El asesinato del alcalde de Uruapan reaviva la presión internacional sobre la violencia política en México.
Ciudad de México, noviembre de 2025
El gobierno de Estados Unidos ofreció ampliar su cooperación con México en materia de seguridad tras el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido la noche del 1 de noviembre durante una celebración del Día de Muertos. El embajador estadounidense, Christopher Landau, expresó su “profunda preocupación” por el incremento de ataques vinculados al crimen organizado y subrayó que Washington “mantendrá su disposición total para apoyar los esfuerzos de México en la erradicación de las estructuras criminales que amenazan a ambas naciones”.
El ataque se registró mientras el edil participaba en un evento cultural en la plaza principal de Uruapan, Michoacán. De acuerdo con informes preliminares de la Fiscalía General del Estado, varios hombres armados abrieron fuego contra el alcalde y su equipo de seguridad frente a decenas de asistentes. Las autoridades locales confirmaron la detención de tres personas y reportaron un agresor abatido en el lugar.
El hecho provocó conmoción nacional e inmediata respuesta del Gobierno Federal. La presidenta Claudia Sheinbaum convocó de emergencia al Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional, instruyendo a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a coordinarse con la Guardia Nacional y la Fiscalía para esclarecer los hechos. En su mensaje posterior, Sheinbaum calificó el asesinato como “un acto cobarde que atenta contra la democracia municipal y la estabilidad del país”.
La embajada de Estados Unidos difundió un comunicado en el que reiteró su compromiso de colaboración en inteligencia, análisis financiero y fortalecimiento de capacidades locales de investigación. “Nuestros países enfrentan amenazas compartidas, y este crimen refuerza la necesidad de cooperación permanente y transparente”, declaró Landau, quien enfatizó que la lucha contra los cárteles “requiere corresponsabilidad y confianza mutua”.
Carlos Manzo había denunciado públicamente amenazas de grupos criminales en semanas recientes. En diversos foros solicitó refuerzos federales para Uruapan, señalando que la policía municipal carecía de armamento y recursos suficientes para enfrentar a las células del Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las organizaciones con mayor presencia en el estado. Según fuentes de inteligencia consultadas por medios nacionales, el edil había sido clave en operativos locales que afectaron rutas logísticas del narcotráfico.
El crimen reavivó el debate sobre la seguridad de las autoridades locales y la debilidad institucional en municipios dominados por economías ilícitas. Expertos en seguridad pública coincidieron en que la fragmentación del crimen organizado en Michoacán ha generado un entorno de alta letalidad política: desde 2021, más de 40 funcionarios municipales, exalcaldes o candidatos han sido atacados en circunstancias similares.
La Secretaría de Gobernación anunció la revisión del protocolo de protección a autoridades locales en zonas de riesgo y la creación de un mecanismo de coordinación interestatal para reforzar la seguridad en eventos públicos. En paralelo, la Fiscalía General de la República asumió parte de las investigaciones debido a la posible participación de grupos con alcance transnacional.
Desde Washington, el Departamento de Estado calificó el hecho como un “ataque intolerable contra la gobernabilidad local” y confirmó que funcionarios de seguridad estadounidenses mantienen contacto con sus contrapartes mexicanas para explorar medidas conjuntas de prevención y rastreo financiero. Analistas interpretan la declaración como un gesto diplomático de presión para acelerar los mecanismos de cooperación que quedaron rezagados tras la transición política en México.
Mientras tanto, en Uruapan, cientos de personas acudieron a la plaza donde ocurrió el ataque para rendir homenaje a Carlos Manzo. Entre veladoras y mensajes de indignación, ciudadanos y familiares exigieron justicia y pidieron “que su muerte no sea una estadística más”.
El asesinato del alcalde vuelve a evidenciar la vulnerabilidad del poder local frente al crimen organizado y coloca nuevamente la relación bilateral en el centro del debate sobre seguridad regional. La cooperación prometida por Estados Unidos llega en un momento en que ambos gobiernos intentan redefinir su estrategia común ante un problema que, cada año, cobra más víctimas y fractura más territorios.
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