Una operación encubierta revela cómo el crimen organizado utilizó la infraestructura del megaproyecto para distribuir combustible robado y apropiarse de terrenos estratégicos.
Campeche, julio de 2025. Un informe confidencial del Ejército mexicano reveló que el cártel conocido como “La Barredora” habría utilizado la logística del Tren Maya para establecer una red de distribución de huachicol y controlar terrenos aledaños mediante arrendamientos informales. La organización, encabezada por un operador identificado como “Comandante H”, aprovechó los flancos administrativos de la obra para mover hasta 180 000 litros semanales de combustible sustraído de manera ilegal.
De acuerdo con documentos filtrados desde la inteligencia militar, los operativos de La Barredora se camuflaban entre la maquinaria de construcción y las rutas de abastecimiento del proyecto ferroviario. Utilizando pipas sin distintivos oficiales, los criminales lograron desplazar grandes cantidades de huachicol sin ser detectados por las autoridades responsables de la supervisión. La operación se habría extendido durante varios meses, sin alertar a mandos intermedios ni a organismos civiles encargados del seguimiento.
Además del contrabando de combustible, el grupo criminal habría incursionado en la renta sistemática de terrenos ubicados estratégicamente cerca de los tramos del Tren Maya. Estos espacios eran utilizados como puntos de almacenamiento, talleres clandestinos y bases logísticas. En varios casos, se identificaron pagos mensuales a representantes ejidales que permitieron el uso del suelo a cambio de cuotas monetarias.
El grupo, liderado por Hernán Bermúdez Requena, gestionó el suministro de combustible robado para la construcción del proyecto ferroviario, según los documentos. |Crédito: Cuartoscuro
Expertos consultados por Phoenix24 advierten que la situación pone en evidencia una alarmante simbiosis entre crimen organizado, vacíos institucionales y megaproyectos de infraestructura. El hecho de que la obra esté bajo control directo de las Fuerzas Armadas no evitó la infiltración, sino que habría facilitado la creación de zonas grises con escasa auditoría civil. Esto refuerza las críticas sobre los riesgos que implica la creciente militarización de tareas administrativas en México.
El uso de huachicol en maquinaria de obra representa un riesgo doble: por un lado, deteriora el equipo y genera pérdidas millonarias en mantenimiento; por otro, favorece una economía paralela que erosiona las finanzas públicas. Técnicos de campo confirmaron que varios vehículos sufrieron fallas recurrentes vinculadas a la mala calidad del combustible, sin que se realizara una investigación formal sobre su origen.
La operación de La Barredora también habría contado con protección tácita de actores locales, incluyendo autoridades municipales, operadores agrarios y contratistas vinculados a la ejecución del proyecto. Según los informes, en al menos tres comunidades se establecieron “acuerdos de tolerancia” que permitieron la circulación de pipas sin verificación oficial. Estas prácticas refuerzan la hipótesis de que la red criminal actuaba con pleno conocimiento del entorno institucional.
Diversos analistas de seguridad señalan que este modelo de infiltración no es exclusivo del sureste mexicano. El patrón se ha replicado en obras públicas de alto presupuesto, especialmente donde el Ejército asume el control operativo sin contrapesos civiles. La falta de transparencia en los contratos, sumada a la autonomía presupuestal de la Secretaría de la Defensa Nacional, ha generado espacios propicios para la corrupción y la cooptación por parte del crimen organizado.
A nivel comunitario, el fenómeno tiene un impacto corrosivo. Aunque algunas poblaciones perciben beneficios marginales —empleo temporal, flujo económico irregular—, también sufren un deterioro en el tejido social, una pérdida de control sobre el territorio y un aumento de la violencia local. Las rentas ilícitas erosionan los mecanismos tradicionales de gobernanza y crean dinámicas de dependencia frente a estructuras criminales.
El Gobierno federal, hasta ahora, no ha emitido una postura oficial sobre los hallazgos del informe militar. Sin embargo, diversas organizaciones civiles y organismos de derechos humanos han exigido una investigación independiente y auditorías externas sobre las actividades logísticas del Tren Maya. La solicitud incluye la verificación del uso de combustibles, el rastreo de rentas no registradas y la identificación de funcionarios involucrados en posibles actos de omisión o complicidad.
De confirmarse la magnitud de la operación, estaríamos ante un caso paradigmático de cómo el crimen organizado en México ha evolucionado hacia formas sofisticadas de parasitismo estatal. Ya no se trata únicamente de controlar territorios por la vía armada, sino de insertarse dentro de las cadenas institucionales para capturar beneficios económicos y políticos.
Lo ocurrido en Campeche podría ser solo la punta del iceberg. Las estructuras de control criminal están migrando de la violencia visible al dominio infraestructural. En este nuevo escenario, la seguridad nacional ya no se juega únicamente en los cuarteles o en las calles, sino también en las oficinas de planeación, en los contratos de obra y en las rutas logísticas de los grandes proyectos del país.
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