Parte IV | La arquitectura invisible de la libertad
“La fortaleza de una democracia no se pone a prueba cuando gobiernan quienes piensan como nosotros. Se pone a prueba cuando las instituciones continúan protegiendo nuestras libertades incluso si mañana gobiernan quienes no lo hacen.”
Toda democracia enfrenta, tarde o temprano, una pregunta que termina definiendo mucho más que una reforma legislativa. No se trata únicamente de cómo distribuir el poder, sino de cómo limitarlo. Esa diferencia explica buena parte de la historia constitucional moderna. Mientras los gobiernos buscan resolver los problemas del presente, las instituciones democráticas tienen la responsabilidad de proteger el futuro. Su función consiste precisamente en impedir que las libertades dependan de la voluntad de quienes circunstancialmente ocupan el poder.
Ésa es la razón por la cual el debate sobre la Ley de las Audiencias en México trasciende ampliamente el ámbito de las telecomunicaciones. Sería un error reducirlo a una discusión técnica entre especialistas o a un desacuerdo político entre gobierno y oposición. Lo que realmente está en juego pertenece a una dimensión mucho más profunda: la manera en que una democracia decide proteger simultáneamente dos bienes públicos esenciales. Por un lado, el derecho de las audiencias a recibir información confiable y claramente diferenciada entre hechos y opiniones. Por otro, el derecho de toda la sociedad a conservar un espacio público donde periodistas, científicos, jueces, universidades y ciudadanos puedan cuestionar al poder sin que ese ejercicio dependa de la aprobación de la autoridad.
La historia constitucional ofrece una lección constante. Las instituciones no fueron creadas para administrar la confianza; fueron diseñadas para administrar la desconfianza. James Madison, uno de los arquitectos de la Constitución de los Estados Unidos, escribió en The Federalist Papers que, si los hombres fueran ángeles, no serían necesarios los gobiernos; y si quienes gobiernan fueran ángeles, tampoco serían necesarios los controles sobre el poder. Dos siglos después, esa reflexión conserva plena vigencia. Las democracias constitucionales no descansan sobre la expectativa de que siempre gobernarán personas prudentes. Descansan sobre la convicción de que ninguna autoridad debe ejercer facultades sin límites ni contrapesos efectivos.
Desde esa perspectiva, el diseño institucional importa tanto como el contenido de las leyes.
Cuando México creó en 2013 el Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano constitucional autónomo, no pretendía únicamente reorganizar el sector de las telecomunicaciones. Adoptó una decisión de diseño democrático. La autonomía constitucional del IFT buscaba garantizar que las decisiones relacionadas con la libertad de expresión, la competencia y el acceso a la información se encontraran protegidas por una institución situada deliberadamente a distancia del poder político. La autonomía no constituía un privilegio burocrático; representaba una garantía para los ciudadanos.
El modelo vigente responde a una arquitectura distinta. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones conserva independencia técnica, operativa y de gestión; sin embargo, ya no posee el carácter de órgano constitucional autónomo. Su integración involucra directamente al Poder Ejecutivo y al Senado, mientras que la Presidencia de la República designa a quien encabeza la Comisión. Ese cambio, por sí mismo, no demuestra la existencia de censura ni permite concluir que las futuras decisiones carecerán de imparcialidad. Pero sí modifica una variable que las democracias constitucionales consideran especialmente sensible: la distancia institucional entre el regulador y el poder político. Precisamente por ello, el debate merece un análisis que trascienda la coyuntura y se concentre en la calidad de los contrapesos que acompañan al nuevo diseño.
La experiencia internacional confirma que ésta no es una preocupación exclusivamente mexicana. Vale la pena preguntarse qué habría ocurrido si, en 1971, la Suprema Corte de los Estados Unidos hubiera impedido la publicación de los Pentagon Papers. Probablemente el debate sobre la guerra de Vietnam habría permanecido incompleto durante años y el precedente habría fortalecido la posibilidad de restringir futuras investigaciones periodísticas invocando razones de seguridad nacional. Aquella decisión judicial no protegió únicamente a dos periódicos. Protegió el derecho de toda una sociedad a conocer información necesaria para evaluar las decisiones de su propio gobierno.
