Granada–Roma, julio de 2025
La justicia europea ha emitido en simultáneo dos resoluciones contundentes: el Tribunal de Apelación de Cagliari (Italia) y el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Granada (España) han confirmado la custodia exclusiva del hijo menor de Juana Rivas, Daniel, al padre, Francesco Arcuri, con orden de entrega inmediata sin posibilidad de recurso. La decisión se enmarca en un entramado jurídico transnacional que enfrenta los principios del Convenio de La Haya y las denuncias de tutela de menores por presunto maltrato.
Desde diciembre, el niño reside en Maracena (Granada), tras visitar a su madre por Navidad. Según los tribunales, no existen circunstancias excepcionales que justifiquen el incumplimiento de la custodia ya otorgada. Rivas y sus abogados plantearon suspender la orden alegando un proceso penal pendiente en Italia por presunta violencia habitual de Arcuri, cuyo juicio está citado para septiembre, pero ambas instancias judiciales rechazaron esta petición.
El caso remonta a la histórica batalla legal iniciada en 2016, cuando Rivas se trasladó a Granada con sus dos hijos alegando maltrato, y se enfrentó a órdenes de devolución judicial por parte de España e Italia. Desde entonces, los tribunales italianos han dictado fallos progresivamente a favor del padre, mientras los españoles han habilitado recursos temporales que permitían al menor permanecer en territorio nacional. Sin embargo, la última resolución unifica el criterio: la custodia es del padre y debe restituirse directamente.
Diversas fuentes coinciden en que la auto del 7 de julio de la Corte de Apelación de Cagliari fue clave, al considerar que no hay elementos nuevos que alteren la situación actual. En paralelo, el Juzgado granadino activó el mecanismo de cooperación judicial europeo para dar ejecución inmediata a la orden italiana. A juicio de los tribunales, los argumentos de la defensa de Rivas, que apelaban a la protección infantil y al proceso penal, resultaron insuficientes para revertir la instrucción pendiente contra Arcuri.
En el plano social, la decisión ha desencadenado ya nuevas movilizaciones en Granada y otras ciudades: en 2024 ya se registraron protestas bajo los lemas “Daniel se queda” o “¡Juana está en mi casa!”, convocadas por colectivos de mujeres que alertan sobre la posible violencia vicaria. Además, el hermano mayor, Gabriel, elevó denuncias que incluyen audios con frases como “Mami, por favor, tengo miedo”, manifestando temor a regresar a Italia.
En este contexto, cobró relevancia la figura de la eurodiputada Irene Montero, quien instó al Gobierno español a invocar excepciones del Convenio de La Haya con el fin de denegar la entrega, lo que, según su interpretación, “protegería al niño de un riesgo grave”. No obstante, dicho recurso legal, aunque plausible, no ha logrado frenar la ejecución de las sentencias firmes.
La competencia jurisdiccional se ha convertido en uno de los principales focos de disputa. Mientras Italia mantiene su línea de custodia exclusiva, España ha mantenido recursos cautelares sucesivos para permitir la estancia temporal del menor. Esto ha generado tensiones entre ambos sistemas, en un escenario donde lo mejor para el niño y el interés superior no siempre coinciden con la letra legal estricta.
El entramado judicial también exhibe la presencia de actores secundarios relevantes: despachos como Aránguez Abogados, mecanismos de cooperación europea, y la intervención en redes sociales y medios, que dotan a este enfrentamiento de una dimensión político-mediática adicional.
A nivel procesal, lo cercano del juicio previsto en Italia por presunto maltrato habitual añade argumento para ambas partes: Rivas lo utiliza para justificar la necesidad de suspender la entrega, mientras Arcuri y las instancias judiciales lo interpretan como un elemento procesal separado que no altera la custodia vigente.
En suma, tras más de ocho años de disputa y un sistema judicial europeo que combina cooperación e independencia, la balanza legal se inclina a favor de Arcuri. Sin embargo, el capítulo aún no finaliza: queda pendiente el juicio criminal por maltrato, la posible apelación ante instancias de La Haya, y la evolución política de una sociedad española cada vez más sensibilizada con la violencia vicaria y los derechos de la infancia. Un conflicto que, lejos de cerrarse, anticipa nuevas rondas judiciales, diplomáticas y mediáticas.
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