El expediente Sinaloa ha dejado de ser únicamente judicial. Ahora forma parte de una disputa por información, soberanía y poder.
Sinaloa, México | Agosto de 2026
El avión aterrizó en Nuevo México el 25 de julio de 2024. En su interior viajaban Ismael “el Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “el Chapo” Guzmán. Durante las horas siguientes hubo más preguntas que respuestas. No estaba claro si el viejo jefe criminal se había entregado, si había sido engañado o si Washington conocía anticipadamente la operación. Lo único evidente era que el equilibrio interno del Cártel de Sinaloa acababa de romperse.
Dos años después, uno de los funcionarios que conoció las consecuencias judiciales de aquel reacomodo ocupa la cima de la inteligencia estadounidense. Jay Clayton, antiguo presidente de la Comisión de Bolsa y Valores y posteriormente fiscal federal en Manhattan, dirige desde agosto de 2026 la coordinación de los 18 componentes de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos. Su trayectoria no es la de un espía. Proviene del derecho corporativo, los mercados y la regulación financiera. Presidió la Comisión de Bolsa y Valores durante el primer gobierno de Donald Trump y fue el mismo presidente quien lo devolvió al centro del poder al nominarlo como director de Inteligencia Nacional.
El narcotráfico contemporáneo ya no puede comprenderse siguiendo únicamente cargamentos y hombres armados. Existen empresas fachada, criptomonedas, aseguradoras, rutas marítimas, cadenas de suministro y precursores comercializados desde Asia. También existen policías que conocen los operativos antes de que comiencen y funcionarios capaces de volver inoperante una institución. El dinero ofrece otra cartografía del poder. Clayton conoce esa cartografía.
Cuando todavía dirigía la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York, anunció el 29 de abril de 2026 una acusación contra Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Los fiscales sostienen que habrían protegido operaciones del cártel, facilitado información y recibido sobornos a cambio de permitir el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia Estados Unidos. Rocha rechazó los cargos y denunció una ofensiva contra su gobierno, Morena —el partido gobernante en México— y la soberanía nacional. Las acusaciones no constituyen una sentencia. Su efecto político, sin embargo, comenzó antes de cualquier juicio.
Rocha se separó temporalmente del gobierno de Sinaloa el 2 de mayo. Yeraldine Bonilla Valverde asumió interinamente el cargo y la presidenta Claudia Sheinbaum exigió pruebas suficientes antes de considerar una detención o extradición. La posición mexicana es comprensible: ningún Estado acepta fácilmente que otro decida el destino de sus autoridades. Pero el problema permanece. Si la acusación estadounidense es infundada, México necesita demostrarlo; si contiene elementos verificables, también necesita investigarlos.
La parte más delicada del expediente no se refiere solamente al tráfico de drogas. Se refiere a la formación del poder político. Estados Unidos sostiene que Los Chapitos habrían contribuido al triunfo electoral de Rocha en 2021 mediante intimidaciones y secuestros de adversarios, esperando recibir protección una vez instalado el nuevo gobierno. Todavía falta probarlo. Pero existe una diferencia entre comprar la voluntad de un funcionario y participar en la construcción de un gobierno. En algún punto, la corrupción deja de ser una suma de sobornos y comienza a parecerse a una forma paralela de soberanía.
Los Chapitos son centrales porque representan algo distinto del orden criminal asociado durante décadas con el Mayo. Zambada cultivó la discreción, la intermediación territorial y relaciones que sobrevivieron a diferentes gobiernos. Los hijos del Chapo crecieron dentro de otra economía: drogas sintéticas, laboratorios dispersos, redes juveniles, criptomonedas y violencia exhibida como mensaje. El fentanilo los colocó directamente en el centro de la política estadounidense. Para Washington, dejaron de ser herederos de un capo mexicano y comenzaron a ser interpretados como una amenaza interna.
La carta del Mayo añadió una contradicción que aún no desaparece. Zambada afirmó que el día de su captura esperaba reunirse con Rocha Moya y con Héctor Melesio Cuén Ojeda para mediar en una disputa política. Según su relato, Cuén fue asesinado en el sitio donde él mismo fue sometido antes de ser llevado a Estados Unidos. Rocha aseguró que se encontraba fuera del país. La explicación inicial de las autoridades sinaloenses, que atribuyó la muerte de Cuén a un intento de robo en una gasolinera, fue después cuestionada por investigaciones federales.
Nada de esto demuestra por sí mismo que Rocha estuviera presente. Tampoco existe confirmación pública de que el Mayo haya proporcionado las pruebas utilizadas en Nueva York. Queda, no obstante, una pregunta incómoda: ¿por qué un jefe criminal era convocado —o creía ser convocado— para intervenir en un conflicto político? La respuesta podría revelar más sobre la estructura real del poder en Sinaloa que cualquier descripción formal de sus instituciones.
