El relato oficial insiste en que la isla sigue siendo un espacio seguro y controlado, pero la evidencia de la calle y los datos independientes muestran un panorama muy distinto.
La Habana, agosto de 2025
El primer semestre de 2025 dejó en Cuba un escenario inédito: una escalada de delitos comunes que convive con un endurecimiento sistemático de la represión política. Según el Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, se registraron más de mil trescientos incidentes delictivos en apenas seis meses, un incremento superior al trescientos por ciento en comparación con 2023. La cifra, que equivale a un promedio de más de siete delitos diarios, rompe con la narrativa estatal que durante décadas presentó a la isla como uno de los lugares más seguros de América Latina.
Los delitos más frecuentes fueron robos, asaltos y homicidios. Solo en los meses de marzo y abril se contabilizaron más de quinientos hechos violentos, con un saldo de sesenta y tres asesinatos, dieciséis de ellos cometidos con armas de fuego. Se agregan casi doscientos incidentes relacionados con drogas, una tipología que hasta hace poco era marginal en el país. La ausencia de estadísticas oficiales transparentes sugiere que estos números son apenas una fracción de una realidad más amplia. Organizaciones independientes sostienen que muchos casos no trascienden debido al temor a denunciar o a la censura informativa.
El contraste más duro aparece en el destino de los recursos estatales. Mientras la criminalidad se multiplica, las fuerzas de seguridad priorizan la represión de la disidencia. El Ministerio del Interior concentra efectivos, tecnología y presupuesto en sofocar protestas, perseguir a periodistas independientes y vigilar a activistas de derechos humanos. La represión política se ejerce con la misma intensidad que el crimen crece en las calles, generando un doble cerco sobre la ciudadanía: desprotección frente a la violencia y persecución frente a la crítica. La maquinaria de control, vinculada estrechamente al conglomerado militar y económico GAESA, funciona como garante del poder de la élite más que como protección de la población.
Los testimonios recogidos por exiliados y defensores de derechos humanos muestran que en barrios periféricos de La Habana y Santiago de Cuba los vecinos organizan guardias comunitarias ante la ausencia de patrullaje policial. Al mismo tiempo, los mismos ciudadanos deben cuidarse de no ser acusados de “desorden” si expresan malestar en espacios públicos o redes sociales. La paradoja es evidente: quien exige seguridad puede terminar detenido por atentar contra el orden político.
A nivel internacional, la situación no pasa inadvertida. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que desde las protestas masivas de julio de 2021 se intensificaron los arrestos arbitrarios y la criminalización de cualquier forma de protesta. Organizaciones europeas señalan que el exilio forzado se volvió una válvula de escape constante, con miles de cubanos partiendo hacia España y Estados Unidos ante la imposibilidad de una vida segura en la isla. En Francia, la prensa ha documentado cómo la represión sofoca no solo a la oposición política organizada, sino también a artistas y colectivos culturales, debilitando los últimos espacios de expresión autónoma.
La simultaneidad de crimen creciente y represión política plantea un dilema estratégico para el régimen. La legitimidad histórica basada en la seguridad ciudadana se erosiona rápidamente. Al mismo tiempo, mantener el aparato represivo requiere desviar recursos humanos y financieros que podrían destinarse a fortalecer la policía comunitaria o a programas sociales. Este desequilibrio genera una espiral de desgaste: a mayor represión, menos confianza pública; a más criminalidad, más descontento.
Los escenarios prospectivos son diversos. El primero es la continuidad del statu quo: el régimen mantiene la represión como prioridad y la criminalidad se normaliza como un costo inevitable, con un deterioro progresivo de la calidad de vida. El segundo escenario es una reforma parcial impulsada por el propio desgaste: posibles aperturas económicas limitadas o ajustes en las sanciones menores, sin alterar el núcleo autoritario. El tercero, de mayor incertidumbre, es una disrupción política producto de nuevas protestas masivas si la inseguridad y la falta de legitimidad se combinan en un punto de no retorno.
Para la ciudadanía cubana, atrapada entre el miedo al crimen y el miedo al Estado, las opciones son escasas. Algunos optan por la autodefensa barrial, otros por el silencio, y muchos por el éxodo. Lo que se vive hoy en la isla no es únicamente una crisis de seguridad ni solo una crisis política: es la superposición de ambas, con un pueblo que enfrenta cada día la amenaza de ser víctima de un delito o de una detención arbitraria. La doble asfixia convierte la cotidianidad en un acto de supervivencia.
Más allá de la noticia, el patrón.
Beyond the news, the pattern.