Phoenix 24
Una estrategia de poder paralela que busca preservar su influencia pese a la inhabilitación electoral y la fractura del MAS.
La Paz, 6 de agosto de 2025 — A menos de dos semanas de los comicios generales bolivianos del 17 de agosto, Evo Morales, excluido legalmente de la contienda presidencial, ha puesto en marcha un plan político dual: combina presión social y acción legal estratégica para redefinir el tablero político aunque no esté en boleta. El expresidente descansa en el Chapare, su bastión cocalero, donde sostiene una alianza con sindicatos agrícolas y sectores campesinos que exigen su inclusión como candidato o, de lo contrario, amenazan con boicotear el proceso electoral.
La estrategia se alimenta de amenazas veladas: líderes afines han advertido que “el pueblo se va a levantar” si Morales no es habilitado, incluso han insinuado posibles bloqueos o violencia el día de la votación. También ha llamado públicamente a votar nulo como alternativa “democrática y legítima” ante un sistema que, según él, favorece al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) sin él. Estas tácticas activas buscan erosionar la legitimidad del proceso incluso sin presencia física del exmandatario.
En paralelo, Morales ha impulsado acciones legales contra el Tribunal Constitucional que lo inhabilitó mediante la Sentencia 1010/2023 por limitar la reelección indefinida. Aunque el fallo se basa en el artículo 168 de la Constitución —que solo permite un segundo mandato— Morales sostiene que su activismo político y respaldo popular dan derecho a contender, gestando así un conflicto entre legalidad formal y legitimidad social.
El desgarro interno del MAS se amplifica. El presidente Luis Arce renunció a su candidatura para favorecer la unidad del oficialismo, pero su propuesta no logró frenar la tensión con Morales. Los seguidores del expresidente promueven movilizaciones masivas, especialmente desde Cochabamba, mientras el aparato estatal apunta a frenar disturbios y garantizar la regulación del proceso electoral. La fractura también se deja sentir en el Senado y sindicatos aliados.
En el entorno opositor, figuras como Samuel Doria Medina, candidato de la alianza Unidad, señalan que el dominio de Morales en áreas rurales ha permitido al MAS controlar importantes territorios sociales, aunque ahora su exclusión y las amenazas de su entorno pudieran acelerar una migración de voto hacia opciones centristas. La oposición acusa al MAS de manipular incluso la difusión de audios y rumores con fines intimidatorios, en lo que denominan una “guerra sucia” electoral.
En este contexto, la eventual opción de voto nulo se convierte en un instrumento político más que simbólico. Para Morales representa una manera de disputar la legitimidad del vencedor sin participar; para Arce y el MAS, representa un riesgo de desgaste democrático si el nulo supera el umbral de participación mínima legal. Tanto es así que sectores del oficialismo hablan de reubicación de cargos regionales y movilización electoral interna para reducir el efecto adverso de ese voto.
El escenario posterior al 17 de agosto podría crecer en tensión dependiendo del porcentaje de voto nulo. Una alta cifra serviría a Morales para argumentar que el MAS no gobernará con respaldo efectivo de la mayoría ciudadana. Por el contrario, la lectura oficial prevé una victoria legítima y una transición ordenada, aunque en medio de la incertidumbre institucional.
Este esquema dual pone de manifiesto un desafío geopolítico: sin Evo en la papeleta, la lucha no será por votos sino por símbolos. Y en Bolivia, el regazo cocalero puede convertirse en una fuerza desestabilizadora, incluso en tiempos electorales.
Porque en un país donde el poder político se construye tan dentro como fuera del Congreso, Evo Morales demuestra que su influencia puede sobrevivir aún fuera de la boleta.
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