Phoenix 24
La decisión, amparada en la Ley Magnitsky, marca un precedente inédito: un magistrado en funciones de la Corte Suprema de un país democrático sancionado por Washington por presuntas violaciones a los derechos humanos y censura digital.
Washington, julio de 2025 — El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, acusándolo de liderar una ofensiva judicial de corte autoritario contra el expresidente Jair Bolsonaro y sus seguidores. Bajo el amparo de la Ley Global Magnitsky, la administración Trump justificó la decisión señalando “graves violaciones a derechos fundamentales”, incluyendo detenciones arbitrarias, censura digital transnacional y abuso de poder institucional.
Las sanciones implican la inclusión de Moraes en la lista SDN (Specially Designated Nationals), lo que conlleva la congelación de todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense, la prohibición de realizar transacciones financieras con entidades o ciudadanos de EE. UU. y la revocación inmediata de su visa y la de sus familiares directos. La acción se enmarca en una escalada diplomática impulsada desde la Casa Blanca tras la imposición de medidas cautelares contra Bolsonaro, que incluyen tobillera electrónica, restricción de comunicación con gobiernos extranjeros y limitaciones en el uso de redes sociales.
Scott Bessent, secretario del Tesoro, afirmó que Moraes “actuó como juez y parte en una cruzada política diseñada para eliminar a un oponente electoral”, y añadió que su conducta representa un “peligro transnacional para la libertad de expresión y el Estado de derecho”. El gobierno estadounidense sostiene que las decisiones judiciales de Moraes afectaron a ciudadanos estadounidenses mediante la eliminación de cuentas digitales, incautaciones de dispositivos y órdenes de censura ejecutadas desde plataformas como X y YouTube.
El caso tiene raíces profundas. Alexandre de Moraes ha sido una figura clave en los procesos contra Bolsonaro desde el intento de desconocer los resultados electorales de 2022. Sus decisiones han polarizado el debate en Brasil: mientras unos lo ven como un defensor de la democracia frente a discursos golpistas, otros lo acusan de extralimitarse y consolidar un poder judicial sin contrapesos. La sanción de Washington, sin embargo, traslada esa disputa del ámbito nacional brasileño al escenario global, transformando un conflicto jurídico en un incidente diplomático de alto nivel.
La reacción en Brasil fue inmediata. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva calificó la sanción como una injerencia inaceptable y reafirmó que el Supremo Tribunal Federal actúa con total independencia. Varios magistrados del STF expresaron respaldo a Moraes, mientras el Congreso brasileño convocó una sesión urgente para discutir una posible respuesta legislativa ante lo que consideran una violación a la soberanía nacional.
Eduardo Bolsonaro, diputado federal e hijo del expresidente, celebró la sanción como una victoria moral del bolsonarismo. Aseguró que Estados Unidos “está reconociendo lo que Brasil ya sabe: que el sistema judicial ha sido manipulado para perseguir opositores políticos”. Desde el ala conservadora brasileña se multiplicaron los llamados a un realineamiento estratégico con Washington y a una investigación internacional sobre el accionar del STF.
La comunidad internacional ha reaccionado con cautela. Mientras algunos países del BRICS han expresado su respaldo a la institucionalidad brasileña, organismos multilaterales como la OEA y la ONU han evitado pronunciamientos directos. En círculos diplomáticos europeos se percibe con preocupación que Estados Unidos utilice sanciones individuales contra autoridades judiciales de países democráticos, abriendo la puerta a una peligrosa jurisprudencia extraterritorial.
Más allá del caso específico, la sanción contra Alexandre de Moraes sienta un precedente sin paralelo: nunca antes un juez supremo de una democracia consolidada había sido objeto de una acción de este tipo por parte del gobierno estadounidense. Para algunos analistas, se trata de una expansión del poder blando de Washington; para otros, de un acto de presión geopolítica disfrazado de defensa de derechos humanos.
En cualquier caso, la relación entre Estados Unidos y Brasil entra en una fase de máxima tensión. A las recientes tarifas arancelarias del 50 % impuestas por Trump a productos brasileños, se suma ahora este gesto de hostilidad judicial, que podría derivar en represalias diplomáticas, boicots en organismos internacionales o incluso reconfiguraciones dentro del G20.
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