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La Unión Europea presentará una propuesta legislativa para regular el uso de las redes sociales y otras plataformas digitales por parte de menores de edad “después de este verano”. Así lo confirmó Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, tras analizar las conclusiones del informe final del Grupo Especial sobre Seguridad Infantil en Línea (Special Group on Child Online Safety), constituido por el Ejecutivo comunitario en septiembre del año pasado.
El documento reveló que, en toda Europa, los jóvenes pasan entre cuatro y seis horas diarias frente a una pantalla, lo que equivale a casi 20 años de su vida. Además, estima que el 60% de los menores ha experimentado problemas emocionales o psicosociales en línea, lo que los convierte en una población más vulnerable a trastornos del sueño, depresión, ansiedad, ciberacoso y exposición a contenidos perjudiciales.
El reporte, elaborado por Jörg M. Fegert, director del Departamento de Psiquiatría Infantil y Adolescente, Psicosomática y Psicoterapia del Centro Médico Universitario de Ulm, y Maria Melchior, directora del Instituto Nacional Francés de Salud e Investigación Médica, reúne una serie de recomendaciones que serán consideradas para elaborar el marco regulatorio anticipado por Von der Leyen.
Entre las principales propuestas figura establecer una restricción generalizada en todos los países de la Unión Europea que impida el acceso de los menores de 13 años a redes sociales y otros servicios digitales considerados potencialmente riesgosos, salvo cuando su utilización tenga fines educativos o se realice con autorización y supervisión de los padres o tutores. A partir de esa edad, los adolescentes podrían acceder de manera gradual, mediante distintas etapas, a servicios diseñados específicamente para su grupo de edad y con mecanismos de protección adecuados.
En este sentido, Ursula von der Leyen subrayó que “debemos fijar la edad a partir de la cual pueden [los menores de edad] acceder legalmente a las redes sociales”. No obstante, reconoció que esta medida “no será infalible” y que su implementación requerirá un cambio cultural que llevará tiempo.
El estudio también plantea que las empresas incorporen medidas de seguridad desde el diseño de sus plataformas, incluidos sistemas eficaces de verificación o estimación de edad que respeten la privacidad de los usuarios y eviten recurrir a documentos de identidad o datos biométricos para determinar la edad. Asimismo, propone eliminar funciones que incentivan el uso compulsivo, como el desplazamiento infinito, la reproducción automática, las notificaciones constantes y los algoritmos de recomendación altamente personalizados.
Otra de las recomendaciones consiste en invertir la carga de la prueba. Esto significa que, en lugar de que los reguladores o los propios usuarios deban demostrar que una plataforma puede resultar perjudicial, serían las empresas las obligadas a acreditar la seguridad de sus productos antes de permitir el acceso a menores de edad.
En esa misma línea, el informe hace hincapié en la obligación que deberían asumir las empresas tecnológicas para prevenir, detectar, denunciar y bloquear material relacionado con el abuso sexual infantil, al considerar que la mayoría de las investigaciones en esta materia comienzan gracias a reportes realizados por los propios proveedores de servicios digitales. De acuerdo con sus conclusiones, más del 80% de las investigaciones sobre abuso sexual infantil se inician a partir de reportes enviados por plataformas digitales y redes sociales.
“Las plataformas fueron las creadoras de estos sistemas, ahora deben demostrar que sus servicios no causan daño. En Europa, quien desarrolla un producto es responsable de su seguridad. Los derechos de los niños deben tomarse en serio. Y las empresas deben rendir cuentas”, sostuvo la presidenta de la Comisión Europea.
Finalmente, el reporte destaca la necesidad de promover y financiar más investigaciones científicas que permitan comprender mejor los efectos del uso de las redes sociales sobre el desarrollo infantil y adolescente, con el propósito de respaldar futuras políticas públicas con evidencia sólida.
El documento propone replicar modelos como el del estudio estadounidense ABCD (Adolescent Brain Cognitive Development), que da seguimiento al desarrollo de más de 11,000 niños desde los nueve años hasta la adultez para analizar, entre otros factores, el impacto del tiempo frente a las pantallas sobre el desarrollo cerebral. Von der Leyen afirmó que “cuanto más aprendemos y más vemos el impacto en nuestros hijos, más sólido se vuelve el argumento a favor de establecer una edad de inicio para el uso de las redes sociales”.
Aún sin consenso científico, los gobiernos buscan regular las redes sociales
Hasta el momento se desconocen los detalles legislativos y técnicos que implicará la aplicación de estas recomendaciones. Tampoco existe la certeza de que todas las propuestas se incorporen al marco regulatorio que la Comisión Europea espera presentar en los próximos meses.
Sin embargo, Ursula von der Leyen subrayó que la Comisión Europea seguirá defendiendo y aplicando con rigor sus normas digitales, además de “modificar el sistema cuando este perjudique a nuestros niños”.
“Mantener el statu quo, un mundo donde seguimos permitiendo que las grandes tecnológicas tengan acceso ilimitado a nuestros hijos, solo condenará a otra generación a sufrir más daños psicológicos, adicción y sufrimiento. Los datos revelan la realidad”, concluyó la presidenta de la Comisión Europea.
Las recomendaciones del Grupo Especial sobre Seguridad Infantil en Línea y las declaraciones de Von der Leyen se producen en un contexto en el que decenas de países buscan regular el acceso de los menores a distintos espacios digitales, ante el creciente número de denuncias contra empresas tecnológicas acusadas de diseñar productos adictivos y potencialmente nocivos para la juventud. Aunque todavía no existe un consenso científico definitivo sobre el alcance de estos efectos, la presión social ha llevado a numerosos gobiernos a acelerar el desarrollo de propuestas legislativas orientadas a reforzar la seguridad de niños y adolescentes en internet.
Si la Comisión Europea aprobara una nueva ley que incorporara la mayor parte de las recomendaciones emitidas por su panel especializado, representaría el mayor esfuerzo regulatorio en esta materia hasta ahora, no solo por el alcance de su posible aplicación, sino también por las obligaciones que impondría a las plataformas digitales y los rangos de edad que establecería para acceder a estos servicios. (W).