Atid y el Movimiento por la Calidad del Gobierno en Israel encabezaron protestas públicas y presentaron recursos que exigen que la fiscal general sea revisada legalmente en un marco imparcial donde no prevalezca la lógica política del Gobierno.
En paralelo, el debate se inscribe en un contexto más amplio: la reforma judicial promovida desde 2023, que pretende modificar la estructura de selección de jueces y limitar la potestad de revisión del Supremo, ha sido calificada por críticos como un “golpe judicial”. En marzo de 2025, el Parlamento aprobó un polémico proyecto que otorgó a los ministros más control sobre la elección de magistrados, mientras se mantiene la presión sobre figuras clave de la justicia, incluida la fiscal general.
Una protesta contra las medidas del gobierno israelí para despedir al fiscal general Gali Baharav Miara y el despido del principal jefe de la agencia de seguridad, Ronen Bar, cerca de la residencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén, el 23 de marzo de 2025 (REUTERS/Ronen Zvulun)
La editorial de Phoenix24 considera que este enfrentamiento resalta un momento crítico del equilibrio institucional israelí: una prueba de fuego donde el poder legislativo y el ejecutivo buscan reconfigurar al poder judicial central, y la Corte responde actuando como última defensa de la independencia legal.
El ministro de Justicia Yariv Levin, figura central en esta ofensiva legal, ha ocupado altos cargos desde 2022 e impulsó la reforma judicial desde sus inicios. Durante semanas, ha insistido en que la remoción es legal y necesaria para corregir lo que considera un uso excesivo de poder por parte de fiscales y jueces. Sin embargo, fiscales veteranos y exmagistrados han advertido que esta maniobra podría erosionar el control democrático y abrir la puerta a la impunidad.
La dimisión forzada de Baharav‑Miara pondría en pausa o podría alterar el curso del juicio por corrupción que enfrenta Netanyahu desde hace varios años. Legalistas alertan que el Ejecutivo busca promover una designación más afín a sus intereses, lo que reforzaría críticas sobre la concentración de poder en un Ejecutivo dominado por alianzas ultraconservadoras y nacionalistas.
El descontento social se hizo visible en múltiples ciudades. Miles de personas protestaron reclamando respetar la autonomía judicial y bloquear lo que consideran una subordinación del sistema penal a intereses políticos. Por otro lado, manifestantes oficialistas argumentaron que es justo limitar lo que consideran intervenciones desproporcionadas de la fiscalía en decisiones gubernamentales.
Desde la perspectiva geopolítica, este episodio no solo repercute en Israel. La percepción internacional sobre la calidad del sistema judicial impacta directamente en su posición ante socios como EE.UU. o dentro de organismos multilaterales. Además, fortalece el debate global sobre la tensión entre mayorías legislativas y poderes institucionales independientes.
El fallo del tribunal también marca un precedente: los tribunales pueden revertir decisiones políticas sin ceder ante presiones partidarias. Esta actuación fortalece la narrativa de resistencia interna frente a un Ejecutivo que busca redefinir el papel de la justicia en un momento de guerra en Gaza y de creciente militarización política.
Mientras tanto, el futuro de la fiscal Baharav‑Miara y la legitimidad de su mandato siguen atados al desarrollo procesal. La Corte ha fijado una audiencia decisiva para mediados de septiembre, donde revisará la evidencia y argumentos del caso. De persistir la suspensión, el gobierno tendrá que revaluar sus estrategias o enfrentar una crisis institucional mayor.
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