El eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido públicamente como Alvise, ha sido llamado nuevamente al Tribunal Supremo en el marco de una investigación por presunta financiación ilegal de partidos. Según su testimonio, el pasado 27 de mayo recibió 100.000 € en efectivo en un maletín, a cambio de una charla de treinta minutos sobre “libertad financiera”, pago efectuado por la empresa CryptoSpain. Afirma que no destinó ese dinero a su formación política, Se Acabó La Fiesta (SALF), cuya campaña para las elecciones europeas de 2024, asegura, costó poco más de 30.000 €.
Alvise sostiene que dispuso libremente del dinero: aproximadamente la mitad fue utilizada en gastos personales y profesionales, mientras que el resto permanece bajo su custodia. Negó haber invertido un solo euro de ese pago en su campaña electoral, motivo por el cual —según él— no registró la suma como ingreso político. También aseguró que la entrega fue realizada directamente por dos empleados de CryptoSpain en las oficinas de Centinel, en Madrid, sin relación directa con su partido.
La Fiscalía, sin embargo, mantiene la tesis de posible financiación ilegal. La exposición razonada de la Audiencia Nacional al Supremo señala indicios de delito en la recepción de fondos por parte de un empresario —actualmente investigado por estafa piramidal— para financiar actividades del partido. El magistrado instructor, Julián Sánchez Melgar, analiza posibles cargos por estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y financiación irregular de formaciones políticas.
Esta declaración ante el alto tribunal representa la tercera vez que Alvise comparece por esta causa, además de estar involucrado en otras dos investigaciones paralelas: una por la difusión de un documento falso sobre una PCR atribuida al presidente catalán Salvador Illa, y otra por mensajes dirigidos a una fiscal especializada en delitos de odio. Por omitir declarar el ingreso de los 100.000 €, el Parlamento Europeo le impuso una suspensión de dos días sin dietas.
El juez Sánchez Melgar ha solicitado al Parlamento Europeo iniciar el procedimiento para levantar la inmunidad de Alvise, considerando que el caso podría constituir delito de financiación ilegal, debido a que no se incluyó el ingreso en la contabilidad oficial de SALF ni se declaró conforme al límite legal permitido para donaciones individuales.
El impacto político es evidente. SALF, movimiento antisistema de derecha que sorprendió en 2024 al obtener tres escaños, ha sufrido una fuerte erosión interna. Dos de sus eurodiputados abandonaron la formación, acusando a Alvise de “chantaje” y “matonismo”. Las revelaciones sobre el origen de los fondos utilizados para su actividad refuerzan los señalamientos de prácticas opacas, en contraposición al discurso anticorrupción que lo llevó al Parlamento Europeo.
Desde el punto de vista jurídico, la clave está en determinar si el pago fue una legítima prestación de servicios, aunque no facturada ni declarada, o si encubría una aportación encubierta a la formación política. También será fundamental definir si el uso personal de esos fondos impide considerarlo una donación política o si, por el contrario, el conocimiento de su origen implica responsabilidad penal.
El caso añade un nuevo frente de sospecha sobre la posible financiación de movimientos populistas europeos a través de capitales provenientes del ecosistema cripto. Empresas como CryptoSpain y Madeira Invest Club están bajo investigación por presunta estafa masiva y captación fraudulenta de fondos, lo que podría afectar la imagen de cualquier actor político vinculado a ellas.
De momento, Alvise continúa al frente de Se Acabó La Fiesta y niega rotundamente cualquier relación entre el pago recibido y su campaña. “Poco me parecen los 100.000 €” por media hora de charla, habría declarado ante el Supremo. Sin embargo, su defensa pública deberá sostenerse no solo en sede judicial, sino también ante la opinión pública y los organismos europeos de fiscalización electoral.
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