Cuando cae el vértice, mandan los operadores.
Guadalajara, febrero de 2026.
La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, abrió un vacío inmediato en el CJNG, pero la violencia que siguió mostró algo más incómodo: la organización no dependía solo de un líder visible, sino de una infraestructura de operadores capaces de activar el caos como si fuera un interruptor. En ese marco aparece “El Tuli”, identificado por autoridades mexicanas como un operador logístico y financiero de máxima cercanía al mando, y señalado como pieza clave en la coordinación de bloqueos, incendios y ataques posteriores al operativo. La lectura institucional fue directa: si el CJNG paralizó regiones en horas, no fue por improvisación, fue por capacidad instalada.
Durante la conferencia matutina, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, informó la muerte de Hugo H., alias “El Tuli”. En esa versión oficial, no se trataba de un jefe territorial tradicional, sino de un administrador del movimiento: rutas, recursos, logística de respuesta y control de células. Lo que vuelve relevante a un perfil así no es el carisma, es la función, porque la logística es el nervio que conecta órdenes con hechos. Sin ese nervio, una estructura puede tener armas y hombres, pero pierde sincronía, que es lo que convierte a la violencia en mensaje.
El señalamiento más grave atribuido a “El Tuli” fue la coordinación de acciones que convirtieron el operativo en un episodio nacional de disrupción. Las autoridades lo ubicaron como responsable de ordenar narcobloqueos y ataques, y de incentivar el asesinato de personal militar mediante recompensas. Medios mexicanos reportaron que se ofrecían montos en efectivo por cada elemento asesinado, una práctica que funciona como estímulo y como disciplina interna, porque vincula el ascenso con el daño infligido al Estado. Cuando el incentivo se monetiza así, la violencia deja de ser reacción emocional y se vuelve tarea remunerada.
El contexto operacional importa. De acuerdo con reportes periodísticos y declaraciones oficiales, tras la caída de El Mencho se registraron decenas o cientos de bloqueos, vehículos incendiados y agresiones en múltiples estados, además de un saldo elevado de muertes entre fuerzas federales y presuntos integrantes criminales. Independientemente de la cifra exacta que se consolide con el paso de los días, el patrón fue claro: el CJNG intentó demostrar que podía castigar el control territorial del Estado con parálisis de movilidad. Esa táctica requiere coordinación, disponibilidad de vehículos, control de puntos clave y la capacidad de movilizar células sin colapsar por confusión. Ese es el tipo de operación donde un operador logístico vale tanto como un jefe armado.
En el relato oficial, “El Tuli” también cayó durante el mismo ciclo de operativos, abatido por fuerzas especiales cuando intentaban detenerlo. Esta sincronía sugiere una intención estratégica: cortar no solo el liderazgo visible, sino el andamiaje que hace posible la respuesta en cadena. Es una diferencia crucial, porque en organizaciones de este tamaño el problema no es solo quién manda, sino quién hace que las órdenes se ejecuten con puntualidad. Cuando cae un operador financiero y logístico, el golpe no se mide solo en bajas; se mide en fricciones, retrasos, errores, fugas de dinero y pérdida de control sobre mandos medios.
La dimensión financiera es igual de relevante que la táctica. Las redes criminales contemporáneas sobreviven porque convierten violencia en renta y renta en continuidad, con mecanismos de pago, compra de lealtades, abastecimiento y blindaje local. Un operador financiero no es solo un “contador”: suele ser quien decide qué célula recibe recursos, qué plaza se prioriza, qué rutas se sostienen y qué costos se absorben para evitar rupturas. Cuando esa figura desaparece, se abre una disputa silenciosa por el acceso al dinero, y esa disputa tiende a aumentar el riesgo de fragmentación, porque el financiamiento es el pegamento que evita que los nodos se vuelvan facciones.
El impacto político del caso se amplifica porque la cooperación de inteligencia con Estados Unidos fue reconocida en distintos reportes, aunque México insistió en que la ejecución fue nacional. En términos de percepción pública, esa cooperación puede ser presentada como eficiencia operativa o como intromisión, según el actor que la narre. Y en términos criminales, también genera incentivos: cuanto más sofisticada la persecución, más valor adquieren los operadores que saben moverse sin dejar huellas rastreables. Por eso, la eliminación de un nodo logístico-financiero no solo castiga al CJNG; también presiona a los sucesores a operar con mayor clandestinidad y, a veces, con mayor brutalidad para sostener control interno.
La pregunta de fondo no es si “El Tuli” era importante, sino qué tipo de organización queda sin él. Si el CJNG logra reconfigurar rápidamente un reemplazo con capacidad de sincronía y financiamiento, puede mantener continuidad aun con liderazgo en transición. Si, por el contrario, el vacío logístico y financiero se combina con una sucesión disputada, el escenario más probable es una violencia más errática, menos centralizada y más dañina para civiles, porque cada célula buscará demostrar utilidad y fuerza para negociar su lugar. En esas fases, la extorsión y el control local suelen crecer, porque son ingresos inmediatos y porque sirven como demostración de dominio.
“El Tuli” representa un tipo de poder que rara vez se ve, pero que define el resultado. No es el hombre del discurso, es el operador de la cadena de suministro del miedo. Y cuando el Estado decide ir por ese perfil, está admitiendo una verdad estratégica: la gobernanza criminal no se sostiene solo con fusiles, se sostiene con logística, dinero, incentivos y coordinación. Si la operación fue un golpe al vértice, la caída del operador fue un golpe al sistema, y el sistema es lo que determina si la violencia es un estallido o una costumbre.
Cada silencio habla. / Every silence speaks.