Mario López Ayala, PhD
En un mundo cada vez más definido por la velocidad de los algoritmos, la concentración obscena de la riqueza y la privatización de la verdad, la izquierda global ha vuelto a prometer la utopía más antigua: prosperidad para todos. No una acumulación aislada ni un rebote estadístico, sino un nuevo contrato social donde el bienestar deje de ser privilegio y se convierta en estructura. Bajo el nombre de “prosperidad común”, este modelo, impulsado primero por una potencia asiática como doctrina política, ha comenzado a resonar más allá del continente, insertándose en discursos, presupuestos y esperanzas desde América Latina hasta Europa meridional. Pero la pregunta es dolorosamente vigente: ¿puede ese proyecto sostenerse cuando, en su núcleo, el Estado está sitiado por dos fuerzas igualmente voraces: el crimen organizado y el capital transnacional?
La filosofía de la prosperidad común emergió como respuesta al desbalance profundo que generó el crecimiento acelerado de una economía socialista de mercado. Se propuso entonces una agenda de redistribución que implicaba frenar el poder de los conglomerados tecnológicos, elevar los ingresos de las clases bajas y reposicionar al Estado como arquitecto del bienestar. No se trataba de igualar por decreto, sino de equilibrar un sistema que, aún bajo un régimen de partido único, había reproducido los mismos abismos que en Wall Street. El proyecto encontró resistencias, sí, pero también resultados: millones de personas salieron de la pobreza, mientras compañías tecnológicas fueron sometidas a un rediseño institucional.
Inspirada por esa visión, la izquierda latinoamericana retomó con renovado ímpetu la bandera de la dignidad económica. En países como Bolivia, Colombia, Honduras o Venezuela, se proclamaron modelos redistributivos con énfasis en el rescate del Estado como ente protector. Sin embargo, en muchos de estos casos, la realidad ha sido menos utópica: el crecimiento económico ha sido marginal o nulo, la informalidad laboral persiste como regla estructural y, en algunos casos, el crimen organizado se ha entrelazado con las instituciones de gobierno con mayor facilidad que los propios ciudadanos. A esto se suma una tendencia preocupante: el avance de la censura directa o indirecta contra periodistas, defensores de derechos humanos y voces disidentes. El periodismo crítico —ese que debería alertar sobre los excesos del poder o la penetración criminal— ha sido acallado por medio de amenazas, procesos judiciales arbitrarios, una asfixia presupuestaria que impide investigar y, en el caso más atroz, el asesinato sistemático de incontables periodistas que han pagado con su vida el precio de revelar la verdad. La impunidad que rodea estos crímenes no solo protege a los perpetradores: envía un mensaje devastador al resto de la sociedad. En este clima, el ciudadano no solo está desinformado, sino deliberadamente despojado de herramientas para exigir rendición de cuentas y ejercer su soberanía informativa.
En este mapa de contradicciones también se inscribe el caso mexicano. Bajo la administración de un gobierno progresista que ha promovido transformaciones institucionales profundas, el discurso oficial ha pivotado sobre la construcción de un Estado fuerte, redistributivo y con rostro social. Programas de ayuda directa, inserción juvenil y reforestación han sido emblemas del combate a la pobreza estructural. Sin embargo, al igual que en otros países de la región, la lógica redistributiva ha convivido con un estancamiento económico crónico, la pérdida del control territorial por parte del Estado y una censura galopante que se ha vuelto cotidiana. México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. En muchas regiones, el silencio informativo ya no es una estrategia editorial, sino una forma de supervivencia frente a la colusión entre autoridades locales y estructuras del narcotráfico que controlan territorios, economías y narrativas. El crimen organizado no solo infiltra gobiernos o corrompe instituciones, sino que regula lo que se puede —y no se puede— decir. Los periodistas se convierten en blanco cuando intentan desenmascarar esa simbiosis perversa entre poder criminal y poder político. Y sin prensa libre, no hay ciudadanía informada ni democracia funcional: solo un simulacro de institucionalidad sostenido por el miedo.
El capitalismo rampante, por su parte, no promete justicia, sino eficiencia. Desde plataformas conservadoras que han ganado impulso en Norteamérica, se ha desmantelado todo discurso ético: se apuesta por aranceles masivos, militarización fronteriza y desconfianza institucional. Europa, a su vez, se debate entre la presión migratoria, la financiarización de su economía y la incapacidad de sus élites para proponer una alternativa real al modelo que colapsó en 2008. En ambos casos, el resultado es el mismo: el Estado se convierte en gestor de intereses privados, no en garante del bien común. Y sin embargo, ese modelo sigue funcionando porque es estable en su brutalidad. No promete igualdad, pero tampoco se disculpa por no tenerla.
En contraste, la izquierda global sigue atrapada entre la nostalgia revolucionaria y el simulacro democrático. Repite discursos de justicia mientras tolera estructuras criminales que desangran a sus pueblos. Se abraza a nociones de soberanía, pero renuncia a intervenir donde se cocina la verdadera política: las alianzas ocultas entre crimen y poder local. Mientras tanto, los algoritmos definen el precio del maíz, las tasas de interés y el flujo de capitales que condicionan cualquier presupuesto nacional. La prosperidad común, sin soberanía tecnológica, es solo un deseo bienintencionado.
El desafío es urgente y brutal. Si la izquierda desea sostener la promesa del bienestar común, debe dejar de administrar la pobreza y comenzar a gobernar el poder. No basta con subsidios ni programas sociales: se necesita desmontar las redes paralelas que capturan territorios, y recuperar el control del lenguaje, del cuerpo y del futuro. Porque si el algoritmo decide cuánto ganas, y el cártel decide si sobrevives, entonces ni el socialismo ni el mercado importan. Solo queda el miedo.
Hoy, más que nunca, gobernar es recuperar soberanía. Y la prosperidad no se reparte, se defiende.
Mario López Ayala is a senior Mexican journalist, geopolitical analyst, and applied psychologist at Phoenix24. His multidisciplinary work bridges strategic intelligence, cyber-warfare, and AI governance with behavioral insight and mental health. As an international speaker and strategic profiler, he has contributed to global forums on democracy, cognition, and digital disruption. Known for decoding power and perception, López Ayala explores narrative manipulation, societal resilience, and global security in the digital age. He is an active member of the United Communicators Organization of Sinaloa (OCUS).