Washington ya no persigue solamente a los capos: también observa el dinero que los vuelve posibles.
LOS MOCHIS, SINALOA — Julio de 2026.
Los grandes cárteles no viven únicamente de las armas. Necesitan transportistas, cuentas bancarias, proveedores, empresas, funcionarios, prestanombres y silencios administrativos. La culpabilidad aceptada por Ismael “El Mayo” Zambada confirma la dimensión criminal de una estructura que durante décadas se movió entre dos espacios difíciles de separar: la violencia visible y una economía que aparentaba normalidad.
Zambada se declaró culpable de dirigir una empresa criminal continua y de participar en una conspiración de delincuencia organizada. Por el primero de esos cargos enfrenta una pena mínima obligatoria de cadena perpetua, aunque la formalización concreta de la sentencia corresponde al tribunal. Su encierro podría parecer el final de una época. Quizá no lo sea.
Un capo desaparece dentro de una prisión; los circuitos financieros, políticos y empresariales que lo sostuvieron suelen permanecer fuera, disponibles para quien ocupe su lugar. Washington parece haber comprendido esa diferencia. La captura del dirigente ya no basta cuando el dinero conserva la capacidad de reorganizar la estructura.
La designación del Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera amplió el perímetro de riesgo hacia quienes conscientemente le proporcionen recursos, servicios o apoyo material. No toda persona o empresa que haya mantenido algún contacto con un investigado se convierte automáticamente en narcoterrorista. Sin embargo, la incertidumbre ya dejó de concentrarse exclusivamente en los jefes criminales y comenzó a extenderse hacia sociedades mercantiles, bancos, contratos, criptomonedas y cadenas logísticas.
Una compañía puede exportar alimentos, construir inmuebles o transportar mercancías mientras oculta al verdadero beneficiario de sus ganancias. Puede parecer legítima en sus facturas y conservar, detrás de varios nombres corporativos, un origen que nadie revisó demasiado. Tal vez la amenaza invisible al T-MEC se encuentre justamente en esa zona donde una actividad legal y un capital criminal comienzan a confundirse.
El mercado rara vez espera a los tribunales. Una decisión adoptada en Washington puede llevar a bancos, aseguradoras, fondos, navieras y proveedores a suspender relaciones con una empresa mexicana antes de que exista una sentencia. El poder internacional del dólar convierte la sospecha en un riesgo extraterritorial: en ocasiones desaparecen primero el crédito, el contrato y la inversión; la verdad judicial llega después.
La confesión de Zambada adquiere entonces otro sentido. No muestra solamente la existencia de un cártel, sino la infraestructura que debió acompañarlo. El crimen organizado no necesita controlar toda la economía. Le basta con encontrar algunas puertas abiertas y suficientes instituciones dispuestas a no preguntar quién está detrás.
La acusación federal presentada en Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios sinaloenses toca precisamente esa zona incierta. Los fiscales les atribuyen presuntos delitos relacionados con narcotráfico y armas, bajo la hipótesis de una colaboración con el Cártel de Sinaloa a cambio de protección política y sobornos. Son acusaciones que deberán probarse; Rocha ha rechazado los señalamientos y la presunción de inocencia permanece intacta.
Una columna no puede sustituir a los tribunales, pero tampoco debe ignorar el problema político. ¿Investigará México con autonomía a una figura relevante de Morena o permitirá nuevamente que Washington determine el ritmo? Rechazar presiones extranjeras puede constituir un acto de soberanía. Investigar sin protección partidista al poder propio quizá lo sea todavía más.
El T-MEC introduce otra escala. Estados Unidos decidió no extenderlo por un nuevo periodo completo, aunque el acuerdo permanece vigente mientras continúan las negociaciones. Esa continuidad condicionada abre un periodo de revisiones recurrentes en el que comercio, migración, fentanilo, China y seguridad económica comienzan a mezclarse en una conversación que antes parecía limitada a automóviles, aranceles y reglas de origen.
Tal vez el T-MEC ya esté dejando de ser solamente un tratado comercial. Canadá enfrenta también opioides sintéticos, lavado de dinero y empresas fachada; China permanece en el trasfondo de las cadenas de precursores, maquinaria y servicios que Washington busca contener. México queda en medio: plataforma industrial de Norteamérica, frontera estratégica y territorio donde varias rutas globales adquieren una segunda vida clandestina.
Sería cómodo atribuir toda la responsabilidad al lado mexicano. También sería falso. El poder de los cárteles se alimenta de la demanda estadounidense de drogas, de las redes que las distribuyen dentro de ese país, del lavado de ganancias y del flujo de armas hacia México. Washington exige cortar la oferta mientras todavía intenta contener aquello que mantiene rentable el negocio dentro de sus propias fronteras.
Las consecuencias no caerán de manera equilibrada. Una multinacional puede financiar auditorías, rastrear accionistas y contratar especialistas en cumplimiento financiero. Un agricultor, un pescador, un transportista o un comerciante local no dispone del mismo margen.
Para ellos, la geopolítica puede comenzar el día en que el banco solicita documentos que nunca había pedido, el seguro eleva su prima o un comprador extranjero decide que operar en Sinaloa implica demasiado riesgo. Nadie necesita acusarlos formalmente. Basta con que una región, una actividad o una cadena productiva resulten incómodas para quienes controlan el crédito y el acceso a los mercados.
El crimen organizado funciona así como un arancel clandestino. Encarece rutas, obliga a contratar seguridad, retrasa mercancías y convierte la desconfianza en un costo de producción. No necesita cerrar una fábrica para ahuyentar la inversión; a veces le basta con elevar el precio de permanecer en un territorio.
Después llegan los daños que difícilmente aparecen en los balances: pérdida de empleos, endeudamiento, migración, estrés, miedo y desgaste comunitario. Una familia que observa desaparecer un turno laboral no siempre distinguirá si la causa fue una sanción financiera, una decisión corporativa o la reputación criminal de su estado. Solo sabrá que una confrontación entre gobiernos, mercados y cárteles terminó entrando en su casa.
México no puede aceptar sin reservas la narrativa estadounidense. Tampoco parece suficiente responder con un nacionalismo que confunda soberanía con opacidad. Separar empresas legítimas de capitales criminales será inevitable, aunque esa frontera no siempre aparezca en los registros mercantiles; a veces se oculta en relaciones políticas, omisiones administrativas y circuitos diseñados para no dejar huella.
La contradicción permanece. Washington puede revelar redes que México no quiso o no pudo investigar, pero también puede terminar decidiendo quién merece continuar dentro del mercado norteamericano. Quizá la próxima crisis del T-MEC no comience en una aduana, sino en una cuenta bancaria, en el nombre oculto detrás de una empresa o en la sospecha que deje sin crédito a quien nunca participó en el negocio criminal.
Mario López Ayala, PhD
Periodista, investigador y director de Phoenix24