Una enseñanza diferente proviene de Sudáfrica. Tras el fin del apartheid, la nueva democracia comprendió que reconstruir un país dividido exigía mucho más que celebrar elecciones libres. Era indispensable garantizar que ninguna autoridad pudiera volver a monopolizar el espacio público mediante el control de la información. La libertad de expresión dejó de entenderse como un privilegio de periodistas o medios de comunicación. Se convirtió en uno de los pilares de la reconciliación democrática y en una condición para reconstruir la confianza entre ciudadanos e instituciones.
Australia ofrece un tercer espejo, propio del siglo XXI. Cuando el conflicto entre el gobierno australiano y las grandes plataformas digitales mostró que una sola empresa podía restringir temporalmente la circulación de noticias para millones de personas, quedó en evidencia que el poder sobre la información ya no pertenece exclusivamente al Estado. Hoy también reside en actores tecnológicos capaces de decidir qué contenidos adquieren visibilidad y cuáles permanecen prácticamente invisibles. La pregunta democrática dejó de ser únicamente quién regula la información. Ahora también debemos preguntarnos quién controla los mecanismos mediante los cuales la información llega a la sociedad.
Estos ejemplos comparten una misma enseñanza. Las democracias rara vez fracasan por exceso de libertad. Con mucha mayor frecuencia comienzan a deteriorarse cuando las instituciones dejan de ofrecer garantías suficientes para protegerla.
Por esa razón, el debate sobre los derechos de las audiencias no debería reducirse a una confrontación política. Tampoco debería resolverse exclusivamente a partir de la confianza que inspire un gobierno determinado. Las leyes sobreviven a quienes las promueven. Las facultades creadas hoy serán ejercidas mañana por administraciones con prioridades distintas. La pregunta responsable nunca consiste únicamente en quién ejercerá el poder hoy. Consiste en preguntarse qué límites encontrará quien lo ejerza mañana.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido reiteradamente que la libertad de expresión posee una dimensión individual y otra colectiva. No protege solamente el derecho de quien habla. Protege también el derecho de toda la sociedad a recibir información, confrontar ideas y participar en un debate público plural. Esa dimensión colectiva explica por qué la libertad de expresión constituye mucho más que un derecho individual: representa una condición estructural para el funcionamiento de cualquier democracia constitucional.
Mientras esta discusión continúa desarrollándose en México, otra transformación avanza silenciosamente. Los algoritmos y la inteligencia artificial comienzan a convertirse en nuevos intermediarios del conocimiento. Ya no sólo organizan la información disponible. Seleccionan, priorizan y recomiendan aquello que millones de personas verán primero. El desafío del siglo XXI consiste, por tanto, en impedir que cualquier concentración de poder —política, tecnológica, económica o mediática— adquiera la capacidad de definir, sin suficientes contrapesos, los límites del conocimiento público.
Quizá por ello la discusión que hoy ocupa al país terminará siendo recordada por una razón distinta a la que imaginamos. No porque haya enfrentado a un gobierno con sus críticos, sino porque obligó a preguntarnos qué clase de instituciones necesita México para preservar la libertad cuando los gobiernos cambien, las tecnologías evolucionen y las mayorías políticas sean otras. Ésa es la verdadera responsabilidad de una democracia madura: construir instituciones que protejan derechos, no únicamente mientras gobiernan quienes inspiran confianza, sino también cuando el poder cambie de manos.
Porque las democracias no comienzan a perderse cuando una voz es silenciada. Comienzan a perderse cuando una sociedad deja de notar que cada vez escucha menos voces.
Mario López Ayala, PhD
Investigador y director de Phoenix24