Las extradiciones entre México y Estados Unidos han copado la agenda en las últimas semanas. El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha lanzado un reclamo a Washington por su falta de “reciprocidad” en la materia. El pulso tiene una historia. La Administración Sheinbaum ha entregado a Estados Unidos, desde octubre de 2024, de manera sumaria, a 92 sujetos de interés para el Gobierno de Donald Trump, en su mayoría narcotraficantes. Para lograrlo, las autoridades mexicanas han dado vuelta al engorroso procedimiento de extradición, recurriendo a una inasible categoría jurídica que no termina de tener nombre: expulsión, entrega, envío, traslado, destierro. En cambio, según el Gobierno mexicano, Washington se ha negado a extraditar a 269 presuntos criminales que México le ha requerido desde 2018.
No significa que EE UU no haya hecho una sola entrega en ese periodo. Por ejemplo, en 2022 fue extraditado a México César Duarte, exgobernador de Chihuahua acusado de corrupción. En 2025 se entregó a Miguel Ángel Berraza Villa, La Troca, líder del cartel de La Familia Michoacana. El problema, según Palacio Nacional, es la disparidad. El reclamo de México se ha dado tras la explosiva acusación de Estados Unidos por presuntos nexos con el narco contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, del que se pedía su captura y extradición.
México ha evitado dar trámite a esa solicitud con un argumento de índole formal: que Washington no presentó pruebas suficientes contra un mandatario en funciones (que además milita en el partido en el Gobierno, Morena). Dentro y fuera del oficialismo hubo voces que reconocían que no era necesario que el país requirente diera esas pruebas para proceder a la captura, sino que estas podrían presentarse en un momento posterior. Para salir al paso de esas críticas, el Gobierno de Sheinbaum hizo un movimiento audaz: mostrar todos los casos en los que EE UU se ha negado a entregar objetivos prioritarios para México alegando minucias formales.
Las trabas de Estados Unidos han sido constantes e incumben no solo a Trump, sino también a su antecesor, Joe Biden. Sin corresponder, Washington no ha dejado de exigir a su vecino del sur. En 2022, este periódico dio a conocer documentos de seguridad que mostraban que a EE UU le preocupaba la reducción en las extradiciones desde México y exigía tomar medidas para regresar al promedio de 60 envíos por año. Los papeles, que provenían del monumental hackeo al Ejército de ese año, incluían la lista de prioridades de Washington: Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena; Abigael González Valencia, El Cuini, uno de los líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG); los hermanos Miguel Ángel, el Z-40, y Omar Treviño Morales, el Z-42, fundadores de Los Zetas… Al paso del tiempo, todos esos capos serían entregados.
La lista de deseos
El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, reveló esta semana algunos nombres de personajes extraditables y las fechas en que México presentó oficialmente la solicitud de entrega a Washington. El perfil de los objetivos delinea los casos a los que México busca dar celeridad, ya porque el sujeto en cuestión es el gran protagonista de una trama criminal, ya por ser al menos una pieza clave en el rompecabezas. Aunque escasos, los datos presentados por Velasco permiten divisar que el Gobierno tiene en la mira el caso Ayotzinapa, la gran promesa no resuelta de Andrés Manuel López Obrador en materia de justicia, que le heredó a Sheinbaum.
También destacan la trama del fraude mediante compañías factureras, con un personaje —Víctor Manuel Álvarez Puga— largamente protegido por políticos corruptos, y el desfalco al Infonavit, el fondo de vivienda social de los trabajadores; estos dos casos de corrupción apuntan al sexenio de Enrique Peña Nieto (PRI). Por último, quizá el asunto más emblemático en aquella lista, el de Francisco Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, al que el Gobierno acusa de crimen organizado y a quien la oposición ha intentado convertir en un perseguido político.
Llama la atención que se haya dejado fuera de las prioridades de México la gran trama de contrabando de combustible en las aduanas, conocido como huachicol fiscal, que involucró a altos mandos de la Marina, empresarios, prestanombres y miembros del crimen organizado. Pese a que se trató de un caso que cimbró a los Gobiernos de Morena (ocurrió en el sexenio de López Obrador y se destapó en el de Sheinbaum), y aunque la presidenta aseguró en varias conferencias que su Gobierno ha pedido la extradición de personajes implicados, no se mencionó a alguno de ellos en aquella presentación de Velasco. Lo que es más, este periódico ha confirmado que entre las 269 peticiones de extradición no se encuentra la familia Jensen, magnates estadounidenses acusados de traficar hacia Texas miles de cargamentos de petróleo robado a Pemex.