La acusación estadounidense vincula principalmente a los funcionarios con Los Chapitos, enemigos de la facción del Mayo. Tal vez no exista contradicción. El poder local pudo haber convivido con diferentes grupos, negociando, resistiendo o cediendo según el territorio y el momento. Las organizaciones criminales tampoco funcionan como bloques permanentes. Sus alianzas cambian; sus contactos políticos pueden sobrevivir a esas rupturas.
Joaquín Guzmán López habría utilizado a Zambada como moneda de negociación frente a Estados Unidos. Retirar al Mayo del tablero no destruyó a La Mayiza: abrió una guerra. Washington recibió al viejo capo como prisionero y posteriormente lo condenó a cadena perpetua, además de ordenar el decomiso de 15 mil millones de dólares. Sinaloa recibió homicidios, desapariciones, desplazamientos y una disputa cuyo final todavía no se distingue. La captura de un dirigente no equivale necesariamente a recuperar el territorio que controlaba.
El ascenso de Clayton tampoco convierte automáticamente la causa en una operación de inteligencia. Su cargo no le permite dirigir el proceso penal ni ordenar detenciones en México. Lo relevante es el cambio de perspectiva. Un expediente que antes podía clasificarse como narcotráfico y corrupción ahora puede observarse desde la seguridad hemisférica: infiltración de gobiernos, financiamiento político, cadenas globales y vulnerabilidad institucional.
Estados Unidos designó al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera en febrero de 2025. Desde entonces, cualquier apoyo consciente puede adquirir consecuencias que van más allá de las leyes antidrogas. Cancelaciones de visas, activos congelados, sanciones financieras y procesos por apoyo material son escenarios más plausibles que declarar terrorista a un partido mexicano completo. Morena no tiene esa clasificación. Las responsabilidades individuales no pueden extenderse automáticamente a millones de militantes y electores.
La frontera cambiaría si se demostrara que estructuras partidistas participaron de forma sistemática en la selección de candidatos, el financiamiento electoral o la protección territorial de un cártel. No existe todavía evidencia pública suficiente para afirmar eso. La oposición mexicana, sin embargo, ya lleva esa narrativa a Washington, mientras Morena intenta contener el daño antes de las elecciones de 2027. Los tribunales avanzan a su propio ritmo. La política casi nunca espera.
Aquí se libra también una disputa desigual por la información. México conserva jurisdicción sobre su territorio y puede exigir pruebas antes de extraditar a uno de sus ciudadanos. Washington controla visas, sanciones, inteligencia tecnológica y buena parte de los accesos al sistema financiero internacional. Puede elevar el costo de una acusación sin haber obtenido todavía una condena. El expediente puede contener evidencia legítima y ser utilizado al mismo tiempo como instrumento de presión; ambas cosas caben dentro de la misma estrategia.
La cadena del fentanilo tampoco termina en Sinaloa. Conecta precursores producidos o comercializados desde China y otros puntos de Asia, laboratorios mexicanos, rutas fronterizas, consumidores estadounidenses y capitales que circulan por instituciones financieras internacionales. Las armas cruzan hacia el sur y las drogas hacia el norte, aunque el dinero encuentra recorridos menos visibles. México suele recordar la demanda estadounidense cuando Washington menciona la corrupción. No es una respuesta suficiente. Tampoco es una observación irrelevante.
Las consecuencias podrían alcanzar el T-MEC, el nearshoring y las decisiones de empresas que operan en regiones bajo sospecha. Cuando una organización criminal es tratada como terrorista, sus relaciones dejan de ser únicamente un problema policial: se convierten en riesgo bancario, comercial y reputacional. Quizá Washington no necesite declarar enemigo a un gobierno. Puede limitarse a volver demasiado costoso relacionarse con determinadas personas, compañías o territorios.
Mientras tanto, la población sinaloense permanece atrapada entre categorías formuladas lejos de su vida cotidiana. Para una familia desplazada, un comercio cerrado o un periodista amenazado, la discusión sobre jurisdicción tiene un significado limitado. La soberanía se invoca en Ciudad de México; las sanciones se diseñan en Washington; la violencia ocurre en las calles de Sinaloa.
El expediente todavía no demuestra que un partido haya sido capturado por el narcotráfico. Tampoco permite reducir lo ocurrido a una persecución estadounidense sin fundamento. Entre ambas certezas convenientes queda un territorio más difícil: instituciones debilitadas, elecciones bajo sospecha, facciones criminales que conocen el lenguaje de la política y un país obligado a defender su soberanía mientras demuestra que puede ejercerla.
La pregunta ya no es solamente qué sabe Washington. Es cuánto está dispuesto México a investigar antes de que alguien más vuelva a responder por él. En Sinaloa todavía no está claro quién conserva suficiente autoridad para hacerlo.
Mario López Ayala, PhD
Investigador y director de Phoenix24