Caso por caso
Los casos en los que México sí ha puesto énfasis se formalizaron ante Washington entre 2024 y 2025, en el último año del sexenio de López Obrador y el primero del de Sheinbaum. Algunas de esas solicitudes han llegado demasiado tarde. En este supuesto se cuenta a Víctor Manuel Álvarez Puga, abogado fiscalista al que México acusa de delincuencia organizada, blanqueo y evasión por un desvío de 3.000 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación en tiempos del expresidente Peña Nieto (PRI). Parte de ese dinero, que debía destinarse al mejoramiento de las prisiones, llegó directamente a las cuentas del letrado, pero también a las de políticos, empresarios, jueces y personajes de la farándula, como reveló una investigación de EL PAÍS.
Más allá de este caso concreto, el letrado es considerado el gran arquitecto del fraude mediante empresas factureras, compañías de papel que simulan prestar servicios y emiten comprobantes fiscales falsos, con lo que se drenan recursos millonarios del erario. Aunque la orden de captura contra Álvarez Puga se emitió desde 2021, no fue sino hasta diciembre del año pasado que México pidió a Washington su extradición, aprovechando que el ICE lo había retenido por irregularidades en su estancia migratoria. Según el secretario Velasco, EE UU denegó la solicitud alegando que el delito de delincuencia organizada que México le carga al abogado no es considerado violento.
Otro asunto que apunta al sexenio del priista Peña Nieto es el desfalco al Infonavit, que involucra al empresario Rafael Zaga Tawil, a su hermano, Teófilo, y a su hijo, Elías Zaga Hanono, a los que México acusa de delincuencia organizada. La trama implica a la empresa Telra Realty, en la que participa la familia, y un contrato que le otorgó el Infonavit en 2014. Tres años después, la dependencia terminó anticipadamente el contrato, que derivó en el pago de una indemnización exorbitante a Telra. Según la Fiscalía, ese pago fue ilegal, y estuvo planeado, supuestamente, por funcionarios del Infonavit en complicidad con los Zaga. México pidió en octubre de 2025 la extradición de Rafael Zaga y su hijo Elías. Sin embargo, EE UU dijo, una vez más, que el delito que se les imputa no es violento y que los acusados no son “un riesgo para la sociedad”.
El caso Ayotzinapa, referente a la desaparición de 43 estudiantes de Guerrero en 2014, se ha vuelto difícil de desentrañar, debido a la multiplicidad de actores involucrados y a la manipulación de la investigación de parte de las autoridades. López Obrador se comprometió a esclarecer la verdad y renovó las esperanzas de los familiares de los normalistas desaparecidos. Pero, a juicio de las víctimas, hubo pocos avances en esa ruta durante su gestión. Al contrario, el mandatario obstaculizó el caso cuando las líneas apuntaban a los militares.
No obstante, poco antes de dejar la presidencia, su Gobierno pidió a Estados Unidos la extradición de dos personajes claves para la investigación, a los que acusa de delincuencia organizada, mediante solicitudes presentadas en junio y julio de 2024. Una de ellas corresponde al antiguo juez de Iguala José Ulises Bernabé, quien estaba a cargo de una instalación de la policía donde sicarios llevaron presuntamente a una parte de los 43 estudiantes normalistas. Bernabé vive en Estados Unidos bajo la protección del asilo político. Además de eso, Washington frenó su extradición requiriendo información adicional y pruebas de su proceso.
El otro personaje requerido por México es Pablo Vega Cuevas, El Transformer, uno de los principales líderes de Guerreros Unidos. Afincado en Chicago (Estados Unidos), coordinaba el trasiego de heroína y cocaína desde Guerrero hacia EE UU mediante autobuses de pasajeros comerciales. Su rol es clave en la teoría del quinto autobús, que sugiere que uno de los vehículos tomados por los normalistas para viajar a Ciudad de México transportaba drogas, lo que habría desencadenado la furiosa reacción del cartel.
La lista de prioridades de México la corona el caso del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, militante del opositor PAN. En 2020, siendo mandatario de Tamaulipas, la Fiscalía inició una investigación en su contra por presunto blanqueo de recursos del Cartel del Golfo, con base en escuchas telefónicas aportadas por la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) proporcionó además pruebas de supuesto enriquecimiento ilícito —el panista construyó un imperio inmobiliario en EE UU—, desvío de recursos públicos y fraude fiscal. La investigación alcanzaba al círculo familiar y posibles testaferros de Cabeza de Vaca.
Tras concluir su periodo de gobernador, se fue inmediatamente a Estados Unidos —tiene la nacionalidad estadounidense—. Desde allá, Cabeza de Vaca había obtenido un amparo que frenaba su eventual detención en México. No obstante, la Suprema Corte de Justicia invalidó el recurso y dejó al exgobernador, nuevamente, a merced de la justicia. México solicitó su extradición en agosto de 2025. En este caso, Estados Unidos pidió información adicional a su contraparte. (E).